Inmigrantes sin atención sanitaria

La Red Europea de Lucha Contra La Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) y la Xarxa per la Inclusió Social EAPN-CV han denunciado que en la Comunitat Valenciana se vulneran derechos fundamentales de los colectivos más desfavorecidos durante el II Encuentro Autonómico de Participación que se ha celebrado recientemente en Valencia. El encuentro tenía la finalidad de dar voz a las personas en situación de vulnerabilidad con las que las ONG de Inclusión Social trabajan a diario.

La representante de la Xarxa EAPN-CV y directora del Área del Mediterráneo de RAIS Fundación, Begoña Pastor, destacó que la Comunitat Valenciana se sitúa por debajo de la media estatal en número de plazas residenciales para personas sin hogar con 22 plazas por 100.000 habitantes frente a las 34 plazas de media en España. También manifestó que no se ofrecen estrategias políticas sostenidas en el tiempo para paliar este déficit o la falta de acceso a la vivienda. Así recordó que ya se han registrado 10.013 desahucios entre 2007 y 2012.

En lo referente a los casos de vivienda precaria y chabolismo, la portavoz de la Xarxa EAPN-CV y coordinadora de programas de la Asociación Alanna indicó que aunque se haya visibilizado ahora, el problema del chabolismo existe desde mucho antes de la crisis y que en Valencia aunque las cifras no son muy claras doblan las publicadas recientemente por fuentes municipales. "Con toda probabilidad un millar de personas vive en chabolas sólo en la ciudad de Valencia". "También han aumentado los casos de familias que habían salido de la vivienda precaria y ahora han tenido que volver", indican.
Es el caso de José Juan, de 47 años, que hace dos años se quedó sin trabajo al morir la persona a la que cuidaba y desde hace aproximadamente un año ha vuelto a vivir en la calle, duerme en cajeros y recoge chatarra: "Somos tantos que hacemos de todo, recogemos chatarra, tocamos la flauta, comemos de bocadilloÉ Las entidades sociales son mi muleta, mi apoyo, me siento más persona gracias a ellas".

Inmigrantes sin atención sanitaria

Uno de los portavoces de la red valenciana y técnico de intervención social de Fundación Secretariado Gitano (FSG), José María Martínez, manifestó que muchos menores inmigrantes comunitarios de países del Este que residen en la Comunitat Valenciana se quedan al margen del sistema de salud pública. "Al ser comunitarios deben venir con la documentación en regla y con la tarjeta sanitaria europea. Pero esta tarjeta es para personas que trabajan. Y muchos de los casos que atendemos de personas rumanas no han realizado trabajos formales. Los niños se ven afectados. Si no tienen NIE han de pasar por el trabajador social, éste realiza un informe como que el menor no tiene documentación, lo presenta para formalizar los permisos y la conselleria se lo deniega. El 90% de las consultas y casos que yo atiendo en Fundación Secretariado Gitano son ahora sanitarias, acude la gente como quien acude a urgencias", explicó. 

"Tampoco acceden a los servicios de urgencia, derecho que sí recoge la Ley, porque muchas de estas personas tienen miedo a la factura, a no poder pagar, a generar una deuda que dificulte la regularización de su situación en el futuro", argumentó. "Además muchas otras personas no pueden pagarse el tratamiento de su enfermedad crónica, por ejemplo muchos enfermos mentales, hablamos en muchos casos de tratamientos caros", concluyó.

Levante