Los escándalos y sus consecuencias continúan en Andalucía. Este pasado jueves la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado fianzas de responsabilidad civil "millonarias" para el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y para Ismael Sierra, cuñado del ´conseguidor´ de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, ambos encarcelados e imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía. Hay que recordar que la juez Alaya ya impuso en su momento una fianza civil de 686 millones de euros a Francisco Javier Guerrero, cantidad a la que se sumará la fianza que ahora le imponga la magistrada en relación a esta nueva investigación.
La Junta de Andalucía y su presidente niegan la realidad a pesar de que se siguen saliendo nuevos escándalos a la luz, por investigaciones judiciales como el caso de los presuntos ERES fraudulentos o a través de auditorías de las cuentas de la administración andaluza o de sus organismos autónomos. En este sentido la Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido un nuevo informe que ha hecho retemblar los cimientos de la estabilidad de las instituciones públicas de la comunidad dependientes de la Junta. En este caso, la elegida fue la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (SOPREA) a través de un informe de fiscalización de regularidad y de los fondos sin personalidad jurídica en los que interviene, correspondientes al ejercicio de 2010. El resultado, un nuevo tirón de orejas para Antonio Ávila, consejero de Economía del Gobierno Autonómico y que colma los periódicos con su semblante precisamente, no por sus méritos.
Quizás el dato más sangrante del informe sea el hecho de que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, sea el accionista único de SOPREA y de que ésta sea medio propio y servicio técnico de IDEA. Algo que “pone en cuestión la separación clara entre el gestor de fondos y los intermediarios financieros”, incurriendo la sociedad en una polémica autogestión. Debido a esta característica inflamable para la firmeza de cualquier institución, SOPREA “no debió resultar adjudicataria de la licitación promovida por la Agencia IDEA que tenía por objeto la intermediación financiera del Fondo JEREMIE, debido a la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sean medios propios recogida en la Ley de Contratos del Sector Público”. Un Fondo, el JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) desarrollado por la Comisión Europea y el FEI, que está dotado con 185 millones de euros, todos ellos dependientes de la gestión de SOPREA, filial de IDEA o lo que es lo mismo, medio propio de la adjudicación de tales licitaciones públicas. La IDEA se adjudica a sí misma la intermediación de 185 millones de euros. Chapuza.
Así también, en el caso del Fondo JEREMIE, la entidad gestora ha incumplido lo estipulado por la resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía al no haber sido rendidas sus cuentas ni al Parlamento de Andalucía, ni al Tribunal de Cuentas, ni a la Cámara de Cuentas de Andalucía. Este atentado contra los principios de libre competencia y publicidad no es algo novedoso para SOPREA. Por otro lado, la sociedad “no ha promovido la concurrencia entre las entidades financieras para obtener una mejora de las condiciones pactadas, a fin de obtener una más alta rentabilidad de sus disponibilidades líquidas”.
IDEA y SOPREA, ¿quién es quién?
De este modo, la IDEA -empresa raíz- y SOPREA -filial- se mueven en una fina línea de dualidad y convergencia que hace que las actividades de una se entremezclen con la financiación, servicio técnico y accionariado de la otra. Esta situación genera una incertidumbre que se refleja en una fiscalización que engloba un sinfín de errores deliberados como cuentas no aprobadas, omisión de la concurrencia o adjudicaciones viciadas.
El juego del gato y el ratón desplegado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y por lo tanto por la Junta de Andalucía no termina aquí: “las autorizaciones de las operaciones relacionadas con los Fondos no guardan correspondencia con las de otras actividades de la entidad gestora y del intermediario financiero del mismo, esto es, IDEA y SOPREA”. Debido a esta peculiaridad de IDEA -accionista único de SOPREA-, las operaciones relativas a sus fondos que superen la cifra de 1,2 millones de euros, deben ser ratificadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Sin embargo la realidad es otra, SOPREA y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía vuelven a realizar sus gestiones a hurtadillas y a espaldas de la Junta y de la Ley, dejando solo a estudio de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía, la franja de operaciones de importe superior a 3 millones de euros.
En otro orden de cosas, los nuevos estatutos de la Agencia IDEA fueron aprobados mediante un decreto en el que se aseguraba que “los estatutos sociales de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (SOPREA), se adaptarán a los Estatutos que se insertan como Anexo al presente Decreto en lo que les resulte de aplicación”. Dicha adaptación, transcurrido un plazo de cinco años, no se ha producido.
Según el dossier, la SOPREA presenta un fondo de maniobra negativo de más de 26 millones (26.047.385 euros), recursos de largo plazo con los que puede financiar, de sobra, las necesidades operativas de corto plazo. “Según la Memoria, la empresa tiene garantizada en todo momento su liquidez al contar con el apoyo de su accionista único, la Agencia IDEA, para continuar con sus operaciones”. La Cámara hasta se cuestiona hasta este apunte: “el hecho descrito podría suponer una incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones en el futuro inmediato”.
Extraconfidencial.com
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