Atender a los 'sin papeles' con VIH por la puerta de atrás

• Desde el decreto sanitario, los inmigrantes con VIH tienen difícil su atención
• En algunas CCAA, se han aprobado protocolos específicos para poder tratarlos
• Aunque reciban la terpia, algunos hospitales les hacen firmar una factura

Alpha Pam, el inmigrante fallecido el pasado abril en Baleares por falta de asistencia médica, no es un caso aislado. Como él, muchas personas en situación irregular en nuestro país dependen de la voluntad de un médico, de una práctica fuera de la ley o de la política que se haya decidido aplicar en la comunidad donde resida. Y ni siquiera eso. En lugares como Madrid, Canarias o Castilla-La Mancha, cada centro es un mundo y recibir medicación para el VIH depende, en el mejor de los casos, de una burocracia que hace perder tiempo y eficacia al médico y que desincentiva al paciente. En algunos casos, y debido al decreto sanitario de abril de 2012, los enfermos viven situaciones similares a las que ocurrían en los años ochenta en este país, cuando un diagnóstico se equiparaba a una muerte segura.

"Las dificultades administrativas son muy grandes. Se ha acabado el Sistema Nacional de Salud", así de contundente se muestra Federico Pulido, médico adjunto de la Unidad de VIH del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y lo dice desde la experiencia vivida a lo largo de estos ocho meses tras la entrada en vigor del Real Decreto. Aunque en su hospital las personas seropositivas que ya estaban recibiendo tratamiento se siguen atendiendo, "los nuevos diagnósticos lo tienen muy difícil. Es muy aleatorio, porque a veces les hacen los papeles y otras veces no. Como los pacientes nos llegan derivados desde atención primaria, si allí no les quieren ver, no hay forma de derivarlos al hospital".

Por otro lado, se puede decir que aquéllos a los que les corresponde este hospital tienen más suerte que la de otros inmigrantes cuya zona hospitalaria en la capital es la de otros centros. "Aquí ha llegado una paciente que le correspondía el Gómez Ulla, que estaba siendo tratada allí y que, de un día para otro, le dejaron de dar el tratamiento porque le pedían que lo pagara", afirma Pulido.  

Un permiso de transeúntes

En Madrid, a pesar de que la Administración dice que nadie se ha quedado sin medicación, "hemos detectado casos en que no ha sido así. La mayoría de los que hemos gestionado sí ha logrado que se le administrara el tratamiento, pero con muchas trabas burocráticas. Esas trabas, a veces, han entorpecido tanto la ayuda que, para cuando la atención estaba disponible, el paciente ya había desarrollado sida o enfermedades oportunistas como tuberculosis", explica Jorge Garrido, al frente de la ONG Apoyo Positivo.

De hecho, la CAM aprobó unas instrucciones en agosto de 2012 por las que se garantiza la asistencia y el tratamiento gratuito a las personas con enfermedades de declaración obligatoria, siempre y cuando su proceso sea inferior a un año, es decir, la infección por VIH no estaría incluida en esta categoría, por lo que esta atención es facturable.

Hasta Apoyo Positivo han llegado muchos inmigrantes pidiendo ayuda para poder acceder al sistema sanitario. "Les conseguimos un permiso de transeúntes sin papeles y, con este papel, una tarjeta sanitaria eventual", que les abra la puerta a un centro de salud o a una consulta con un especialista.

Se estima que en nuestro país hay 459.909 inmigrantes en situación irregular, de los que entre 2.700 y 4.600 estarían infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), según un informe del Comité de Expertos del Grupo para el Estudio del Sida (GESIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

De estos afectados, entre 1.800 y 3.220 conocerían su infección, y el 80% estaría recibiendo tratamiento antirretroviral, reza el informe. Con la salida de estas personas del sistema, las consecuencias pueden ser "múltiples e indeseables", señala el texto publicado en la revista 'Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica'.

Cada gobierno autonómico ha respondido a su manera ante esta normativa. Según un informe de Médicos del Mundo, publicado el pasado mes de noviembre, las comunidades donde más difícil está el acceso sanitario para un inmigrante sin papeles es en Aragón, Baleares, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Murcia, y Canarias.

Burocracia y voluntad médica

El resto de comunidades hace 'apaños'. Por ejemplo, en Galicia hay un programa que se creó cuando salió el decreto que cubre a las personas con VIH, tuberculosis y otras enfermedades de declaración obligatoria.

"Gracias al 'Programa de protección social' estas personas tienen acceso a la sanidad, siempre y cuando lleven empadronadas en la región seis meses", explica Carlos Varela, presidente de la ONG Lazos Pro Solidaridade, ubicada en el Ferrol y que se ocupa de dar a apoyo a las personas con VIH y de dar solución a problemas de exclusión social.

Como reconoce Varela, "no nos hemos encontrado ningún caso que no haya recibido tratamiento. Pero una persona sin papeles que desarrolle otra enfermedad no incluida en ese programa, lo tiene igual de complicado que en otras comunidades".

En Andalucía la situación parece más positiva incluso que en Galicia. Como explica Fernando Lozano, responsable de la Unidad de VIH en el Hospital de Valme de Sevilla, "aquí se ve a todos. La Consejería ha dado unas directrices claras de que se atienda a todos". Sin embargo, desde Médicos del Mundo se asegura que, a pesar de esas instrucciones, sí se están produciendo incidencias, como intentar facturar por una consulta, y que posteriormente se van resolviendo de una forma u otra en función de cada centro.

Poniendo a un lado las directrices de cada Consejería, en muchos casos el que una persona inmigrante acceda a su tratamiento depende de la voluntad y la actitud del personal que trabaja en el hospital. Bien lo sabe Pedro Montilla, coordinador de la Unidad de Seguimiento Cercano y Cuidados Domiciliarios del Hospital madrileño Gregorio Marañón. "Dentro del hospital intentamos sensibilizar a la gente, tenemos reuniones con el servicio de urgencias, implicando a todo el personal: médicos, administrativos, etc. Para que no ocurran tragedias como la de Mallorca", señala.

Este especialista explica que, aunque en su centro siguen tratando a los pacientes con VIH que ya estaban recibiendo medicación antes del decreto, su labor se ha llenado de trabas administrativas, "tenemos que hacer un montón de papeleo para seguir administrando los antirretrovirales". Además, cuando una persona llega por primera vez, "hay que rellenar un papel que certifique su riesgo vital, para él y para los demás, y es entonces cuando se le abre un número de historia".

El proceso para que un nuevo diagnóstico de VIH sea tratado puede llevar tiempo, por lo que algunas unidades acumulan medicación sobrante de otros pacientes para poder comenzar a tratar a estas personas. "No puedo hacer otra cosa, no puedo aceptar que un paciente se quede sin medicación, sería ilegítimo y antiético. Pero esto genera muchísimo estrés, para nosotros y, sobre todo, para los pacientes", afirma Montilla.

Por otro lado, si las personas que llegan a esta unidad no acuden por una enfermedad transmisible sino por otro problema de salud, "les hacemos entrar por el servicio de urgencias, les llevamos de la mano, para que se les abra una historia clínica. Tras una primera evaluación, a veces se establece un diagnóstico de sospecha, con el que conseguimos solventar el problema y el acceso del paciente. Pero cuando esto implica que la medicación debe dispensarse en la calle, en una farmacia fuera del hospital, entonces vuelve el problema".

Desde que se ha establecido como requisito indispensable la tarjeta sanitaria en las farmacias, esto ha supuesto otra barrera para las personas sin papeles. "Hay gente que se queda sin medicación si no la puede pagar", señala Montilla.

Compromiso olvidado

En septiembre del año 2000, "siendo presidente del gobierno José María Aznar", España firmó los Objetivos de Desarrollo del Milenio que fijaban el compromiso de "lograr el acceso universal al tratamiento de VIH/sida de todas las personas que lo necesiten". Y la nueva normativa supone todo un retroceso y "un claro cumplimiento de compromiso adquirido", recuerda el informe de GESIDA.

Según los expertos, la utilización del tratamiento antirretroviral ha demostrado disminuir el riesgo de transmisión por vía heterosexual de la infección por VIH en un 96%.

A causa de la nueva reglamentación, según exponen los especialistas en este informe, los pacientes inmigrantes a los que se les deniegue la terapia "se encontrarán en una situación similar a la vivida a finales de los ochenta", cuando un diagnóstico de sida suponía en un gran número de casos una sentencia de muerte.

Los médicos son conscientes de la gravedad del asunto. Saben que si una persona deja de tratarse su vida corre peligro, bien por la infección de VIH que derivará en sida o bien por una enfermedad oportunista, como un cáncer o una tuberculosis. Los especialistas afirman, desde que se hizo público el decreto, que si la sanidad no es universal no sólo está en peligro la vida del paciente sino la salud de muchas otras personas.

"En España, el programa de Salud Pública se ha dejado al azar. Nadie sabe qué está pasando. Las consecuencias las veremos a corto plazo. El Sistema Nacional de Salud tendría que tener controladas una serie de enfermedades independientemente del origen del paciente", se queja el especialista del 12 de Octubre.

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