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Crecen práticas "racistas" en España, según ONU

Naciones Unidas advirtió sobre el incremento de la discriminación racial en España, como consecuencia de los recortes sociales y laborales aplicados por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, informó hoy el diario Gara.

La denuncia está contenida en un informe elaborado por el keniano Mutuma Ruteere, relator especial de la ONU sobre racismo, quien en enero pasado visitó este país europeo durante una semana, recordó el periódico vasco en su edición de este martes.

Redadas policiales basadas en criterios étnicos, malos tratos en los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o inhumanas condiciones laborales de los inmigrantes sin autorización de residencia son algunos de los problemas identificados por Ruteere.

Unas prácticas a las que se suman nuevas fórmulas de exclusión, como el decreto aprobado en abril de 2012 por el Ejecutivo del derechista Partido Popular, que excluye de la asistencia sanitaria pública a los extranjeros sin un empleo estable, alertó el relator.

El informe, publicado el 6 de junio último, presenta un retrato del Estado Español, donde los fenómenos que ya venían siendo denunciados, como los CIE o las actuaciones policiales racistas, se vieron agravados por los duros ajustes impuestos por Rajoy.

A juicio del experto de la ONU, los migrantes (y minorías como la etnia gitana) siguen padeciendo discriminación en áreas como la educación, la salud, los servicios públicos, la vivienda y el empleo.

Circunstancia que, remarcó, se recrudeció con una drástica poda en los presupuestos de agencias y organizaciones no gubernamentales y en los fondos destinados a combatir el racismo, lo cual afecta especialmente a los colectivos más vulnerables.

Por ámbitos, el acceso a la sanidad es el que presenta la principal novedad denunciada por la ONU: el decreto 16/2012 por el que los inmigrantes irregulares quedan fuera de la atención primaria (salvo en el caso de menores y embarazadas).

Sobre el empleo, el relator llamó la atención sobre las chocantes condiciones de vida que padecen los sin papeles en invernaderos agrícolas en el sur de España, así como la pésima situación de la población gitana originaria de Rumania en algunas barriadas de las grandes ciudades.

Carecen de la infraestructura y los servicios más básicos, entre ellos la sanidad, la electricidad o agua potable. En este sentido, consideró que el respeto a los derechos humanos y la dignidad de estas personas debería ser una prioridad para el Gobierno.

Ahora queda por ver si Madrid hará caso de las recomendaciones, aunque su respuesta al relator (fechada el 28 de mayo), donde se limita a rechazar las acusaciones, no permite albergar muchas esperanzas, vaticinó Gara.
Argenpress

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