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Segunda ola de reformas ante la "bomba de relojería" autonómica

El presidente del Gobierno es consciente de la delicadísima situación que atraviesa el país. Cuando acaba de presentar las cuentas públicas, desde fuera se pide más, y más deprisa. Con la prima de riesgo disparada, superando la línea de los 400 puntos, y con el parqué madrileño en rojo con caídas superiores al 4%, recordando los peores días de la era Zapatero, Rajoy apela a su programa reformista mientras Ejecutivo y PP aún se esfuerzan en explicar la dureza de los Presupuestos. "Menuda Semana Santa", confirmaba un ministro económico. No ha habido tregua y estos días fueron de pasión en todos los sentidos.


Reformas para calmar a los mercados
La segunda fase de las medidas tendrá un impacto especialmente sensible en la opinión pública, ya que afectará a los servicios públicos o tendrá por fin la privatización de empresas en las que el Estado sigue teniendo mano. "Sobre todo en Educación y Sanidad", avanzó Luis de Guindos, ministro de Economía, al alemán Frankfurter Allgemeine, provocando la airada reacción de las formaciones de izquierda.

Junio es la fecha tope para que la comisión encargada de examinar y eliminar duplicidades y triplicidades ponga negro sobre blanco y arranque la verdadera poda, más allá de la ya emprendida, y que fue meramente superficial. "No puede haber tres personas encargadas a una función que puede desempeñar un solo trabajador", explican. De igual forma, habrá medidas para fomentar el alquiler así como liberalizar el comercio y los servicios profesionales, según De Guindos, que avanzó además una "racionalización" del gasto de las comunidades autónomas.

No menos importante será la culminación de la reestructuración financiera, pilar esencial para Bruselas que podría incluir nuevas fusiones, o la unidad de mercado, que Rajoy considera decisiva para atraer inversión extranjera. La Ley de Estabilidad, por otro lado, afronta ahora su semana clave en las Cortes Generales.

El gran problema, las comunidades autónomas
"Poquito a poquito" pero con paso firme, vino a decir la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en una reciente comparecencia. Sin embargo, el Gobierno es consciente de que el verdadero talón de Aquiles, aquél por el cual España no sale del ojo del huracán, son las comunidades autónomas. Aún más, el modelo en sí por el que se rigen las diferentes regiones del país se antoja como el mayor de los problemas, y se sitúa como germen de la falta de credibilidad, más allá de que la Ley de Estabilidad o los ajustes en los servicios sociales tengan como objetivo contener el gasto de las CCAA. El propio Rajoy ya era conocedor de ello incluso antes de las elecciones, pero rehusó abrir ese melón para evitar el desgaste político.

Entonces, antes del 20-N, tenía informes muy clarificadores sobre los "diecisiete mini-estados", como los calificó José María Aznar, que reclamó poner el cascabel al gato. Precisamente, el más preciso de ellos lo elaboró la Fundación FAES, laboratorio de ideas del PP, y que advirtió a primeros de 2011 que España "no podría competir" sin una reestructuración del sistema. "Si queremos seguir formando parte del proyecto europeo debemos resolver los problemas de nuestro Estado autonómico, porque de lo contrario tendremos dificultades crecientes para seguir anclados en el euro", auguró el expresidente.

Ahora con el PP en el poder, ese pronóstico no parece descabellado. Rajoy creía que con Andalucía de su lado podría dar pasos certeros sin acometer la gran reforma. Pero la comunidad del sur seguirá siendo de izquierdas, con el plus añadido de una IU con poder descomunal. "Ni siquiera sabemos si el déficit público que dicen tener es real. De hecho, creemos lo contrario", admiten fuentes gubernamentales. Y todo ello llega a Bruselas, y de ahí al resto de Europa, donde hablan de Andalucía como "una piedra" en el camino del Gobierno central.

Si las comunidades cumplen con lo comprometido, el Gobierno ya se da por satisfecho. Pero existen bastantes dudas. Los Ejecutivos autonómicos han aceptado reducir el déficit del 2,9% con el que cerraron 2011 al 1,5%. A cambio, el Estado se compromete a ayudarlas. El problema es que en muchas el dato real es muchísimo más elevado al 2,9%, como por ejemplo en los antiguos bastiones socialistas de Castilla-La Mancha o Extremadura o en feudos populares como la Comunidad Valenciana. Andalucía ni tan siquiera aceptó cumplir, motivo por el cual Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, le amenazó formalmente en el último Consejo de Ministros con sancionarla si no hace lo dictado.

El caso de Andalucía
Lo que ocurre en Andalucía, admite un ministro, se asemeja mucho "a una bomba de relojería". Lo saben de primera mano el citado Montoro, además de Fátima Báñez (Empleo) y Miguel Arias Cañete (Agricultura y Pesca), todos andaluces. "Ahora la lupa se posa sobre Andalucía, que tiene que cumplir sí o sí porque, en caso contrario, entrará en guerra abierta con el Gobierno", interpreta un alto cargo, en conversación informal. Su déficit, según cálculos de la administración central, podría llegar a ser el doble de lo publicado.

Rajoy, fiel a su estilo y manteniendo ese rumbo que él cree el adecuado, trabaja con la idea de mantener el vigente sistema autonómico, pero metiéndolo en cintura. Según los suyos, corrigiendo las desviaciones que lo han hecho inviable. Pero, eso sí, sin ir tan lejos como para devolver competencias al Estado, como así reclama Unión Progreso y Democracia.

La agenda internacional
Trabajo arduo de puertas para adentro, e igualmente intenso fuera de nuestras fronteras. Otra de las patas que sostienen la acción del Gobierno no es otra que la ganarse la confianza exterior. Y en ello está el gabinete en pleno, con sus ministros viajando intensamente desde el minuto uno, así como el presidente, muy en especial. La agenda se hace más intensa tras Semana Santa, con dos líneas prioritarias en la actividad diplomática: la europea, a través de dos cumbres bilaterales (con Polonia, esta misma semana, y Portugal) y la iberoamericana, destacando el Foro Económico Mundial que se celebra en Puerto Vallarta, y al que acude Rajoy.

En paralelo, el país seguirá recibiendo visitas de altos cargos de la Unión Europea, a fin de controlar que los PGE no se queden en papel mojado y de que se están aplicando las medidas anunciadas y aprobando otras nuevas. A todos, las veces que sea necesario, Rajoy solemnizará que "si o sí" cumplirá con el límite de déficit, situado en el 5,3% y para lo que se hace imprescindible la labor de las comunidades. "España tiene palabra y va a cumplir", añadió, antes de las fiestas, Sáenz de Santamaría.

El presidente, pese a la incertidumbre que acecha y a las voces de "intervención" que vuelven a escucharse, insiste en que sabe del camino y en que a "medio plazo" se empezará a ver luz al final del túnel. Destaca que España sigue siendo "soberana", y que toma sus propias decisiones. Destaca que se han hecho más reformas que el anterior Gobierno en toda una legislatura. Y, ante la adversidad, llama a los españoles, a esos que le dieron un histórico apoyo en las urnas, a que no desistan: "No hay alternativa y por eso lo hacemos. No lo hacemos por prejuicios de ningún tipo ni por ganas de fastidiar. Lo hacemos porque en la situación en la que nos hemos encontrado no tenemos más remedio".
En los momentos más complicados, cuando la situación parece ya fuera de control, Mariano Rajoy asegura que es capaz de mantener la cabeza fría; de seguir con su calendario -con los pasos que previamente había concebido- sin dejarse llevar por el pánico. De ello se jactaba aún en la oposición, con los tentáculos de la trama Gürtel acosando a las siglas del PP. Y a ello se afana ahora en el poder, cuando el barco ya no es el partido sino España, y la borrasca es financiera y viene de la mano de los mercados.
Fuente: libertaddigital.es

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