SEGÚN los resultados de un estudio, elaborado en Dinamarca y presentado por la Organización Internacional de las Migraciones, los marroquíes residentes en España se encuentran entre los de nivel económico más bajo en comparación con otros países europeos. De los 3.300 millones de dólares anuales que envían en divisas, corresponde el 3,8 por ciento a los residentes en España frente al 48,6 por ciento de los de Francia y el 11,8 de Italia. Marruecos basa gran parte de su desarrollo económico y social en ese dinero que llega procedente de sus emigrantes. Casi el 8 por ciento de la población reside en el extranjero. Ese hecho ha permitido que más de un millón de marroquíes hayan escapado de la miseria gracias a sus familiares residentes fuera de su país. Europa contribuye así al desarrollo de Marruecos y, a la vez, se beneficia de los efectos de una mano de obra que escasea entre sus nacionales por la baja tasa de natalidad y por la tendencia a despreciar los trabajos menos cualificados.
Estos datos no dejan de tener una significativa repercusión para nuestra nación. Dada la proximidad entre los dos países, no deja de ser natural que la clandestinidad y la marginalidad afecten más a España que a otras naciones europeas. Pero el hecho posee consecuencias para nuestra seguridad, como han revelado los atentados del 11 de marzo. La situación de pobreza y la marginación que ésta provoca hacen a la población marroquí residente en España mucho más vulnerable a la captación de por parte del fundamentalismo islámico. Las raíces del terrorismo islamista no se encuentran principalmente en la pobreza. Para corroborarlo, basta contemplar la extracción social de Bin Laden y del resto de los cabecillas de las organizaciones terroristas. Pero estas redes buscan sus militantes y ejecutores entre los sectores marginales de la inmigración musulmana. Los bajos ingresos y la situación de clandestinidad hacen de la inmigración marroquí en España objetivo preferente y vulnerable para los intereses integristas.
Estos hechos aconsejan y, más aún, obligan a las autoridades españolas a ejercer un control de la inmigración y a exigir al Gobierno de Rabat la máxima colaboración para evitar que la clandestinidad constituya un tránsito hacia la actividad terrorista. Una cosa es la solidaridad entre los pueblos y la lucha contra las tendencias xenófobas y otra la permisión de una situación de marginalidad que constituye el caldo de cultivo del que se nutren las redes del fundamentalismo islámico.
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