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El pleito por una pelea entre dos excónsules de Venezuela acaba en un embargo en la cancillería

Golpes, tirones de pelo, patadas, arañazos y desmayos en la sede diplomática de Venezuela en Vigo. 

Ocurrió en 2007 y ha salido a la luz más de seis años después a raíz de un auto judicial que ordena el embargo de bienes del consulado para hacer frente a los honorarios del despacho de abogados que representó a una de las implicadas en la pelea. El relevo institucional en octubre de 2007 se convirtió en una reyerta entre la consulesa saliente y la delegación entrante.
El asunto se trató con la más estricta discreción, pese a que las denuncias cruzadas fueron investigadas durante cuatro años por el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo, y la supuesta agresora tuvo que prestar declaración en dos ocasiones. En noviembre de 2011, después de la incomparecencia de la imputada y la imposibilidad de localizarla, se decretó el archivo de la causa.

Los hechos se remontan al 10 de octubre de 2007 cuando Belkys Llamira Cedeño Ocariz -jueza de Caracas destituida unos meses antes por abuso de autoridad- llegó a la ciudad para tomar posesión del cargo de cónsul general por nombramiento del actual presidente, Nicolás Maduro, entonces ministro del Poder Popular para la Relaciones Exteriores del Gobierno Bolivariano de Venezuela. En aquel momento, la titular de la oficina diplomática era Jeanet Miño Rosales, nombrada tres años antes y que aquel día se encontraba en la oficina de Marqués de Valladares (ahora la sede se encuentra en la calle Velázquez Moreno). Al desconocer su sustitución -así lo aseguró en su primera declaración para realizar el acta de denuncia verbal-, se opuso al relevo alegando que no había recibido ninguna comunicación oficial.

La discusión entre ambas diplomáticas acabó con la expulsión de Jeanet Miño de la sede oficial mediante coacciones, pero ésta regresó con una cámara de fotos para "identificar" a las cuatro personas que habían irrumpido en el consulado. Y del intercambio de insultos se pasó a las manos. Siempre según los autos judiciales a los que ha tenido acceso FARO, Belkys Llamira y sus ayudantes se abalanzaron sobre ella y empezaron a forcejear para arrebatarle la cámara de fotos. La reyerta acabó con la primera en el suelo desmayada, lo que obligó a trasladarla en una ambulancia hasta Povisa para ser atendida de las heridas.

Una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía acudió al consulado, pero no accedió para evitar un conflicto diplomático mayor, ya que se trataba de un lugar con territorialidad venezolana.

El informe médico forense relata que sufría una "contusión cérvico-occipital, contusiones en la mama derecha y el quinto dedo de la mano derecha, erosiones en los antepiés y rotura de uñas de manos", además de una crisis de angustia. En diagnóstico posteriores se le apreció "síndrome postraumático reactivo con cuadro de tipo ansioso-depresivo", por lo que necesitó un total de 120 días para alcanzar la "estabilidad lesional".

La causa judicial instruida por el juzgado vigués obligó a Belkys Llamira a prestar declaración en dos ocasiones. Durante el interrogatorio alegó que la cónsul entrante y su hija le habían tirado del pelo y también agredido. Además, testificó que Jeanet Miño había fingido un desmayo. Tras las denunciadas cruzadas, la nueva cónsul fue la única imputada por un delito de lesiones y el Consulado de Venezuela contrató los servicios del despacho de abogados de Javier Álvarez Blázquez.

El pleito derivó en múltiples acciones judiciales, entre otras dos recursos de reforma, una de apelación, declaraciones y comparecencias en el juzgado. En ese tiempo, Belkys Llamira fue relevada como cónsul en Vigo y finalmente el juzgado dictó un auto, con fecha del 16 de noviembre de 2011, en el que decretó el archivo de la causa por prescripción del delito, así que su representante legal emitió una minuta de 2.178 euros como honorarios (actualmente reclama otros 710 euros por costas, gastos e intereses).

Todos los intentos para el cobro de los servicios fueron infructuosos, por lo que el despacho presentaron una reclamación judicial que ha finalizado este mismo mes con una orden de embargo. Según recoge un nuevo auto emitido el pasado 15 de enero el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vigo, el Consulado de Venezuela tiene diez días para que "manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución". La misma resolución advierte de que "en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobendiencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas". El Consulado de Venezuela puede ahora interponer recurso de revisión en el plazo de cinco días, aunque el juzgado advierte de que "carecerá de efectos suspensivos".

 - Faro de Vigo

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