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El 'cuarto oscuro' de la inmigración europea

  • 600.000 personas pasan cada año por estas 'cárceles para sin papeles'
  • En Europa hay 280 centros de retención, nueve de ellos en España
  • Las ONG denuncian vulneración de derechos humanos y falta de transparencia
"¿Se imagina que a jóvenes españoles a los que la crisis ha obligado emigrar a Alemania o a otros países, en busca de una oportunidad laboral, los detuvieran al llegar, los encerraran durante semanas, los maltrataran y los deportaran a la fuerza?
Para miles de inmigrantes, ese es el destino el final de su viaje hacia una vida mejor en Europa. Una estancia de entre 40 y 18 meses en uno de los 280 Centros de Internamiento de Extranjeros que hay en la Unión Europea, nueve de ellos en España. Carecer de permiso de residencia o tener una orden de expulsión no ejecutada convierten a cualquier extranjero en 'carne de CIE'. Cada año, 600.000 personas, incluidos niños, pasan por esta 'cárceles para personas en situación irregular, que comenzaron a funcionar en 1980.

El informe 'Fronteras asesinas' sobre los CIE europeos de la Red de Migraciones Europea Migreurop es un descarnado relato de testimonios sobre los abusos perpetrados contra los internos, muchas veces impunes. Desde Austria a Grecia, pasando por Francia o Reino Unido, los miembros de Migreurop han visitado numerosos centros de acogida. Independientemente del nivel de desarrollo del país, en todos ellos hay denominadores comunes: vulneración de los derechos humanos y falta de transparencia.
'Había dos habitaciones para 85 personas. La gente se pegaba por la comida'
"Nos metieron en una sala muy pequeña para 22 personas, sin ventilación. Había aseos y la única manera de tener aire era abrir la ventana de esos aseos, pero olía mal. Estuvimos allí un mes y luego nos trasladaron a otro lugar. Había dos habitaciones para 85 personas y la gente se pegaba por la comida porque no había para todos. En una de estas peleas me hirieron. Nos trataron como animales", denuncia un interno en la gendarmería de Esmirna (Grecia).

En el punto de mira

En España, los CIE dependen del Ministerio del Interior y están bajo gestión policial. En 2011 13.241 ingresaron en ellos por orden judicial. A la privación de libertad, se añade la falta de atención médica permanente y de derivación sistemática a hospitales. Estas carencias han provocado numerosas denuncias por parte de organizaciones civiles, tras el fallecimiento este mismo año de un interno en el CIE de la Zona Franca de Barcelona por 'muerte subita', cuando ya no había médicos, y de una congoleña en el CIE de Aluche (Madrid) por meningitis, cuya gravedad no se detectó a tiempo.
Sin embargo, tanto los jueces designados para el CIE de la Zona Franca, que realizaron su primer control en marzo, como la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que estuvo en el CIE madrileño recientemente, han avalado el funcionamiento de estos centros. En Barcelona, los jueces valoraron la "limpieza del recinto, sus servicios de enfermería, el papel de la dirección y de la policía, y su cocina".
En Madrid, Cifuentes señaló que hay un porcentaje de internos "muy alto" con antecedentes penales y policiales y "tiene que haber ciertas medidas de seguridad". Pero añadió que el hecho de que no sean un centro penitenciario "hace que se puedan eludir medidas de seguridad", como ocurrió en Aluche.
La huida de un interno de este CIE el pasado día 10 puso de nuevo en el candelero a estos 'limbos legales', objeto de denuncias de maltrato por parte de diversos colectivos, incluida la Oficina del el Defensor del Pueblo y la Unión Progresista de Fiscales.
La propia Defensora del Pueblo, Milagros Cava de Llano, ha criticado la "sobreocupación" de estos centros, -pese a, según Interior, sólo están al 67% de su capacidad- porque "empeora las carencias y deficiencias estructurales de algunos de ellos". Además, critica la "acusada tendencia a priorizar las medidas de seguridad y control policial, en claro detrimento de las condiciones de vida de los internos".
'Se prioriza la seguridad en detrimento de las condiciones de vida del interno'
Por su parte, el Ministerio del Interior, en una respuesta parlamentaria a la diputada del BNG, Olaia Fernández, el mes pasado, aseguró que desde la entrada en vigor de la Ley de Extranjería existe la figura del Juzgado de Control de Garantías, "que vela porque se respeten los derechos de los internos" y que actualmente estos funcionan "con total transparencia".
Sin embargo, el acceso a los CIE sigue siendo muy restringido, aunque algunas ONG han logrado visitarlos. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha sido una de ellas en 2009, y su informe posterior recoge testimonios de los internos "que no dejan lugar a dudas" sobre el maltrato que reciben.
"Un chico estaba leyendo el Corán. Los de la habitación contigua le gritaron, llegaron policías y entraron en la habitación de los argelinos. Les pegaron de una manera salvaje. Por la mañana, uno de ellos tenía la pierna izquierda que era una hematoma", denuncia un marroquí del CIE de Valencia en el informe. Y añade: "El médico no quiere saber nada. Te receta un paracetamol y te larga"-.

Opacidad y secretismo

En Suecia o Reino Unido, la policía controla estos centros, pero están gestionados por empresas privadas y ONG. Permiten la asistencia social, el acceso de familiares y abogados, con restricciones, y el trato a los internos es más humano. En Francia cuentan con asistencia técnica y jurídica permanente y se elaboran informes anuales de funcionamiento. Según la vicepresidenta de la asociación Alternativas Europeas de Barcelona, Mara Gabrielli, "aún así no se garantizan sus derechos". Y pone como ejemplo a Italia, algunos de cuyos centros, con presencia de Cáritas y Cruz Roja, "sufren graves carencias y hacinamiento".
En los países nórdicos, hay menos 'sin papeles', pero más peticiones de asilo. "Europa ha intentado imponer condiciones comunes de acceso mediante la directiva de retorno de 2008, lo que ha provocado que países que tenían mejores condiciones, las hayan rebajado", explica Gabrielli.
Ante esta opacidad de los centros de internamiento, que deriva en múltiples violaciones de derechos, Alternativas Europeas y Migreurop han lanzado una campaña, Open Access que reclama el derecho de la libertad de información de los ciudadanos europeos y el acceso de medios de comunicación y sociedad civil. Su finalidad, dar a conocer la verdadera realidad de estos lugares y fortalecer las redes de lucha en toda Europa.
"Queremos que mejoren las condiciones de los internos, pero no legitimamos la existencia de estos centros. -remarca Mara Gabrielli-. Nuestro objetivo es que desaparezcan".
Fuente: elmundo.es

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