BUCAREST.- El ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha confirmado que el Gobierno español impondrá una moratoria máxima de dos años a la entrada de trabajadores rumanos y búlgaros en España.
Caldera, que el viernes inició una visita oficial de dos días a Rumanía y Bulgaria junto al titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que la moratoria se aplicará con flexibilidad teniendo en cuenta las necesidades del mercado laboral español.
Aclaró que la moratoria se podría levantar el próximo año si no se producen "alteraciones" en el mercado de trabajo y si los flujos migratorios siguen como hasta ahora. Para ello, el ministro señaló que consultaría la medida con los agentes sociales y las autoridades rumanas y búlgaras.
Rumanía y Bulgaria entrarán en la UE el 1 de enero de 2007, por lo que sus ciudadanos podrán desplazarse y trabajar libremente en cualquier país comunitario. Otros países, como Francia, Reino Unido e Irlanda también han impuesto medidas para hacer frente a una posible avalancha de trabajadores búlgaros y rumanos.
En la actualidad, se calcula que en España hay un total de 200.000 trabajadores rumanos y unos 25.000 de origen búlgaro que a partir del 1 de enero serán ciudadanos de la Unión Europea y ya no necesitarán un permiso de residencia, al igual que ocurre con el resto de los Estados miembros.
Los búlgaros y rumanos residentes en España que ya cuenten con un contrato de trabajo podrán mantener su situación, mientras que los que carezcan del mismo deberán solicitar un permiso durante el primer año de la moratoria.
Valoración de los sindicatos
El responsable de inmigración del sindicato CC.OO, Julio Ruiz, ha calificado de "acertada" la moratoria por ser de una "coherencia total" con la trayectoria de la construcción europea, dado que ha sido aplicada a todos los países que se han incorporado a la Unión en las distintas ampliaciones.
Ruiz recuerda que esta moratoria también fue aplicada en su día a España cuando se acordó su incorporación a la UE, en concreto, un total de siete años, que finalmente se vieron reducidos a seis. Asimismo, destacó que esta decisión "conecta perfectamente con la reflexión trasladada al Gobierno" por parte de los agentes sociales.
El responsable de CC.OO. no quiso especular sobre la posible revisión de esta medida y el levantamiento de la misma, el año que viene. A su juicio, esta decisión es "un problema del Gobierno" que, llegado el momento, deberá considerar la necesidad de consultarla con los agentes sociales. [AGENCIAS | ELMUNDO.ES]
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