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En la Comunitat residen actualmente un total de 131.398 inmigrantes extracomunitarios sin la documentación pertinente. “Pese a esta situación, el presidente Zapatero ha puesto sobre la mesa una Ley de Extranjería que no resuelve los principales problemas y menos en tiempos de crisis”, ha significado el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco.
En este sentido, Rafael Blasco ha señalado que “de nuevo el Gobierno socialista pretende hacernos creer que aporta soluciones a asuntos como la inmigración ilegal cuando lo único que verdaderamente hace es dejar frentes abiertos y cuestiones por arreglar”. “Lo único que sí es cierto –ha continuado el conseller- es que España sigue siendo el principal coladero de la inmigración ilegal de Europa”.
El responsable de Inmigración ha insistido también en que se trata de un cuerpo legal que permite que “continúe el descontrol y el desorden en los flujos migratorios y no define la voluntad y orientación del Gobierno de España en esta materia”.
Blasco ha querido apuntar también que “una ley tan relevante como ésta no es posible hacerla sin un consenso real”. “Son las autonomías las que asumen los costes de la atención de las personas independientemente de su situación legal, las que les ofrecen la acogida, les aseguran ámbitos tan básicos como la sanidad o la educación”, ha añadido Rafael Blasco.
Falta de mecanismos que favorezcan la integración
Otro de los puntos a los que ha hecho referencia el conseller Blasco es “la laguna de este texto en materia de integración. Zapatero se olvida de ello, aunque la UE lo aconseje de forma continuada”.
Finalmente, Blasco ha calificado la ley como “insuficiente, carente de consenso social, que invade competencias de las autonomías y deja fuera a los principales actores de la integración, los municipios”. Al respecto destacan las propias declaraciones del Consejo Económico Social que ha lamentado que no se haya contado con los interlocutores sociales para su elaboración.
En la Comunitat residen actualmente un total de 131.398 inmigrantes extracomunitarios sin la documentación pertinente. “Pese a esta situación, el presidente Zapatero ha puesto sobre la mesa una Ley de Extranjería que no resuelve los principales problemas y menos en tiempos de crisis”, ha significado el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco.
En este sentido, Rafael Blasco ha señalado que “de nuevo el Gobierno socialista pretende hacernos creer que aporta soluciones a asuntos como la inmigración ilegal cuando lo único que verdaderamente hace es dejar frentes abiertos y cuestiones por arreglar”. “Lo único que sí es cierto –ha continuado el conseller- es que España sigue siendo el principal coladero de la inmigración ilegal de Europa”.
El responsable de Inmigración ha insistido también en que se trata de un cuerpo legal que permite que “continúe el descontrol y el desorden en los flujos migratorios y no define la voluntad y orientación del Gobierno de España en esta materia”.
Blasco ha querido apuntar también que “una ley tan relevante como ésta no es posible hacerla sin un consenso real”. “Son las autonomías las que asumen los costes de la atención de las personas independientemente de su situación legal, las que les ofrecen la acogida, les aseguran ámbitos tan básicos como la sanidad o la educación”, ha añadido Rafael Blasco.
Falta de mecanismos que favorezcan la integración
Otro de los puntos a los que ha hecho referencia el conseller Blasco es “la laguna de este texto en materia de integración. Zapatero se olvida de ello, aunque la UE lo aconseje de forma continuada”.
Finalmente, Blasco ha calificado la ley como “insuficiente, carente de consenso social, que invade competencias de las autonomías y deja fuera a los principales actores de la integración, los municipios”. Al respecto destacan las propias declaraciones del Consejo Económico Social que ha lamentado que no se haya contado con los interlocutores sociales para su elaboración.
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