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Exigen cierre de centros de reclusión para inmigrantes en España

Noticias de Prensa Latina - -

Más de un centenar de organizaciones sociales, políticas y sindicales demandaron hoy al gobierno español el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), por tratarse de lugares donde se violan los derechos humanos.

La jurista Cristina Fernández, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, consideró a los nueve centros de reclusión de indocumentados existentes en este país como auténticos agujeros negros de la democracia.

Los CIE son espacios de impunidad, donde, con opacidad, se vulneran los derechos fundamentales de las personas, denunció Fernández en rueda de prensa celebrada en la principal urbe catalana.

A juicio de la jurista, en esas instalaciones se cometen agresiones y vejaciones a menudo y se expulsa a los testigos de estos actos si se presenta una denuncia.

José Ordóñez, abogado de la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos, criticó que el gobierno no informe del número de personas recluidas en esas cárceles, creadas para garantizar la expulsión a sus países de los inmigrantes sin papeles.

De acuerdo con su definición oficial, los CIE son espacios no penitenciarios cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de los extranjeros en situación irregular, privándolos de libertad durante un periodo máximo de 60 días.

Acogen, pues, a ciudadanos que no han cometido delito alguno, pero que no tienen regularizada su situación en el Estado español.

Ordóñez indicó que, según cálculos oficiosos de organizaciones no gubernamentales, en España cada año se encierra a unos 16 mil individuos en esos penales, de los cuales apenas un 49 por ciento son finalmente expulsados de la nación ibérica.

El internamiento, por tanto, no es una medida cautelar, sino una sanción, un castigo, y eso es una locura jurídica, enfatizó.

A las reivindicaciones por el inmediato cierre de los CIE se sumaron, entre otros, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, numerosas agrupaciones de inmigrantes de varias comunidades autónomas y entidades cristianas.

También la Coordinadora de Barrios de Madrid, Papeles y Derechos para todo el Mundo, SOS Racismo, partidos políticos como Iniciativa por Cataluña Verdes e Izquierda Unida, sindicatos y movimientos juveniles.

Las entidades manifestaron que es ilegal privar de libertad a personas por el hecho de no tener su situación migratoria regularizada, que no es un delito sino una falta administrativa.

Denunciaron las condiciones infrahumanas en las que están recluidos los extranjeros en este tipo de instalaciones policiales, dependientes del Ministerio del Interior.

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