Entre los colectivos en lucha contra las fronteras circulan rumores que alertan de un inminente vuelo de deportación a Senegal. Para cualquier persona de nacionalidad senegalesa que no tenga papeles han saltado todas las alarmas, pues el riesgo –siempre presente– de sufrir una redada racista se multiplicará en los próximos días si se confirma que el Estado español ha planificado uno o varios vuelos de deportación para la segunda quincena de noviembre. En el patio del CIE y en las asambleas de las asociaciones de sin papeles se susurran posibles fechas. La tensión y el miedo se acumulan entre las posibles víctimas. Pero también crecen la indignación, el apoyo mutuo y la voluntad de resistir y luchar para acabar para siempre con las expulsiones.
Reconstruimos a continuación los detalles de uno de estos vuelos, que tuvo lugar en medio del más absoluto secreto. A las once de la noche del jueves 26 de septiembre, un vuelo salió del aeropuerto de Barajas con destino Dakar. El avión aterrizó en el aeropuerto de la capital senegalesa cinco horas después. Tanto la salida como la llegada de dicho avión –de AirEuropa, la misma compañía que nos ofrece en su web vuelos baratos para disfrutar de unas “vacaciones veraniegas” en el cálido Dakar en cualquier momento del año– se realizaron con la mayor discreción posible. La nocturnidad del vuelo y el hecho de que saliera desde una pista alejada de miradas indiscretas nos ofrecen pistas sobre el carácter de este viaje. Para un tercio del pasaje –alrededor de un centenar de inmigrantes senegaleses, todos hombres, muchos de los cuales se habían jugado la vida en el océano para hacer el trayecto inverso– el despegue del avión era la señal definitiva de un verdadero drama. Para los otros dos tercios –policías nacionales ataviados con unos chalecos reflectantes– se trataba simplemente de un trabajo muy bien remunerado: la rutinaria tarea de escoltar un nuevo vuelo de deportación.
Los inmigrantes, con los brazos inmovilizados mediante unas bridas de plástico alrededor de sus muñecas, habían pasado las horas previas en una sala del aeropuerto, fuertemente custodiados. Cheikh, uno de los deportados –al que localizamos hace unos días en la ciudad senegalesa de Touba, a unas cuatro horas de Dakar–, relata indignado como los policías golpearon a uno de sus compatriotas por insistir en la petición de salir al baño.
En los últimos años el Gobierno español ha expulsado cada año a más de diez mil personas, el equivalente a cien vuelos como el que tuvo lugar a finales de septiembre, aunque en ocasiones aprovecha vuelos comerciales para incluir en el pasaje un pequeño número de personas para su deportación. Cuando organiza vuelos especiales, estos requieren de una cuidadosa y sofisticada planificación. En el caso que nos ocupa, el Ministerio del Interior, con la complicidad del gobierno senegalés –que puso todas las facilidades, a través de su embajada en Madrid, para que muchos de sus ciudadanos fueran deportados sin pasaporte–, tuvo que organizar la logística previa: contratar el avión, reservar la pista alejada de la terminal, programar los traslados a Barajas desde diversos lugares del Estado, destinar a un gran número de policías para la ocasión, pactar y coordinarse con las autoridades senegalesas y, lo que es más importante, cazar a la carga humana que debía llenar el avión.
En mayo de 2012 la Policía Nacional aprobó una directiva que decía terminar con los cupos de detención de inmigrantes –objetivos numéricos para cada comisaría– y con las redadas racistas. Dichos cupos habían salido a la luz en la época en que Alfredo Pérez Rubalcaba era ministro del Interior. Sin embargo, podemos afirmar no solamente que las redadas y cupos han persistido a lo largo de toda la legislatura gobernada por el PP –tal y como vienen denunciando, entre otras, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos–, sino que la persecución, cada vez que se planifica un vuelo –al menos varias decenas cada año– también puede ser discriminada: los cupos de detención pueden afectar ya no a cualquier inmigrante, sino a quienes tienen la nacionalidad para la que se está preparando la deportación colectiva. La persecución de senegaleses para llenar un avión responde a la misma lógica de aquella nota policial interna que, en 2009, conminaba a detener marroquíes porque era más barato deportarles.
Podemos imaginar el procedimiento. Una vez que el Ministerio del Interior cierra todos los detalles del vuelo, ordena a la Comisaría General de extranjería y fronteras que cuantifique cuántos senegaleses pueden ser deportados desde los Centros de Internamiento de Extranjeros. Asimismo, dicha Comisaría General difunde la orden al resto de comisarías del Estado para dar caza no ya a un cupo de inmigrantes, sino a un cupo de senegaleses, los suficientes para acabar de llenar el avión. Así lo reflejan los documentos expedidos con motivo de la expulsión de uno de los deportados. Su abogada nos enseña el papel en el que se puede leer: “Vuelo organizado por la Comisaría General de Extranjería y fronteras con destino Dakar”.
Víctimas de esta persecución planificada, fueron detenidos –en las 72 horas previas a la salida del avión del 26 de septiembre– dos inmigrantes senegaleses residentes en Asturias. A uno de ellos –que la semana anterior había presentado la solicitud de permiso de residencia y trabajo por arraigo social– le convocaron en las oficinas de la Brigada Policial de Extranjería de Oviedo porque “había unos datos que aclarar”. Desde allí fue llevado a los calabozos, donde le retuvieron durante dos noches. Además de tener que aguantar durante largos períodos sin poder salir al baño porque no le abrían la celda, la Policía ovetense le ofreció dos alternativas: comer galletas durante dos días o aceptar comida con cerdo, contraria a sus costumbres y religión.
Los dos detenidos fueron llevados a Madrid por una escolta policial. Cuando llegaron a Barajas comprobaron la magnitud de la operación. Decenas de compatriotas esperaban allí, retenidos por la fuerza en una sala del aeropuerto. Una veintena aproximadamente procedía del CIE de Aluche; otros habían sido trasladados desde el CIE de Zona Franca (Barcelona) y de Zapadores (Valencia). Sin embargo, también había otros casos de inmigrantes detenidos en los últimos días, y que por tanto venían directamente de los calabozos. Serigne relata desde Dakar que uno de sus compañeros fue detenido en Valencia por la calle, junto a su casa, mientras caminaba a comprar el pan. Mbacke nos cuenta su propio drama: fue capturado justo después de haber enviado dinero a su madre desde el locutorio, cuando salía, en bicicleta, camino de su trabajo de recolección de pepinos y pimientos en El Ejido. Otros senegaleses fueron detenidos en Málaga, Zaragoza, Alicante, Mallorca, Almería, Salou… Hay más casos –similares al de Asturies– de personas deportadas que llegaron a presentar su solicitud de residencia. Y es que cuando la caza es urgente –y hay que llenar rápido un avión–, los cuerpos policiales no se andan con miramientos. Qué mejor momento que detener al senegalés justo cuando acude a las oficinas de Extranjería a regularizar su situación administrativa.
Una vez en el aeropuerto de Dakar, los policías y la tripulación del vuelo no llegaron a salir del avión. En la puerta de salida, un funcionario entregaba un sobre a cada inmigrante con cincuenta euros en su interior. En la pista, junto al avión, decenas de policías senegaleses esperaban a los deportados para revisar los documentos que portaban y entregarles, a su vez, 10.000 francos CFA, el equivalente a 15 euros, pues –decían– sabían que tenían que llegar hasta sus casas, muchas veces alejadas de Dakar. El cómplice gobierno senegalés realizaba esa aportación después de haber puesto todas las facilidades para las deportaciones.
Entre los inmigrantes, algunos habían podido llevarse una maleta con algunas pertenencias. Otros llegaban sin nada.
La muerte de Osamuyi y el protocolo de actuación en las repatriaciones
El 9 de julio de 2007 Osamuyi Aikpitanyi murió asfixiado en un vuelo de repatriación después de que los escoltas policiales le amordazaran y sellaran su boca con cinta adhesiva. Casi cinco años después, una sentencia condenaba a 600 euros de multa a los policías y los eximía de responsabilidad por la muerte de Osamuyi. En el mes de julio de 2007, pocos meses después de que aquel avión con destino a Nigeria aterrizara en Alicante con el cadáver del joven inmigrante, el Ministerio del Interior –dirigido entonces por Rubalcaba– aprobó un Protocolo de Actuación para las repatriaciones. Dicha normativa incluye el uso policial de guantes de látex, lazos de seguridad, mascarillas sanitarias, monos para vestir a los expulsados que los necesiten, cascos de autoprotección para los repatriados violentos, que impidan que se autolesionen, cinturones y prendas inmovilizadoras homologadas, cinta reforzada, etc. Determina además la asignación de una zona segura en el aeropuerto o puerto de salida para garantizar un agrupamiento discreto.
El Jefe del Dispositivo –continúa el Protocolo– informará a los repatriados, haciéndoles saber que redundará en su beneficio cooperar plenamente con los escoltas. (…) No se tolerará ningún comportamiento perturbador (…). Todos los repatriados serán sometidos a un cacheo personal meticuloso. (…). Si hubiera que enlazar a algún adulto será previamente separado de los menores.
* La firma colectiva de este texto expresa el amplio proceso de colaboración entre diversos colectivos sociales en lucha contra las fronteras. Organizaciones sociales de Valencia, Madrid o Asturias han aportado información imprescindible para la reconstrucción de estos hechos. También ha sido esencial el testimonio de varias de las personas deportadas, con las que hemos podido conversar desde sus localidades de origen en Senegal.
Entre el 5 y el 8 de diciembre, en Madrid, las resistencias contra la política migratoria española se reforzarán aún más a través del Encuentro Estatal contra los CIE.
La Marea
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