Cientos de rumanos y búlgaros se agolpan frente a una comisaría madrileña en busca de la ansiada regularización. El bulo de que existían «cupos» cerrados para obtener la tarjeta comunitaria ha provocado avalanchas y disturbios
Luis Boullosa
Las colas frente a la comisaría de la calle General Pardiñas son constantes cada mañana
MADRID- En Rumanía no se hacen ilusiones. Saben, como declaraba su presidente hace poco, que la progresiva integración en la UE no va a ser «un milagro», sino un «proceso gradual». En la «Rumanía» española (unos 400.000 inmigrantes, muchos de ellos trabajando de forma irregular), sin embargo, quieren el milagro y lo quieren ya. Y la mayor parte de ellos residen en la Comunidad de Madrid (130.000 a enero de 2006, sólo superados por los ecuatorianos).
Para comprobarlo basta con echar un vistazo a la multitud de -no sólo rumanos, también búlgaros- que desde el día dos atesta la céntrica calle de General Pardiñas y sus inmediaciones. Allí se encuentra la Comisaría General de Extranjería, donde deben entregar los formularios que son la vía para su legalización como trabajadores por cuenta ajena en España. Colas inteminables dan la vuelta a la manzana a la espera de lo que llevan años buscando. El problema, como de costumbre en estos casos, es la falta de información por parte del Gobierno. Muchos no saben lo que necesitan exactamente o no son conscientes de los privilegios y restricciones exactos que implica la adhesión de su país a la UE.
Colas y desmayos
Hasta antesdeayer no se repartieron folletos explicativos de la situación escritos en rumano. Finalmente, se personó también un interprete, que ha hecho un poco más fluida la relación entre la masa de gente y los funcionarios encargados de atenderles.
Los momentos de tensión, sin embargo, no han faltado. Gente que espera en las gruesas colas sin comer ni dormir ha sufrido desmayos y ha habido algún que otro conato de trifulca con la Policía Nacional, que intenta mantener el orden en la zona. La situación, a grandes rasgos, es la siguiente: cualquiera que se presente puede regularizar su situación adquiriendo la tarjeta de régimen comunitario, que permite estar legalmente en nuestro país. Sin embargo, aún teniendo la tarjeta, el estado español mantiene una moratoria de dos años (hasta 2009)para el libre tráfico de trabajadores por cuenta ajena. Es decir, todavía se necesita una autorización especial para tener un empleo asalariado en España.
Lo demás es ya libre: la residencia es ya completamente legal; los decretos de expulsión incoados por residencia irregular en España se van a revocar (excepto, claro, aquellos cuya causa sea de orden público). Por último, el mecanismo de la «reagrupación familiar» ha dejado de tener sentido, pasando a usarse el procedimiento normal que usan los países de la Comunidad para estas situaciones.
Otro de los errores comunes entre los que se agolpaban a las puertas de la comisaría era pensar que existían cupos para la legalización, lo que las autoridades se encargaron oportunamente de desmentir. Era un bulo.
Autónomos
En las limitaciones del Tratado de Adhesión, además, no están incluidos, además, los trabajadores autónomos. De este modo, rumanos y búlgaros podrán ser autónomos sin más trámites que los habituales: cursar su alta en la Seguridad Social directamente con su pasaporte .
En todo caso, el hecho es que pese a todas estas ventajas, los rumanos de la Comunidad están mayormente contratados por cuenta ajena, muchos de ellos de manera irregular. Y son multitud. En Alcalá de Henares hay unos 30.000. En Coslada 9.000. Desde la Unión Hispano-Rumana de Alcalá, se explicó que a la prensa que debido a que la política de inmigración es administrada por tres ministerios (Trabajo, Interior y Administraciones Públicas) se está registrando un «desfase» en las autorizaciones, y que la solución de los expedientes puede durar hasta nueve meses. [Larazon.es]
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