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Empadronan irregularmente a inmigrantes en Málaga

 - La Opinión de Málaga La Policía Local de Málaga ha destapado una trama a través de la cual se empadronaba de modo irregular a extranjeros para que pudiesen obtener la tarjeta de residencia. Dos hombres, el director gerente de un despacho profesional ubicado en la capital y un ciudadano de origen maliense, han sido imputados como presuntos autores de delito de falsedad documental.

En concreto, se les hacía abonar a estos inmigrantes 300 euros en concepto de alquiler de una vivienda que nunca llegaban a ocupar, indicándoles que cuando obtuviesen la tarjeta de residencia deberían entregar más dinero.


Así se ha determinado en una investigación llevada a cabo por el Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local, que fueron informados por el Ayuntamiento de Málaga de que se estaba produciendo un "anormal" número de altas en el padrón municipal de un piso por parte de extranjeros de diversas nacionalidades.

A raíz de las indagaciones, los policías localizaron dos inmuebles en los que se estaban empadronando de modo masivo a ciudadanos extranjeros de origen africano, que nunca llegaban a ocupar, y por lo que se les cobraba 300 euros en concepto de alquiler. Para ello, se les hacía firmar una serie de documentos en el que se les indicaba que tendrían que afrontar otro pago una vez que obtuviesen la tarjeta de residencia.

Concretamente, se trataba de un piso situado en la zona de Carretera de Cádiz, donde, además de uno de los imputados, habían sido empadronadas otras 10 personas procedentes de Marruecos, Mauritania, Guinea y Mali; y de otro en el distrito Este, en el que estaba empadronado el otro imputado junto a otras cinco personas de la nacionalidad marroquí.

Ante estas irregularidades, los policías procedieron a imputar a los dos presuntos responsables de la trama, remitiendo los atestados instruidos a la autoridad judicial e informando a la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Málaga de lo sucedido.

Actualmente, la investigación continúa abierta ante la posibilidad de que se puedan estar utilizando otras fincas para llevar a cabo este tipo de conductas delictivas, pudiendo existir ramificaciones en otras ciudades de Andalucía.

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