A partir de hoy, las personas que no tengan la condición de aseguradas ni beneficiarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), como los inmigrantes «sin papeles» o los rentistas que ingresen más de 100.000 euros al año, deberán abonar entre 60 (si tienen de 18 a 65 años) y 157 euros (si exceden esa edad) al mes para tener acceso a las prestaciones de la cartera básica de servicios.
Así lo establece el Real Decreto 576/2013, aprobado el 27 de julio, y que hoy entra en vigor, justo un año después de la puesta en marcha del Real Decreto 16/2012, que regula la condición de asegurado.
Las embarazadas y los niños quedan al margen de
esta regulación y serán atendidas como el resto de la población
asegurada. Según la norma que hoy entra en vigor, los que están al
margen de la cobertura del SNS deberán suscribir un convenio
(una especie de seguro) para ser atendidos por el sistema sanitario
público español. El decreto, publicado en el BOE y consultado por ABC,
fija unas condiciones según la edad y la situación del que lo suscribe
para acceder a esta especie de seguro. Es condición general que los interesados lleven un año empadronados y no estén cotizando.
Casi 2.000 para los mayores
La cantidad a abonar para tener cobertura pública será de
60 euros mensuales desde la mayoría de edad hasta los 65 años (720 al
año) y de 157 euros mensuales (1.884 anuales) para los que rebasen esa
edad.
Suscribiendo esos convenios los firmantes tendrán acceso a las prestaciones básicas,
excluyendo la subvención de la medicación, el transporte sanitario no
urgente o las prótesis, entre otras cosas. El Real Decreto establece,
además, el sistema de identificación clínica de los casos especiales,
con garantía de asistencia sanitaria pública en el SNS, como las
víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o
los solicitantes de asilo.
Así, se completa el paquete normativo iniciado en agosto de
2012, tras aprobación del Real Decreto que regula la condición de
asegurado y, según Sanidad, «hace efectiva la universalidad de la
asistencia sanitaria pública para todos los españoles».
Algunas comunidades como Cataluña han decidido mantener la cobertura universal a los extranjeros no regularizados.
Lo ha hecho pese a ser uno de los territorios más asfixiados
económicamente y con una deuda creciente de su Administración con el
sector social. Ofreciendo sanidad pública gratuita a los «sin papeles»,
Cataluña deja de ingresar casi 80 millones de euros.
- ABC.es
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