Ilegales se empadronan en España desde sus países de origen para usar nuestros servicios sanitarios

La descoordinación y despreocupación de los ayuntamientos llega al extremo de negar los datos del padrón a los cuerpos de seguridad del estado, no solo a los encargados del área de extranjería, sino también a las unidades encargadas de investigar casos de terrorismo y delincuencia organizada

Sabíamos que el grado de permisividad con la inmigración ilegal en España había llegado a consentir que en una misma vivienda figurasen empadronados decenas y decenas de inmigrantes sin ningún tipo de control. Pese a que con motivo de las regularizaciones masivas efectuadas por Caldera se alzaron voces pidiendo una revisión de la Ley de empadronamiento para que fijase un límite en el número de personas empadronadas en una misma vivienda, para evitar fraudes y el fenómeno de los pisos patera, en el que decenas de ilegales se hacinan pagando su estancia por horas, nada se ha hecho al respecto.

Ahora, en otra muestra más del descontrol que caracteriza a nuestro país en materia de inmigración, la Policía Nacional ha detectado que muchos ayuntamientos a la hora de inscribir en el padrón municipal a inmigrantes no se preocupan en comprobar, no solo si son residentes legales o ilegales, sino algo tan elemental como si efectivamente son quienes dicen ser y si residen efectivamente en algún domicilio del termino municipal.
Estas facilidades son aprovechadas según diversos sindicatos policiales, preferentemente por magrebíes, para empadronarse y obtener tarjetas sanitarias españolas sin haber pisado jamás territorio español. Según los agentes, algunas de estas personas usan la documentación así obtenida bien para establecerse en nuestro país o simplemente para utilizar el sistema sanitario español cuando les conviene.

La descoordinación y despreocupación de los ayuntamientos llega al extremo de negar los datos del padrón a los cuerpos de seguridad del estado, no solo a los encargados del área de extranjería, sino también a las unidades encargadas de investigar casos de terrorismo y delincuencia organizada, amparándose la ley de Protección de Datos. Los grupos delictivos que negocian con la inmigración irregular han averiguado que no existe conexión entre la policía y los registros municipales y se están aprovechando de ello para hacer un negocio del que se desconoce su dimensión.

La policía ha detectado dos métodos para lograr empadronarse a distancia y hacerse con una tarjeta sanitaria española. Uno de ellos, por el que se pagan hasta 8.000 euros a los intermediarios que consiguen los papeles, consiste, a grandes rasgos, en que el magrebí que desea estos documentos envía su pasaporte por correo a un compatriota residente en España, que es quien le suplanta y le empadrona. A continuación, tramita la tarjeta sanitaria y finalmente devuelve por correo la documentación a su titular. De esta forma, un extranjero que nunca ha estado en España consta como empadronado, logra que corra el tiempo a su favor para su regularización y si viaja a la Península puede mostrar en la frontera documentos que certifican que ya tiene domicilio en España
El otro supuesto, que demuestra hasta que punto ha llegado la negligencia y permisividad de nuestras autoridades, se da entre marroquíes y argelinos de buena posición social, tales como funcionarios, militares, profesores, propietarios de negocios medianos, taxistas, etcétera. En este caso, los interesados obtienen un visado turístico de los consulados de España o Francia en sus países de origen. Con la visa viajan hasta aquí y se instalan en zonas turísticas. La policía cita como ejemplo Benidorm. Entonces se empadronan y tramitan su correspondiente tarjeta sanitaria.

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