La pobreza es cada vez más intensa en España. Como ejemplo, los datos publicados este jueves (30.05.2013) por Cáritas Diocesana de Barcelona: si en 2007 la organización dedicó 500.000 euros en ayudas directas al pago de vivienda a personas necesitadas, en 2012 el monto ascendió a 2 millones de euros. Y el 70 por ciento de las personas asistidas no tiene trabajo.
Datos alarmantes
La tendencia es al alza. En el 2012 hubo un 3 por ciento más de personas que recurrieron a los medios de Cáritas: albergues a personas sin hogar y comedores. En el 2007, estos servicios los requieron sólo la mitad de las personas. Y en lo que va de 2013, hay un 9 por ciento más con relación al mismo lapso del año anterior.
El desempleo golpea casi en partes iguales a españoles e inmigrantes.
Especialmente llamativa es la situación habitacional: el Servicio de Mediación de Vivienda ha atendido a 1.546 familias con problemas por el pago de la hipoteca de su vivienda. De ellas, en 315 casos se pudo evitar el desahucio, en 71 se procuró una vivienda alternativa y en 68 se logró la dación en pago.
Igualados en la crisis
Según los datos de Cáritas Diocesana de Barcelona –que se basan en la información recogida por los servicios sociales parroquiales de tres diócesis–, cada vez son más los nacidos en territorio español las que se acogen a la asistencia y conforman el 48 por ciento de las personas atendidas, un 6 por ciento más que en el año anterior.
Similar tendencia confirma a DW Yolanda Villavicencio, presidenta de AESCO (América España Solidaridad-Cooperación), una organización no gubernamental que dirige sus programas a colectivos vulnerables y en peligro de exclusión social en la comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
“Por la reducción del empleo público, el desempleo está afectando ahora más a los españoles que a los latinoamericanos, pues un buen número de estos trabajan en servicios y como autónomos. La más afectada es la población africana que trabajaba en el campo. Que los españoles vuelvan a optar por trabajar en la recolección de la vid y la aceituna los ha dejado fuera del mercado laboral”, cuenta Villavicencio. De la pérdida del empleo, a no hacer poder hacer frente al pago de la vivienda hay un paso. Y de ahí, uno muy pequeño al desalojo.
De 40.000 desalojos –uno cada cuarto de hora– en 2012 hablaba Ada Colau en la Comisión de Peticiones en el Parlamento Europeo en abril, solicitando el alquiler social de los 3,5 millones de viviendas vacías. Y la moratoria inmediata de los desahucios.
Difundiendo la sentencia
Anteriormente, el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo había fallado (en noviembre de 2012) en contra de España, pues sus leyes no garantizan la protección del consumidor contra cláusulas contractuales abusivas. Y, en marzo de 2013, dictaminó que la normativa que permite los desahucios no es compatible con la ley europea de protección a los consumidores de 1993.
“Basados en ese fallo, nos encargamos de asesorar a la gente, de acompañarlos a los tribunales, de difundir que tienen derecho a una moratoria de dos años, es decir, que aunque haya sentencia de desalojo pueden permanecer en su vivienda”, cuenta Villavicencio.
La crisis comenzó afectando primero al conglomerado inmigrante que había llegado a España a finales de los noventa como mano de obra barata. “Sobre todo magrebíes, rumanos y latinoamericanos de países andinos: Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay”, informa la presidenta de AESCO.
En lo que atañe a Ecuador –el tercer mayor conglomerado de inmigrantes en España, con unos 15.000 afectados por el problema de las hipotecas–, en un año se ha asesorado jurídicamente a 7.291 familias en peligro de pérdida de vivienda. En 80 casos se ha comprobado cláusulas abusivas y se estudia la posibilidad de una demanda colectiva.
Organizarse y resistir
Lo masivo del fenómeno tensa la red social al máximo: “Los desalojados van a casas de amigos o familiares; comparten pisos. Pero los recursos se van acabando. La gente está muy golpeada”, cuenta Villavicencio. Por su parte, Cáritas informa que ha puesto a disposición 1.346 plazas, que permiten 612.000 pernoctaciones al año.
Más allá de la toma de medidas urgentes para abordar este problema, una mejora rápida de la situación macroeconómica no está en el horizonte. Con todo, Cáritas detecta en esa crisis un aumento de la solidaridad tanto en trabajo voluntario como en donaciones. Así las cosas, y con una economía que parece ir de mal a peor, según Villavicencio “a la gente lo que le queda es cambiar hábitos de consumo, organizarse barrialmente, resistir”.
DW.DE
Autora: Mirra Banchón
Editor: Diego Zúñiga
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