El Gobierno de Mariano Rajoy cambiará la
Ley de Extranjería para fijar unos criterios comunes en toda España en
relación con la integración de los inmigrantes, ya que, según alerta, se
está produciendo "una divergencia de las condiciones de acceso" de los
extranjeros no comunitarios a los distintos servicios", así como "en los
requisitos cuyo cumplimiento permite la permanencia en territorio
nacional".
Así lo avanza el Ejecutivo en el
informe elaborado por la Comisión para la reforma de las
Administraciones Públicas (CORA) que este viernes ha aprobado el Consejo
de Ministros, con propuestas para racionalizar y evitar duplicidades en
las administraciones públicas.
En el citado informe, el Gobierno advierte de que la integración de los inmigrantes ha sido desarrollada por Estado, CCAA y corporaciones
locales, "ejerciendo competencias concurrentes sobre la materia, bien
directamente a través de la asistencia sanitaria o la educación, bien a
través de subvenciones para el desarrollo de programas de integración
socio laboral de los inmigrantes".
Descoordinación
Sin embargo, advierte de que la falta
de un marco legal que desarrolle una política nacional, más allá de lo
que han sido los planes estratégicos, ha derivado en "una falta de
coordinación entre las tres administraciones, una confusión en el
reparto de competencias e incluso en conflictos competenciales".
De hecho, el informe señala que el
Tribunal Constitucional, en ocasiones, ha considerado que la integración
de los inmigrantes es solo una parte de la asistencia social y no puede
encuadrarse en la política de inmigración y extranjería, competencia
exclusiva del Estado, mientras que en su sentencia 31/2010, relativa al
Estatuto de Autonomía de Cataluña, señala que el conjunto de
competencias o potestades, de evidente carácter asistencial y social que
el artículo 138.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la
Generalitat, no relegan la competencia exclusiva que el Estado ostenta
en materia de inmigración.
En esta situación, prosigue, se está
produciendo "una divergencia de las condiciones de acceso de los
extranjeros no comunitarios a los distintos servicios, así como en los
requisitos cuyo cumplimiento permite la permanencia en territorio
nacional". Por ello, resulta "conveniente" enmarcar estos criterios y
actuaciones en "una política nacional de integración". Por todo ello, el
informe elaborado por al CORA avanza que se reformará la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, con el fin de "definir unos criterios
comunes de integración de los inmigrantes y determinar el ámbito de
actuación de cada una de las diferentes administraciones públicas".
Permiso de trabajo «único»
En cuanto a los permiso de trabajo y
residencia, el informe recuerda que el Estado tiene competencia
exclusiva en inmigración y las CC.AA., por su competencia en ejecución
de la normativa laboral, pueden asumir la concesión de las
autorizaciones de trabajo. Actualmente, según destaca, solo Cataluña
ejerce esa competencia.
Este sistema actual, continúa, impide
tener "una visión global de la política de admisión; introduce barreras
a la unidad de mercado; y supone la existencia de duplicidades
horizontales (entre CC.AA.) al obligar a los interesados a solicitar
ampliación del ámbito territorial para desarrollar, por ejemplo, una
actividad por cuenta propia en más de una comunidad; incrementa las
cargas burocráticas y dificulta el mantenimiento de unos criterios
homogéneos en la gestión de la extranjería en todo el territorio del
Estado español".
Por todo ello, se revisará la
normativa en la materia con el fin de implantar un permiso único
sustituyendo la autorización de trabajo por un informe de la autoridad
laboral autonómica.
ABC.es
0 Comentarios