Los vuelos especiales de deportación de migrantes no son ninguna novedad. El ministerio del Interior nos ha acostumbrado, cada principio de año, a una rueda de prensa en la que el ministro de turno –llámese Rubalcaba o Fernández Díaz– desgrana los éxitos de la lucha contra la inmigración ilegal. Es curioso el frívolo efecto de las cifras: casi nadie se escandaliza de las más de veinte mil personas ahogadas en la Frontera Sur mientras trataban de cruzarla; o de las más de seis mil personas desaparecidas en este mismo tránsito. Sin embargo, siempre es posible dedicar una lágrima y miles de imágenes televisivas a una de las tragedias que forma parte del genocidio fronterizo: Lampedusa.
En el caso de las deportaciones, las cifras globales del ministro no sólo generan indiferencia. A veces incluso provocan el aplauso. Al fin y al cabo, la media de 11.367 deportaciones anuales en los últimos cinco años (2008-2012) es uno de los logros presentados por Jorge Fernández en el balance de la lucha contra la inmigración irregular.
¿Dedicaremos una lágrima a cada uno de los vuelos que hacen posible la expulsión de miles de personas? ¿Nos sentiremos atravesadas un instante por el testimonio de Cheikh, senegalés, esposado y apaleado por la policía española a los pies del avión? ¿Nos compadeceremos efímeramente de Javi, colombiano, mientras nos cuenta que ha sido deportado después de 12 años? ¿O seremos capaces de romper el círculo vicioso del máximo sentimentalismo y la máxima indiferencia para decir basta? Visibilizar no es suficiente. Sólo si utilizamos la prolija información sobre los vuelos para ponerles freno, la tarea de investigarlos cobrará algún sentido.
En ello estamos. La campaña estatal contra los CIE ha relatado los pormenores de los últimos cuatro vuelos de deportación de los que hemos sabido. Dos a Senegal (26 de septiembre y 19 de noviembre), uno a Nigeria (3 de diciembre) y el último –el del 11 de diciembre– a Ecuador y Colombia. En los últimos tres vuelos se ha podido, además, anunciar por anticipado la fecha de la deportación. Y hemos sacado algunas conclusiones generales.
La triple procedencia de las personas deportadas: son llevadas por la fuerza hacia Barajas desde los CIE, las cárceles o los calabozos de las comisarías. La caza de inmigrantes mediante redadas por nacionalidad en las semanas, días e incluso horas previas al vuelo programado. La violencia policial ejercida contra las personas migrantes, que sobrepasa lo autorizado por el ya de por sí ignominioso protocolo para las repatriaciones. La complicidad de los gobiernos de los países de origen, que dan el visto bueno a los vuelos, completan la documentación de las personas deportadas y, en casos como el nigeriano, reciben a sus nacionales en la propia embajada inmovilizados por las muñecas por la policía española. El negocio del grupo Globalia, y concretamente de su empresa Air Europa, que se expande a costa de sustituir turistas por personas deportadas. Entre sus dueños, Juan José Hidalgo y Abel Matutes, ex ministro de Aznar.
Últimas informaciones del vuelo del día 11: en él fueron deportadas unas cien personas, sesenta colombianas y cuarenta ecuatorianas, mayoritariamente hombres. Hubo dos escalas: Quito y Bogotá. En el aeropuerto de Barajas y hasta dos horas después del despegue todas las personas expulsadas fueron inmovilizadas con bridas de plástico. Antes, al menos una parte de ellas sufrió cacheos y un desnudo integral. Durante el viaje, solamente podían hacer sus necesidades a la vista de su escolta, que les llevaba del brazo y les impedía cerrar la puerta del aseo. La caza en los días previos se parece a la de vuelos anteriores: a un colombiano que debía presentarse el 1 y 15 de cada mes en la comisaría por tener una orden de expulsión –había pasado 55 días en el CIE de Zapadores–, esta vez le dijeron que se presentara el día 9. Sobre la marcha fue atrapado y encerrado en el calabozo; a la espera de juicio, le dijeron. La noche del 10 al 11 de diciembre, a las 4 de la mañana, entraron en el calabozo con una linterna y se lo llevaron. Ahora está en Colombia. Tuvo que pedir dinero para llegar a casa, pues le dejaron en el aeropuerto de Bogotá sin una sola pertenencia.
Parar los vuelos. Este es el reto. Impidiendo, mediante nuestra solidaridad, que ninguna persona sea deportada en un vuelo comercial (hay decenas de ejemplos de deportaciones suspendidas gracias a la resistencia pasiva de las víctimas de la expulsión y al apoyo recibido de personas del pasaje, que se niegan a que el vuelo salga con una persona llevada por la fuerza). Iniciando una campaña estatal contra todas las empresas del grupo Globalia, entre ellas Air Europa, Viajes Ecuador, Halcón Viajes, Be Live y Travelplan. Presionando a los colaboracionistas gobiernos de los países de origen de las personas deportadas. Y, por supuesto, señalando al responsable principal, el Gobierno español y su ministro del Interior. Que nunca más pueda recibir el aplauso por sus éxitos en política migratoria. Y que sus cifras no generen nunca más indiferencia. Más bien un sentimiento a medio camino entre el asco y la rabia. Y que eso nos dé fuerza.
Paremos los vuelos de deportación.
Rebelion.org
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