El fantasma de la inmigración vuelve a Reino Unido. El mismo país que durante años había demandado mano de obra foránea se muestra ahora incómodo ante la contratación de extranjeros. El desencadenante resultó una crisis que, además de adelgazar sueldos, ha contraído el mercado laboral y la reforma del Estado del Bienestar se ha encargado del resto.
El Gobierno está resuelto a garantizar que nunca más el paro es más lucrativo que trabajar y, como resultado, la demanda de empleo aumenta y los de fuera comienzan a contrariarse.
David Cameron había hecho de la promesa de reducir la red de inmigración un objetivo nuclear de la legislatura. De momento, las perspectivas normativas de este año prevén hacer la vida más complicada para los recién llegados: entre las medidas diseñadas figura obligar a los inmigrantes a pagar por el Sistema Nacional de Salud, o que los caseros comprueben su estatus de residencia. Sin embargo, esta tendencia parece ir ampliándose a países de la Unión Europea, sobre todo, ante la perspectiva del levantamiento de las restricciones a ciudadanos de Bulgaria y Rumanía, que a partir del 1 de enero podrán acudir libremente a Reino Unido a buscar su oportunidad en el mercado laboral.
En tiempos de constricción económica, la inmigración constituye un delicado argumento electoral. La evidencia queda patente en el particular aumento del apoyo al UKIP, un partido que tiene en la ruptura con Bruselas su principal demanda ideológica y que hace peligrar las aspiraciones de los conservadores en las urnas.
La primera gran prueba de fuego tendrá lugar el próximo año con los comicios europeos, una cita que amenaza con convertirse en un referéndum sobre la conveniencia de continuar en la federación comunitaria. Cameron ha prometido su propio plebiscito para 2017, pero ya ha comenzado a mover ficha. Este otoño presenta su propuesta de revisión de las leyes europeas de libertad de movimiento, un desafío abierto a la UE con el que espera rebajar la presión en materia migratoria.
Poner límites
Los grupos que le asesoran han indicado ya por dónde irá el debate. Las ideas planteadas incluyen impedimentos para que los inmigrantes comunitarios puedan demandar prestaciones en Reino Unido en los primeros dos años, limitaciones en el número de los que pueden reclamar las pagas por desempleo e, incluso, la exclusión de los países más pobres de los Veintiocho, una opción que podría implicar hacer piña con Alemania, Holanda, Suecia y Dinamarca para lograr protecciones para los trabajadores nativos.Las apuestas son arriesgadas, pero el ámbito es sensible, como quedó de manifiesto la semana pasada en la segunda ciudad de Reino Unido. Uno de los periódicos locales, el Birmingham Mail, denunció que 200 trabajadores de España y Portugal habían sido traídos específicamente para los trabajos que Amey, compañía afiliada a Ferrovial Servicios, acomete en las obras de carretera en la región de West Midlands. Un dato irrelevante en circunstancias normales pero que, en una zona donde el paro es dos puntos superior a la media nacional, del 7,8%, escuece.
La información llevó a Amey y al propio ayuntamiento de Birmingham a subrayar que el 70% del personal es local y que la presencia de extranjeros responde a una alta cualificación, o bien a contratos de corta duración. La aclaración, sin embargo, arrojó más sal a la herida, ya que los medios locales contraatacaron criticando que, en tiempos de aumento del desempleo, casi un tercio de los empleados sean de fuera.
Proteccionismo
La inquietud parece estar justificada, pero más por una necesidad de proteccionismo. El Comité de Asesoramiento de Inmigración, organismo del Ministerio del Interior que estudia el impacto de los extranjeros en el mercado laboral, detectó las elevadas diferencias educacionales con respecto a los nativos: los inmigrantes que llevan menos de cinco años, tienen más del doble de probabilidades de tener al menos una licenciatura nueve años más jóvenes que los nacionales. Una realidad que no ha evitado al ministerio el escarnio de ser investigado por la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, tras trascender que las búsquedas aleatorias de inmigrantes ilegales tienden a limitarse a minorías étnicas.Según un informe de la Agencia de Fronteras de Reino Unido desarrollado para revisar la demanda de mano de obra foránea, las empresas detectan en los británicos un problema de actitud que afecta a sus perspectivas de contratación. El Instituto Warwick de Investigaciones de Empleo lo explica en base a que los extranjeros son más activos en la búsqueda de empleo, más proclives a aceptar contratos de menor duración y están más dispuestos a viajar por un empleo.
El Gobierno no es ciego a la tendencia y el secretario de Estado de Negocios y Cualificación habla ya del "deber social" de las empresas de contratar británicos, en otras palabras, reclutarlos, e incluso entrenarlos, por encima de inmigrantes mejor cualificados. Su propuesta, es más, pasa por invertir en formación, en lugar de atender al "puro beneficio", si bien el desembarco de extranjeros se ha ralentizado desde el pico alcanzado en 2008. El pasado año, el número de los que llegaron a Reino Unido cayó en 80.000 y datos oficiales muestran que la red de inmigración se ha reducido un tercio.
No en vano, son más los que se marchan, la última información revela un contingente humano que supera en 8.000 el volumen de 339.000 salidas del año anterior. El problema es que gran parte del descenso se debe a menos estudiantes internacionales: las solicitudes procedentes del exterior por una plaza en una institución británica han caído en 56.000. Una evolución con un coste económico para una sociedad dividida entre su pasado como país receptor y un presente por determinar.
elEconomista.es
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