OPINIÓN
CARLOS GÓMEZ GIL/
Qué ocurriría si alguien dijera que toda la población que vive en las comunidades de Cantabria, Navarra y La Rioja juntas es irregular, que todas estas personas, aunque hagan una vida normalizada, habiten viviendas, trabajen y vayan sus hijos al colegio todos los días, no existen? Con seguridad pensaríamos que se ha vuelto loco, ya que ni España ni ningún otro país puede mantener una situación similar. Sin embargo, en España existen alrededor de 1.200.000 inmigrantes irregulares (la misma población que en estas comunidades autónomas), a los que al denominar como sin papeles reducimos a simples sombras, a pesar de que viven junto a nosotros, con sus familias, llevando muchos de ellos una vida normalizada.
En primer lugar, hablar de sin papeles exige matizar, ya que las tipologías, situaciones y formas de vida pueden ser muy diferentes. Resumiendo mucho, no son iguales aquellos inmigrantes que nunca han tenido su documentación que los que, habiéndola tenido en alguna ocasión, la han perdido; los que no han podido renovar sus papeles por no reu- nir todos los requisitos que los que están en situación de ilegalidad; los que aun estando regulares trabajan en condiciones ilegales que aquellos que están a la espera de resolución administrativa, por poner algunos ejemplos. La solución y la respuesta a estas situaciones requiere analizar sus itinerarios personales y de inserción laboral, así como sus posibilidades de arraigo y normalización social.
Sin ninguna duda, la creación de importantes bolsas de inmigrantes en situación irregular es uno de los mayores problemas que padecen las sociedades occidentales, y también España. Es una de las cuestiones más relevantes que tiene que afrontar cualquier política de extranjería y, desde luego, uno de los principales retos de los nuevos responsables socialistas. Una exigencia inicial para abordar este problema es abandonar posiciones demagógicas, tan frecuentes hasta ahora, no sólo por parte de responsables políticos sino también de muchas organizaciones sociales.
Hay que decir con claridad que la producción de inmigrantes irregulares en cualquier país depende de factores extremadamente complejos. Algunos de ellos pueden abordarse por medio de las políticas nacionales, como la creación de mecanismos ágiles y eficaces de obtención de permisos de residencia y de trabajo; la existencia de una regulación legal clara, sencilla y eficaz en materia de extranjería; una correcta adecuación entre demanda y oferta de mano de obra; la reducción de la economía sumergida; o un adecuado funcionamiento de los trámites administrativos y de las oficinas de extranjeros. Todas estas cuestiones son desafíos pendientes para el nuevo Gobierno socialista, pero también hay otros factores que no están en su mano y que inciden en la creación de bolsas de sin papeles en los países occidentales, estimulados por el proceso de globalización y la transnacionalización de las relaciones internacionales y económicas.
Por ello, en todos los países hay siempre un porcentaje variable de inmigrantes irregulares que ninguna legislación y ningún proceso de regularización va a eliminar de forma completa, como bien ha demostrado la experiencia española. Esto debe llevar a revisar muchos discursos grandilocuentes oídos en los últimos años que nos garantizaban situaciones idílicas a partir de algunas de las leyes aprobadas en España recientemente. Pero también debería conducir a una mayor responsabilidad por parte de algunas organizaciones no gubernamentales que vienen defendiendo regularizaciones sin límite y sin criterios cada año, porque con ello se conseguiría poner a cero el contador y eliminar este problema. No sólo no es así, sino que los continuos procesos de regularización extraordinarios que en España se han llevado a cabo han traído a muchos otros inmigrantes, con la certeza de que tarde o temprano acabará habiendo alguna regularización.
De esta forma, la intervención sobre este problema clave en la política de inmigración debe hacerse teniendo en cuenta que nunca se va a conseguir eliminar esta bolsa de sin papeles de manera completa, por lo cual deben articularse mecanismos flexibles, ágiles y particularizados que permitan aligerar estas bolsas de irregulares y evitar que crezcan hasta niveles insostenibles. Para ello, en lugar de procesos amplios, generalizados y sistemáticos de regularización, deben ponerse en marcha dispositivos individuales de regularización que atiendan a factores como la existencia de vínculos familiares, las posibilidades reales y constatables de inserción en el mercado de trabajo, el horizonte de autosuficiencia económica, así como la existencia de un arraigo social y ciudadano traducido a elementos demostrables.
Desde todos los puntos de vista, siempre es mejor que los inmigrantes que ya están entre nosotros haciendo una vida normalizada tengan la documentación adecuada y puedan trabajar legalmente, con derechos y obligaciones, cotizando al erario público y al sistema de Seguridad Social, que tener a más de un millón de personas reducidas a simples sombras, que hacen lo que pueden para sobrevivir, ganarse la vida y eludir los controles policiales y administrativos. Al mismo tiempo, la situación de irregularidad de estas personas es un caldo de cultivo para todo tipo de situaciones de abuso, explotación y marginalidad que conviene evitar. Encontrar un equilibrio entre la aplicación de las leyes y la reducción de estas bolsas de marginalidad es, por tanto, todo un desafío, que exige realismo, sensatez y responsabilidad.
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