En unas jornadas organizadas por el CERMI
La posibilidad de acudir hoy a participar en la inauguración de esta jornada sobre inmigración y discapacidad constituye un momento especial para mi. Los muchos amigos que se encuentran en esta sala y que me conocen bien, saben que no exagero. Siento al CERMI y a sus organizaciones como mi casa. Así se me brindó y así la acogí. Durante cuatro años he dedicado buena parte de mi trabajo, desde luego toda mi ilusión, a situar en el centro de la vida política los derechos de las personas con discapacidad. Con mejor o peor fortuna sentí que era una batalla compartida con muchas personas y que, además, era una tarea pendiente que este país no se podía permitir demorar por más tiempo.
Así ha sido y yo tengo la confianza que esta legislatura sea la de la discapacidad, en la que se lleve a cabo un salto delante de la magnitud del que aspiramos todos aquellos que compartimos este objetivo, desde los propios discapacitados y sus familias hasta los muchos amigos que andamos por distintos lugares. La voluntad del Presidente del Gobierno - otro gran aliado para el empeño - me ha llevado a otras responsabilidades pero les aseguro que no pierdo ni por un instante mi vinculación con el sector de la discapacidad ni mi compromiso con su apuesta. Es fácil, por todo ello, comprender la especial significación de la que para mi dispone que me hayan invitado a esta jornada y tener la ocasión de compartir algunos momentos con todos ustedes. Saben que siempre encontrarán en mi a una amiga.
Además, y de manera muy sincera, quiero felicitar al CERMI por la iniciativa y el contenido mismo de esta jornada que es muy sugerente. Estamos hablando de un ámbito donde su entrecruzan dos colectivos de una importancia numérica relevante y, en cambio, en torno al cual disponemos de muy escasa información. Comenzando por el propio numero de aquellos inmigrantes que sean discapacitados. He indagado sobre las informaciones cuantitativas a disposición de la administración y ciertamente, tal y como ya preveía, los resultados brillan por su ausencia. He visto que, más tarde, a lo largo de la jornada, un buen amigo como Antonio Jiménez Lara, realizará una aproximación a la realidad demográfica en este ámbito y aunque no voy a poder escucharle si les confieso que tengo interés por conocer sus conclusiones.
Voy a centrarme fundamentalmente en los inmigrantes en situación administrativa de irregularidad. No dudo que el inmigrante que vive en la legalidad también presenta una situación especifica con respecto al conjunto del colectivo, derivada de su condición migrante y tengo la seguridad que así será contemplado en el desarrollo de la jornada. Sin embargo, en lo básico comparte situación con prácticamente tres millones y medios de personas con discapacidad que viven en España. Podemos decir que sufren en términos similares la misma discriminación y que comparten el objetivo de hacer prevalecer los derechos que le son conculcados.
Donde nos hallamos con una situación de especial vulnerabilidad con respecto al conjunto de los colectivos de los que forman parte - inmigrante y discapacitado - es en el caso del sin papeles, de quien vive en la irregularidad. Una situación que, aunque no impide su acceso a la sanidad y a la educación, si lo hace a otras prestaciones sociales comenzando por las que se derivan de su propia condición de persona discapacitada. En este sentido, debemos dar paso a una reflexión sosegada, que tenga en cuenta las distintas dimensiones de un fenómeno como el de la inmigración, que no es sencillo, que requiere de rigor y prudencia.
Miren, formo parte de un Gobierno que hace de la lucha contra la irregularidad, contra la inmigración clandestina, uno de los objetivos estratégicos de su política de inmigración. La inmigración irregular es un fenómeno perverso que tiene como víctimas tanto a las sociedades de acogida como a los propios inmigrantes que son presa fácil de los profesionales de la extorsión y el trafico de personas.
No va a existir permisividad del Gobierno en torno a unas prácticas de esta naturaleza y durante los próximos años vamos a incrementar los medios materiales y los recursos humanos para combatirlas con toda la energía. La semana pasada he visitado Marruecos para mantener distintas reuniones de trabajo y he podido constatar en enorme interés del Gobierno de aquel país por incrementar la cooperación en el terreno de la lucha contra la inmigración clandestina.
Por tanto, no podemos sustraernos a la consideración de la irregularidad como fenómeno indeseable y perjudicial a combatir que, sin embargo, no equivale a ignorar la realidad de las personas que viven entre nosotros en esa situación. De un lado, disponen de derechos como son los de la asistencia sanitaria o educativa que no les van a ser negados. De otro, sin embargo, es cierto que su acceso a otras prestaciones, como citaba antes, se halla limitado, lo que en el caso de las personas con discapacidad plantea una cuestión grave en tanto pueden carecer del acceso a servicios que a ellos les resulten esenciales.
La solución a esta situación dista de ser sencilla porque el acceso ilimitado a las prestaciones sociales - me refiero ahora a las personas en situación de irregularidad en general - sería un factor objetivo de atracción, de fomento de la propia irregularidad y, como tal, no se contempla en ningún país.
Esta realidad nos lleva a una reflexión más amplia sobre la situación de cierta invisibilidad que caracteriza al inmigrante sin papeles en nuestras sociedades y ciertamente sin una salida fácil porque, si normalizásemos la presencia del irregular en todos los aspectos de nuestra vida pública, entonces perdería valor un concepto como el de legalidad cuya vigencia es crucial y ganarían de paso los interesados en que los niveles de inmigrantes irregulares sigan creciendo para su propio beneficio.
Así pues, abordamos una dimensión importante de un fenómeno como el de la inmigración que crece en importancia cada día y que conformará la vida colectiva de nuestras sociedades a lo largo de las próximas décadas. A mi modo de ver, tenemos que ser capaces de definir un tratamiento que contemple una cierta singularidad para una persona inmigrante discapacitada de tal modo que se le garantice el acceso a servicios y prestaciones que son imprescindibles para el desarrollo de su vida sin por ello dar lugar a una situación de excepcionalidad permanente con respecto al colectivo inmigrante en general. Si lo hemos hecho con la sanidad o la educación, debemos hacerlo con aquellas prestaciones que son básicas para un determinado colectivo.
El Gobierno está trabajando por poner orden a través de una gestión acertada en un ámbito que en nuestro país, a lo largo de los últimos años, ha estado presidido por el desorden, por la falta de eficacia en las políticas públicas. Les aseguro que estamos dispuestos a abordar también las situaciones específicas que se nos plantean como parte de la nueva realidad migratoria, como es el caso de los inmigrantes discapacitados.
Lo que no vamos a hacer es huir de los problemas, ignorarlos como se ha venido haciendo. Es posible encontrar soluciones pero previamente debemos partir del conocimiento de la propia realidad que nos rodea. Y la inmigración es tan nueva entre nosotros, presenta una configuración tan compleja y diferente que creo que todos consideramos que apenas estamos iniciándonos en su conocimiento, que ignoramos más de lo que sabemos.
Estamos dispuestos, insisto, a trabajar seriamente con las organizaciones para dar la respuesta que merecen las situaciones singulares pero, estoy segura que lo comprenderán, en el marco de las líneas directrices que marcan la política de inmigración del Gobierno; esto es, lucha contra la irregularidad, fomento de la canalización de la inmigración legal y promoción de la integración social de los inmigrantes en nuestra realidad. Es así como queremos abordar un fenómeno del calado del migratorio.
Y permítanme que insista en la importancia que adquiere que seamos capaces de transmitir todos, no ya solo el Gobierno sino el conjunto de la sociedad, un mensaje claro y nítido que pueda contribuir a disuadir al potencial inmigrante de emprender una aventura tan costosa hacia le irregularidad. El precio a pagar es muy alto, nada más y nada menos que el de sumergirse en una situación de franca vulnerabilidad, de desprotección y con seguridad de marginalidad. Aquí nos hallamos con una responsabilidad colectiva de la que nadie debería sustraerse.
Es por ello por lo que valoro muy positivamente está jornada sobre inmigración y discapacidad que organiza el CERMI a quien le ofrezco mi plena disposición para mantener un dialogo fluido que nos permita avanzar en la búsqueda de respuestas a las nuevas realidades.
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