La crisis protagoniza los discursos de los gobernantes desde su inicio. Sin embargo, los inmigrantes, uno de los colectivos más afectados por la recesión económica, se descolgaron de las prioridades de los políticos. Las leyes en materia de inmigración han permanecido dormidas, sin cambios, y los fondos para favorecer su integración se han reducido en ocasiones a cero. Otras normas generales, como la reforma sanitaria, incluso los han excluido aún más del resto de la sociedad.
Es el panorama que presenta el Anuario de la Inmigración en España 2013, elaborado por el CIDOB, con el patrocinio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Diputación de Barcelona. La crisis sigue siendo un tema central del séptimo informe del centro investigador (con el que ha colaborado la Fundación ACSAR y la Ortega-Marañón), porque marca de manera especial la vida de los extranjeros residentes en España.
La tasa de paro de la población inmigrante, en torno al 36%, supera en diez puntos la de los españoles. "Además, no cuentan con las mismas redes que los nacionales", apunta Joaquín Arango, uno de los directores del estudio.
El anuario apunta al Gobierno central y a las Comunidades Autónomas como responsables de una especie de "inacción" en materia de extranjería. El reglamento aprobado en abril de 2011 por el Gobierno Socialista no ha sido modificado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Sin embargo, con la misma ley, "sí se puede decir que hay una progresiva actuación mucho más restrictiva de la Administración. Por ejemplo por reagrupación familiar o por arraigo", afirma David Moya, otro de los directores del informe.
Las nacionalizaciones, por ejemplo, han frenado notablemente durante la crisis económica. Mientras que de 2009 a 2010 se incrementaban en un 55,43%, en 2011 descendieron un 7,37%. En 2012, hubo un leve incremento del 0,84%. En cuanto a las reagrupaciones familiares, 2008 supuso un pico de 150.101 permisos que ha descendido hasta los 118.568 de 2012, el dato más bajo desde 2007.
Moya distingue por otro lado una serie de legislaciones generales, como la reforma del sistema sanitario o el real decreto que regula las tasas judiciales, que han tenido graves consecuencias para los inmigrantes. La primera, supuso la retirada de la tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas,y ha dado lugar a la confusión en centros sanitarios y a un gran número de irregularidades. La segunda, limita las posibilidades de recurso de los inmigrantes, a menudo involucrados en procesos administrativos.
Por otro lado, los responsables del anuario echan en falta medidas profundas, "no solo coyunturales", en materias como el control de fronteras. "No se resuelve simplemente con la reimplatación de concertinas o el recurso a la fuerza policial", recoge el anuario.
María Jesús Herrera, jefa de misión de la OIM España, ha recordado que las políticas de inmigración son complejas, pero necesarias. En su opinión, los Gobiernos deben crear con su gestión un marco adecuado, porque de este modo " se evita la inmigración irregular y se ahorra el coste humano" que deja sus huellas en las vallas de Ceuta y Melilla.
La escasez presupuestaria es otro de puntos por los que se desinfla el apoyo a los inmigrantes. "El Gobierno ha suspendido el Fondo Social para la Integración. Se ha quedado a cero", indica David Moya. En opinión de Joaquín Arango, "la integración se estaba produciendo antes de la crisis" y, ahora, que es cuando más hacen falta, no deberían limitarse. Los portavoces se suman a la perspectiva de recuperación económica para pedir al Gobierno que vuelva a dotar de recursos a estas partidas.
Nuevos perfiles de la inmigración
En 2012, la población española se redujo por primera vez en 17 años. Además del envejecimiento de la población y una tasa de natalidad en continua caída, el retorno de inmigrantes a sus países de origen y la disminución de las llegadas tuvo mucha culpa de ello. De las 600.000 entradas de 2008 se pasó a las 280.000 en 2012. Joaquín Arango, en cambio, no resta importancia a la inmigración: "Muchos siguen viniendo, aunque sean más los que se van", dice.
La migración exterior de españoles suele acaparar la atención de los medios por su carácter novedoso, pero Arango recuerda que es un flujo minoritario. Desde el inicio de la crisis, "los españoles que emigran suponen entre un 12% y un 15% del total", según los cálculos del centro investigador. Además, la falta de datos estadísticos complica la valoración real de este movimiento.
Lo que sí llama la atención son los cambios en el perfil de los extranjeros residentes en España. "Los que se van y los que vienen no son idénticos", apunta. Caracteriza a la población inmigrada como: "Más envejecida, más feminizada (el número de mujeres ya supera al de hombres), y más educada y cualificada, porque los que se van son sobre todo jóvenes, que vinieron recientamente y estaban menos asentados, y porque la crisis está golpeando a los menos cualificados".
En este sentido, destaca una inmigración cada vez más basada en núcleos familiares, según el estudio. Por dos razones: los inmigrantes que tienen una familia establecida en el país son más proclives a permanecer, y entre los flujos de entrada nuevos, "los que lo hacen por razones familiares suponen aproximadamente la mitad", dice Arango. El peso de la reagrupación familiar sobre el conjunto de primeros permisos expedidos cada año ha pasado en España del 39% en 2007 al 53% en 2012, según el informe.
En cuanto al envejecimiento de la población, el estudio muestra que el año pasado supuso una acentuación de la pérdida de población joven inmigrante en edad de trabajar, iniciado en 2009.
No obstante, a pesar del asentamiento en España y de la cada vez más alta formación, una de las conclusiones del estudio apunta a que los extranjeros residentes en España son, en términos medios, pobres. La mayoría de los venidos de fuera ocupan los escalones inferiores de la pirámide ocupacional y salarial. Además, el especial impacto de la crisis, ha provocado que Ramón Majía y Rafael de Arce, redactores del capítulo sobre el tema en el informe, concluyan que " la pobreza relativa y la privación material es el estado mayoritario entre la población extranjera".
Destacan significativamente las diferencias según los países de origen en este punto. La última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) señala una renta disponible en torno al 15% inferior a la de los españoles para los extranjeros provenientes de la UE y de cerca del 40% para los de terceros países.
Fuente: | eldiario.es
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