Amnistía Internacional (AI) critica que las reformas en materia de sanidad han dejado a 873.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria en España "impidiendo o dificultando" su acceso al sistema sanitario, e "incluso poniendo en ocasiones su vida en riesgo".
En una rueda de prensa en Palma, el director de AI España, Esteban Beltrán, ha considerado esta medida "regresiva" y "discriminatoria" y ha pedido que se modifique el Real Decreto-Ley aprobado el uno de septiembre del año pasado, en el que, según AI, se "limita" el derecho a la salud de las personas inmigrantes, que tienen que pagar para recibir asistencia sanitaria, incluida la primaria.
La organización advierte de que la crisis económica no debería ser una excusa para recortar hasta el punto de "menoscabar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de atención sanitaria".
Por eso, Beltrán ha pedido un informe real sobre el "ahorro" que se habría conseguido hasta ahora.
No obstante, el problema básico, según Beltrán, es que la Constitución Española no recoge los derechos a la sanidad y a la vivienda como derechos fundamentales, de tal manera que son más susceptibles de ser modificados. Así, afirma que muchas personas quedan desprotegidas ante la ley y opina que deberían convertirse en derechos fundamentales.
"EL LABERINTO DE LA EXCLUSIÓN SANITARIA"
Para denunciar la incidencia de estas medidas, que AI considera una violación a los derechos humanos, en Baleares, la organización ha elaborado un informe llamado "El laberinto de la exclusión sanitaria. Vulneraciones del derecho a la salud en las Islas Baleares", que ha sido presentado en rueda de prensa esta mañana.En ella, el autor del informe, Ignacio Jovtis, ha manifestado que sólo en el archipiélago, se han retirado 20.000 tarjetas sanitarias, alrededor del 2% de la población balear.
Por otra parte, ha explicado los motivos de este informe, que parten del creciente número de denuncias por parte de inmigrantes que alegan que se les ha "obstaculizado" o incluso "impedido" acceder a la sanidad y van hasta la "identificación y documentación" de casos de personas a las que se les denegó la atención sanitaria hasta diez meses antes de la entrada en vigor del decreto.
Jovtis también ha asegurado haber documentado casos de inmigrantes que, por "desinformación", no han recibido un servicio al que por norma sí que tienen derecho, a parte de todos aquellos casos "invisibles" de personas sin papeles que renuncian a acudir al médico por miedo a que "les pillen" o porque no tienen cómo pagar el servicio y que no llegan a AI.
Por todo ello, el autor del informe ha pedido que la Consejería tome medidas y que se informe con exactitud al personal sanitario para que se eliminen las "irregularidades" que pueden "crear más exclusión".
EuropaPress
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