G. L. A.
MADRID. El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de sendas Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales en las misiones diplomáticas permanentes de España en Ecuador y Ucrania, con el objetivo de facilitar la contratación en origen, regular los flujos migratorios y combatir el tráfico ilegal de personas.
Estas dos consejerías son una iniciativa «piloto» que, si funciona adecuadamente, se extenderá a otros países y servirá de embrión para la «administración en red» que el Gobierno quiere implantar a través de una Agencia Nacional de Inmigración y Emigración.
La elección de Ecuador responde al «creciente incremento» de inmigrantes procedentes de este país, que representan ya el segundo colectivo más importante en España. En cuanto a Ucrania, el Ejecutivo ha detectado un «importante aumento» de llegadas de sus nacionales que, según apunta, «ha generado una importante repercusión en nuestro mercado de trabajo».
La Consejería en Ecuador, que tendrá sede en Quito, incorporará las funciones de la actual sección de Trabajo y Asuntos sociales de la embajada. En cuanto a la de Ucrania, que se establecerá en Kiev, tendrá por objeto preferente «canalizar y regular los flujos migratorios, así como colaborar en la gestión de los procedimientos de adopción infantil». Ambas consejerías dependerán del Ministerio de Trabajo y Asuntos Scoiales, que dirige Jesús Caldera.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó ayer que la III Conferencia de Presidentes celebrada el jueves acordó crear una Conferencia Sectorial para analizar todos los problemas derivadas de la inmigración y que las comunidades autónomas podrán participar en la futura Agencia Nacional.
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