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Regular la inmigración

EL discurso y comportamiento político del PSOE con la inmigración es otro ejemplo más de las contradicciones entre las propuestas electorales presentadas y la acción de Gobierno. Por ejemplo, el Ejecutivo ha tenido ya tiempo de comprobar la imposibilidad del “papeles para todos”. Hablamos además de una cuestión que debería ser una política de Estado, fruto del consenso y por encima de intereses partidistas.

No cabe duda de que España es un país que necesita la inmigración. Son muchos más los casos de integración que de rechazo o intolerancia, en un contexto en que la libertad de tránsito y movilidad de las personas es fundamental. Ahora bien, toda organización social precisa de unos requisitos mínimos que regulen y aseguren las libertades y convivencia.

Ningún inmigrante que viene a trabajar y ganarse la vida quita el empleo a nadie. Algo sobradamente demostrado. La inmigración favorece la economía donde se instala por múltiples causas; entre otras porque se ubican en empleos donde la brecha entre oferta y demanda es mayor y porque aportan importantes dosis de iniciativa y capital humano.

La ilegalización de cualquier actividad crea mercados negros, fraude, contrabando y crimen. Ningún país democrático parece dispuesto a castigar duramente a personas cuyo único delito es querer venir a trabajar. Por tanto, el futuro pasa por ampliar y mejorar administrativa y organizativamente la inmigración legal, mediante convenios de contratación cuya selección se realice en el país de origen, y desarrollar una política lógica y selectiva de los contingentes de inmigrantes, favoreciendo a países como los iberoamericanos que, por comunidad cultural e histórica, más fácilmente se pueden integrar en nuestra sociedad.