“No hay una sola persona que esté dejando de tomar medicamentos por razones económicas”. Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 27 de febrero de 2013.- El pasado 1 de septiembre una ley cambió la vida de miles de personas que viven en España. La entrada en vigor de la Reforma Sanitaria dejó a los inmigrantes irregulares sin atención médica y a otros muchos con la incertidumbre de no saber a qué servicios tienen derecho.
- Según diferentes organizaciones, en varias Comunidades Autónomas se les está negando la atención sanitaria enfermemos de cáncer, diabetes o SIDA.
Para esta organización “no es casual” que hayan elegido a los inmigrantes para empezar a recortar el derecho a los servicios sanitarios. Sino que se trata de un primer experimento hacia “el modelo de asegurado”, y que pronto afectará a buena parte de la población española. En sus comunicados el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iguadad presentó la Reforma Sanitaria como “un gran paso hacia la universalidad”. Para posteriormente especificar que a través de esa norma solo “los españoles y los extranjeros con residencia legal tienen derecho a la tarjeta sanitaria”.
Más allá de la reducción del gasto público, la justificación más repetida para esta ley fue la de luchar “contra determinados abusos por parte de ciudadanos de otros países”. Con ese argumento, el ministerio de Ana Mato limitaba la atención sanitaria gratuita para los extranjeros irregulares a las mujeres embarazadas, los menores de 18 años y las emergencias.
El semáforo de la vergüenza
La puesta en marcha de esta ley ha provocado un aluvión de críticas por parte de asociaciones de extranjeros, profesionales y usuarios de la Sanidad, así como ONG internacionales como Médicos del Mundo. Esta última publicó el pasado noviembre este semáforo para visualizar los efectos de esta ley según el cumplimiento de la reforma en cada Autonomía.
Según esta ONG, en las Comunidades ‘en rojo’ se estarían produciendo las situaciones más graves, como enfermos de cáncer a los que se les facturan las sesiones y se producen retrasos en los diagnósticos. Personas que reciben un trasplante y no tienen acceso a la medicación posterior. Incluso prácticas más allá de lo que establece la propia ley, como niños a los que se les pide que realicen un pago antes de la intervención, o inmigrantes irregulares que dejan de recibir servicios de urgencias. Y también casos de españoles a los que se les niega la “atención más básica” por haberse quedado sin tarjeta sanitaria.
Además de los casos que han registrado, Rosario, portavoz de Médicos del Mundo, alerta de que la desinformación dominante sobre la nueva normativa provoca que muchos inmigrantes “ni se acercan por miedo” a recibir una atención médica a la que sí tienen derecho.
Cambio de modelo
Rosa, es médica desde hace más de 33 años. Ahora trabaja en un Centro de Salud en Madrid. Nada más conocer el contenido de la Reforma Sanitaria decidió unirse a la plataforma Yo Sí Sanidad Universal. “Se está apostando por un sistema en el que cada vez más personas se quedarán sin recibir atención”, advierte con la amargura de quien ve tambalearse una casa que ha costado tantos años construir. La clave, según ella, el concepto de asegurado que introduce la ley, y que provocará que poco a poco “solo quien pague tendrá derecho a la asistencia”.
En su centro, Rosa se enfrenta día a día a las consecuencias de este recorte y los dilemas éticos que surgen. No puede entender como a pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes o la epilepsia la ley le permite atenderles pero no recetarles medicamentos. “Son carísimos y sé que sin medicación a los dos días estarán en urgencias”, lamenta.
Compuesta en buena parte por personal sanitario, desde Yo Sí Sanidad Universal acompañan a los inmigrantes irregulares para hacer valer los derechos que todavía tienen, buscan los resquicios legales y, sobre todo, practican la objeción de conciencia para que nadie se quede sin un tratamiento para su enfermedad.
“¿Cuánta vida me han quitado?”
“Nadie que lo ne
cesite se va a quedar sin un tratamiento del que dependa su vida”, aseguraba en un comunicado el Ministerio de Sanidad. A los inmigrantes irregulares que viven España se les ofrece la posibilidad de contratar un seguro público. Pero desde varias organizaciones han criticado que su coste, de 710 euros anuales sin incluir las medicinas, es tan elevado que casi ninguno puede permitírselo.Hace tres años y medio que Graciela lucha contra un cáncer, primero de mama y que ahora se ha extendido a los pulmones. Tras la aprobación de la ley le cancelaron una revisión trimestral. Desde entonces se siente peor, más cansada. Además del tumor, se enfrenta a la incertidumbre de no saber si podrá costearse los medicamentos que le receten, imprescindibles para contener su enfermedad y aliviar sus intensos dolores.
Con una duda que sobrevuela sus días, ¿cuántos meses de vida me ha quitado la reforma sanitaria?
Ella y su marido Roberto sólo tienen palabras de agradecimiento a los profesionales sanitarios. “Ninguno se negó a atenderme, todos se declararon objetores”. Saben que no pueden pedirles más de lo que ya hacen. Pero sí quieren denunciar esta ley. “Sé que mi batalla está perdida, pero seguiré luchando por los que vienen”.
La ministra del sector, Ana Mato, afirmó que nadie deja de tomar medicamentos por razones económicas, pero casos como el de Graciela le contradicen.
El pasado 21 de abril falleció en Mallorca Alpha Pam, un senegalés de 28 años al que habrían negado el tratamiento para la tuberculosis según Médicos del Mundo. A él, como a Graciela y otros miles, la reforma sanitaria les ha asaltado como un bandolero en mitad de su enfermedad: los papeles, el dinero, o la vida.
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