- El Adelantado -
La esperada aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería, que llegó con más de año y medio de retraso, fue la medida más destacada en la materia en un curso en el que, si bien la inmigración se mantuvo en progresivo descenso, la población foránea con permiso de residencia en España superó por primera vez los cinco millones de personas.
La barrera se cruzó en el primer trimestre de 2011, y el último dato facilitado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, actualizado a 31 de septiembre, se fijó en 5,2 millones de personas el número de extranjeros que viven en España con un permiso de residencia, tras un incremento interanual del 9,2 por ciento, en general y del 11,7 por ciento entre los procedentes de países no miembros de la UE.
Con todo, según la estimación de la evolución demográfica actual del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde el pasado enero están saliendo del país más personas de las que entran. Así, hasta septiembre, la comparación entre ambos recuentos (saldo migratorio neto) revela 55.625 bajas, cuando 2009 y 2010 se habían cerrado con datos positivos.
En materia de inmigración irregular, el balance es desigual, pues si bien la cifra de llegadas en pateras y cayucos sigue muy por debajo de la registrada en años anteriores, durante 2011 las costas andaluzas presenciaron un incremento del 55 por ciento respecto a 2010, con 3.100 personas. Además, en otoño comenzaron a llevarse a cabo intentos de entrar a nado en Ceuta y Melilla, con más de un centenar de personas interceptadas.
En las Islas Canarias, las llegadas aumentaron un 60 por ciento hasta alcanzar, al menos, las 294 personas a bordo de 19 barcas clandestinas. No obstante, Tenerife no recibe embarcaciones desde septiembre de 2009, cuando, además, el número de inmigrantes llegados al archipiélago fue superior a 2.400.
El año 2011 fue, además, el de la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería, que llegó con retraso para poner en blanco sobre negro, entre otras medidas, que las inmigrantes víctimas de violencia de género con sentencia favorable no podrían ser expulsadas del país y que quienes denunciaran estos delitos estando sin papeles no tendrían que afrontar una orden de expulsión.
Además, creó la figura del arraigo familiar, por la que los padres extranjeros de niños españoles pueden regularizar su situación; restringió la reagrupación familiar de los ascendentes y dio a las comunidades autónomas la responsabilidad de realizar informes sobre el esfuerzo de integración o la adecuación de la vivienda para trámites como renovaciones de permisos.
No obstante, 2012 empezó pendiente de que se aprobaran los reglamentos de la nueva Ley de Asilo y de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que acumulan en torno a dos años de retraso. Sobre el primero, Acnur ya advirtió de que tiene una importancia «vital» para garantizar derechos humanos. Sobre el segundo, distintas ONG han venido denunciando irregularidades, deficiencias e incluso malos tratos y vejaciones dentro de los CIE, reclamando una norma que los impida.
También en materia de medidas, en 2011 se aprobó el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, al que el nuevo Gobierno deberá dar continuidad, ya que su vigencia prevista llega a 2014. En paralelo, se sancionó la Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo y se pusieron en marcha protocolos para el tratamiento de los menores extranjeros no acompañados y las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.
La esperada aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería, que llegó con más de año y medio de retraso, fue la medida más destacada en la materia en un curso en el que, si bien la inmigración se mantuvo en progresivo descenso, la población foránea con permiso de residencia en España superó por primera vez los cinco millones de personas.
La barrera se cruzó en el primer trimestre de 2011, y el último dato facilitado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, actualizado a 31 de septiembre, se fijó en 5,2 millones de personas el número de extranjeros que viven en España con un permiso de residencia, tras un incremento interanual del 9,2 por ciento, en general y del 11,7 por ciento entre los procedentes de países no miembros de la UE.
Con todo, según la estimación de la evolución demográfica actual del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde el pasado enero están saliendo del país más personas de las que entran. Así, hasta septiembre, la comparación entre ambos recuentos (saldo migratorio neto) revela 55.625 bajas, cuando 2009 y 2010 se habían cerrado con datos positivos.
En materia de inmigración irregular, el balance es desigual, pues si bien la cifra de llegadas en pateras y cayucos sigue muy por debajo de la registrada en años anteriores, durante 2011 las costas andaluzas presenciaron un incremento del 55 por ciento respecto a 2010, con 3.100 personas. Además, en otoño comenzaron a llevarse a cabo intentos de entrar a nado en Ceuta y Melilla, con más de un centenar de personas interceptadas.
En las Islas Canarias, las llegadas aumentaron un 60 por ciento hasta alcanzar, al menos, las 294 personas a bordo de 19 barcas clandestinas. No obstante, Tenerife no recibe embarcaciones desde septiembre de 2009, cuando, además, el número de inmigrantes llegados al archipiélago fue superior a 2.400.
El año 2011 fue, además, el de la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería, que llegó con retraso para poner en blanco sobre negro, entre otras medidas, que las inmigrantes víctimas de violencia de género con sentencia favorable no podrían ser expulsadas del país y que quienes denunciaran estos delitos estando sin papeles no tendrían que afrontar una orden de expulsión.
Además, creó la figura del arraigo familiar, por la que los padres extranjeros de niños españoles pueden regularizar su situación; restringió la reagrupación familiar de los ascendentes y dio a las comunidades autónomas la responsabilidad de realizar informes sobre el esfuerzo de integración o la adecuación de la vivienda para trámites como renovaciones de permisos.
No obstante, 2012 empezó pendiente de que se aprobaran los reglamentos de la nueva Ley de Asilo y de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que acumulan en torno a dos años de retraso. Sobre el primero, Acnur ya advirtió de que tiene una importancia «vital» para garantizar derechos humanos. Sobre el segundo, distintas ONG han venido denunciando irregularidades, deficiencias e incluso malos tratos y vejaciones dentro de los CIE, reclamando una norma que los impida.
También en materia de medidas, en 2011 se aprobó el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, al que el nuevo Gobierno deberá dar continuidad, ya que su vigencia prevista llega a 2014. En paralelo, se sancionó la Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo y se pusieron en marcha protocolos para el tratamiento de los menores extranjeros no acompañados y las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.
3 Comentarios
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.