El Corte Inglés siempre ha sido reacio a dar información sobre cómo funciona su negocio, cuál es su modelo de gestión o cómo le afecta la crisis. Hasta ahora no estaba obligado a ello y se limitaba a comunicar sus resultados anuales al finalizar cada mes de agosto, coincidiendo con su junta anual de accionistas.
Sin embargo, su decisión de acudir a la bolsa de Irlanda para realizar una emisión de bonos de 600 millones de euros, a través de su división Financiera El Corte Inglés, le ha obligado a retratarse. Y, a veces, las fotografías sorprenden. Por ejemplo, llama la atención que la Financiera comunique que tiene en cuenta criterios como ser inmigrante, especialmente de América Latina, o trabajar en la construcción a la hora de conceder crédito a sus clientes.
eldiario.es ha accedido a estos criterios dado que en la Irish Stock Exchange figura el folleto de la compañía en el que se recogen las explicaciones necesarias para realizar la emisión de bonos de principios de noviembre, cuando está fechado el documento. Para ello, se creó una sociedad vehículo constituida expresamente para esta finalidad: Secucor Finance 2013. Esta sociedad es la que canaliza la emisión de bonos con la que se titulizan los préstamos concedidos a los clientes y el derecho de cobro de sus famosas tarjetas.
Este medio se ha puesto en contacto con la compañía, que no ha querido realizar valoraciones sobre el informe que explica la emisión.
Entre otros muchos detalles, la división describe que tuvo que tomar una serie de “medidas contra la crisis” para mejorar su gestión de riesgos. En concreto, desvela que, “a principios de 2009, el Comité de Crédito de FECI [Financiera El Corte Inglés] analizó la actual crisis económica (a la luz de la recesión y el creciente desempleo) y, después de consultar con el equipo gestor de FECI y recibir su visto bueno, implementó una serie de medidas para controlar el crédito [de la Financiera] y su riesgo operativo”.
Tres factores de riesgo
Para tener bajo control el riesgo crediticio al valorar la concesión de crédito a sus clientes, lo que hizo fue llevar a cabo “la adopción de medidas destinadas a controlar diferentes parámetros: límites, sectores de actividad (de trabajo) y nacionalidades”.
El parámetro más llamativo es el de la nacionalidad. “Los últimos años se han visto grandes movimientos migratorios en todo el mundo y en España en particular, que ha recibido un significativo número de inmigrantes extranjeros. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2012 había 5.711.040 extranjeros viviendo en España. Estos inmigrantes tienden a ser particularmente vulnerables a las crisis económicas y muchos de ellos trabajaban en la industria de la construcción. Especial atención merecen los solicitantes (que procedan) de América del Sur”.
La política de nacionalidad está muy detallada, ya que también se explica a los inversores que, “en los últimos años, muchos extranjeros han normalizado su status de inmigración, cambiando su certificado de residencia por Documentos Nacionales de Identidad. Esto ha dado lugar a dificultades en la comprobación automática de los informes de la oficina de crédito, dado que la búsqueda de un nuevo número de DNI puede no contener registros de morosidad, aunque estos incumplimientos pueden aparecer con la búsqueda del nombre y apellidos de los solicitantes.
Esta situación fue discutida en junio del 2011 con el Banco de España, en una reunión de la Central de Información de Riesgos del regulador español (CIRBE). El Banco de España confirma que son las entidades las que controlan la morosidad de sus clientes, independientemente de si tienen tarjeta de residencia o DNI, a través de sus propios registros y que pueden cruzar datos a través de la propia CIRBE.
Con todo, ser inmigrante y trabajar en la construcción eleva el riesgo, ya que el ladrillo se convierte en una actividad que pondera de forma negativa a la hora de conceder este medio de pago. “Con la situación creada por el impacto de la crisis económica que afecta al mundo en general (y a España en particular, por el impacto de la burbuja inmobiliaria) se consideró que el sector de la construcción en su conjunto y las profesiones asociadas a él eran extremadamente vulnerables. Estos sectores, en particular, se han tenido en cuenta en la revisión de los procesos de aprobación”, apunta sin dar más detalles.
Además, Secucor Finance explica al regulador irlandés que, a principios de 2009, la Financiera modificó su política de concesión de tarjetas, estableciendo un gasto tope a determinados clientes a partir del que se bloquea su uso. Un límite que, según señala, quedó fijado en un importe medio de 600 euros, aunque en el citado informe también matiza que este gasto tope puede variar entre los 300 y los 900 euros.
A finales de 2012, cerca del 22% de los clientes con tarjeta de la empresa presidida por Isidoro Álvarez tenían fijado un límite de gasto. En concreto, 2,32 millones de tarjetas no podían comprar más de lo permitido. Según la última memoria de El Corte Inglés, al finalizar el pasado ejercicio, tenía emitidas 10,5 millones de tarjetas entre sus clientes.
La financiera en manos de Santander
Financiera El Corte Inglés fue constituida como tal en noviembre de 1995, aunque sus tarjetas de crédito existían mucho antes. Hasta ahora ha sido una pata más de su actividad para “satisfacer las necesidades del grupo, por lo que casi todo el negocio que genera es dentro de las actividades de las compañías del grupo”, según asume en el documento a la Bolsa de Irlanda. “Por ello, algunas de las estructuras [de la Financiera] pueden diferir de las que tienen los establecimientos financieros de crédito (…). Alcanzar sus objetivos no está relacionado con aspectos estrictamente financieros, dado que éstos son considerados actividades suplementarias para conseguir los objetivos estrictamente comerciales del grupo El Corte Inglés, en la medida en la que los aspectos comerciales tienen prioridad en la gestión del grupo”.
Sin embargo, este aspecto financiero puede saltar al primer plano, dado que el Banco Santander llegó a un acuerdo el pasado 7 de octubre para hacerse con el control de la mayoría del accionariado de Financiera El Corte Inglés. En concreto, a través de su división Santander Consumer, el banco presidido por Emilio Botín se hará con el 51% de sus acciones mientras El Corte Inglés mantendrá el 49% restante. Además, la entidad financiera controlará cuatro de los siete puestos del consejo de administración, mientras que la empresa de grandes superficies se reserva los otros tres.
En el informe de Secucor Finance 2013 también se recuerda que esta operación está sujeta a recibir el visto bueno de las autoridades de Competencia y que, una vez cuente con él, espera cerrarla en el primer trimestre de 2014.
Tanto la emisión de bonos en Irlanda como la pérdida del control de su negocio financiero se enmarcan en el proceso de refinanciación de deuda y desinversiones (ha vendido sus participaciones en IAG e Inversis) que El Corte Inglés ha llevado a cabo a lo largo de los últimos meses y que ha dado por concluido hace unas semanas con la refinanciación de más de 4.900 millones de euros a través de un préstamo sindicado con 27 entidades financieras, encabezadas por el Banco Santander.
elDiario.es
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