Los diputados del PP rechazaron el martes en el pleno del Congreso la moción socialista que pedía la restitución del derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas, con independencia de si son inmigrantes con papeles o sin ellos. La moción fue defendida por José Martínez Olmos en sustitución de Esperança Esteve, que se hallaba enferma, y contó con el respaldo de todos los grupos, menos dos diputados del mixto, que se abstuvieron. Pero la negativa del PP, cuya portavoz, la almeriense María del Carmen Navarro Cruz, invocó la deuda “heredada” del sistema sanitario público (16.000 millones de euros) y dijo que “el mejor sistema de integración es que los inmigrantes tengan empleo y documentación“, impidió la restitución del derecho a la sanidad por 177 votos “populares” frente a 150 de los demás grupos y 2 abstenciones. Tanto el portavoz de IU, Josep Joan Nuet, como el proponente, citaron las muertes de la inmigrante boliviana Soledad Torrico y del senegalés Alpha Pam por falta de asistencia sanitaria para denunciar los “estragos espantósos” que el apartheid sanitario está causando.
Kalidou Amalou encontró tendido en la escalera, junto a un charco de sangre, a su compañero de piso, Alpha Pam, y se apresuró a ayudarle. Pero nada pudo hacer: Alpha ya había muerto. Era el 21 de abril. Ocho días antes, después de negarle dos veces la asistencia en el Hospital de Inca (Mallorca), le obligaron a firmar un compromiso de pago y finalmente le atendieron durante cinco minutos. Sin realizarle una sola placa, le diagnosticaron bronquitis aguda y le recetaron unas pastillas. Según la autopsia, Alpha murió de tuberculosis.
El caso de Alpha Pam, un senegalés de 29 años, con ocho de residencia en España, se ha convertido en el más cruel ejemplo y el mejor documentado hasta el momento de los estragos del apartheid sanitario implantado por el Gobierno de Mariano Rajoy y su ministra del ramo, Ana Mato, contra los inmigrantes. La supresión del derecho a la asistencia sanitaria universal, pública y gratuita a los inmigrantes con documentación y sin ella en las autonomías con gobiernos del PP está dejando un rastro de incurias e injusticias que han movilizado a la sociedad y ha llevado a cientos de ciudadanos a “crear grupos de acompañamiento” contra el apartheid.
También la izquierda parlamentaria se ha movilizado en este asunto. El coordinador de IU, Cayo Lara, ha abierto el frente judicial. En un escrito a la Fiscalía del Estado reclama la investigación y acusación contra los responsables políticos de la muerte de Alpha, tanto por negarle la asistencia sanitaria como por destruir pruebas. Y el PSOE exigirá esta tarde en el Congreso la restitución del derecho a la sanidad universal, pública y gratuita a todas las personas, justamente lo que el Gobierno del PP con mayoría absoluta laminó por decreto a los cuatro meses de llegar al poder.
Para el coordinador general de IU, la muerte de Alpha Pam –primero en el alfabeto de miles de víctimas de la injusticia por intentar ganarse lo que su apellido indica– no puede ni debe quedar impune. Por eso ha pedido al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que ordene una investigación y ejerza la acusación. En el escrito que le remitió el viernes pasado junto con el coordinador de Esquerra Unida de Baleares, Manuel Carmona, le pone al corriente del peregrinaje de Alpha por los centros sanitarios seis meses antes de su muerte y le explica cómo por carecer de tarjeta sanitaria le negaron la asistencia. “La muerte de Alpha es la punta del iceberg de un drama que afecta a miles de personas”, afirma Carmona.
Cuando ya se sentía muy mal, Alpha, que por carecer de tarjeta sanitaria no había sido derivado a un especialista, acudió por enésima vez al centro de salud de Can Picafort (Mallorca) que, a su vez, lo envió al Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Inca “para RX de tórax y valoración ya que ha habido brote de TBC (Tuberculosis) en Can Picafort y sospechamos que éste sea el caso primario”, según consta documentalmente. Pero en el hospital no le atendieron porque no tenía tarjeta sanitaria, que es lo primero que piden. Eso ocurrió a finales de marzo. La situación se repitió el 4 de abril. Pero el joven Alpha, ya muy enfermo, volvió el 13 de abril con un acompañante, y después de protestar insistentemente, logró que le atendieran durante cinco minutos. Sin hacerle radiografía ni prueba alguna de las indicadas por el facultativo del centro de salud, lo despacharon con el diagnóstico de “bronquitis aguda” y le recetaron un antibiótico y un anti inflamatorio. Le obligaron, eso sí, a él y a su acompañante a firmar un “compromiso de pago”.
En el escrito a la Fiscalía, los dirigentes de IU solicitan la designación de un fiscal especial para investigar esta muerte y subrayan que aparte de cesar al director del Hospital, el consejero de Sanidad, Martí Sansaloni, pudo incurrir en responsabilidad penal por ordenar la aplicación de pagos, incluso en urgencias hospitalarias, e intentar destruir pruebas de las órdenes que afectaron a la progresión de la enfermedad y la muerte del joven Alpha. El citado Sansaloni ordenó cobrar a los inmigrantes, incluidas mujeres embarazadas y la atención en urgencias, pero al día siguiente de la muerte de Alpha ordenó en una nota interna a todos los centros “la retirada inmediata del documento Compromiso de Pago y que se remita [a la Conselleria] todos los documentos de Compromiso de Pago que en éstos momentos obren en las unidades de Admisión”.
Por otra parte, el PP tenía la oportunidad de acabar con el apartheid sanitario votando en el pleno del Congreso a favor de la moción socialista que en su primer punto reclama “la restitución con carácter inmediato del derecho a la asistencia sanitaria a todo el colectivo de inmigrantes”. Pero como quedó reflejado en la actualización de esta crónica, los 177 diputados conservadores que asistieron al pleno votaron en contra.
El apartheid sanitario no sólo afecta a los inmigrantes indocumentados, sino también, según denuncia el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, a personas que han obtenido el permiso de residencia con posterioridad al decreto de 24 de abril de 2012 y a los miembros reagrupados de las unidades familiares, especialmente a los inmigrantes rumanos. En contraste, el PP facilita la residencia con todos los derechos a quienes tengan medio millón de euros.
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