La inmigración no es el problema

elperiodicodearagon.com

La postura del Ayuntamiento de Vic de no empadronar los inmigrantes que no estuvieran regularizados con un empleo, aunque desechada tras el informe en contra de la abogacía del Estado, ha ocasionado la reaparición de un debate sobre la inmigración, muy peligroso cuando el desempleo ha pasado a ser el primer problema de los ciudadanos y el sentimiento de que los escasos trabajos a repartir deben ser para los autóctonos, está a flor de piel. Cuando la racionalidad debe primar, el PP aprovecha la circunstancia para desgastar al Gobierno con mensajes como "no cabemos todos", o esto es consecuencia del "papeles para todos", " hay que reformar la ley de extranjería" aprobada hace apenas un mes por abrumadora mayoría en el Congreso, para prohibir por ley la regularización; parece ser que desconocen el pacto sobre Inmigración y Asilo de la UE suscrito por España.

Como ya es costumbre, los dirigentes populares, sin calcular las consecuencias sobre los intereses generales del país y sin tomarse siquiera la molestia de perfilar sus alternativas, hacen populismo con el único interés de sacar réditos electorales. Ya lo hicieron en la campaña de las elecciones generales pasadas cuando Mariano Rajoy propuso un contrato para que los inmigrantes asumieran nuestras costumbres, confundiendo derechos y deberes que deben ser iguales para todos, con costumbres. El hecho real es que la inmigración en España ha pasado de suponer el 1´8% hace diez años, menos de un millón, al 12% de ahora; hemos pasado de ser un país emisor a receptor de casi seis millones de personas.

HAN SIDO UN ACTIVO importante de nuestro desarrollo con una enorme voluntad de trabajo, claramente reflejada en la alta tasa de actividad, cercana al 77,5%, veinte puntos por encima de la media de la población autóctona. Ellos cubren gran parte de las actividades agrícolas, de atención a las familias, de construcción, hostelería, transporte y otros muchos oficios del sector servicios que difícilmente cubríamos con nuestros trabajadores. Ellos son responsables de un 30% del crecimiento de nuestro PIB en estos últimos años.

Pero además, han resuelto en parte, uno de los problemas históricos de nuestro mercado de trabajo, la escasa movilidad geográfica y funcional: ellos por la necesidad de trabajar y por el escaso arraigo familiar, cuadruplican a los autóctonos en la disponibilidad para desplazarse por toda la geografía española, lo que en esta época de crisis supone mayor disponibilidad para ocupar huecos del mercado laboral en su lucha contra el desempleo. De la misma manera la mayor preparación de algunos de ellos no les ha impedido asumir empleos menos cualificados y mejorar paulatinamente. Cuantas familias de nuestras clases medias han visto en ellos la ayuda para cuidar a nuestros hijos y mayores.

Pensar en la reactivación económica estigmatizándolos o culpándoles de la crisis, es un disparate que crece en todos los países receptores de inmigración, los prejuicios que valoran a los inmigrantes como personas que quitan el trabajo a los autóctonos, están a la orden del día. Todos los organismos internacionales alertan sobre este peligro que puede generar tensiones xenófobas y dificultades para mantener la cohesión social. Es obligación de las instituciones públicas y de la sociedad civil, combatir estas ideas, evitar mensajes que señalen a la inmigración como causante o agravante de la crisis. Por eso es inoportuna la posición de algunos ayuntamientos cuando justifican la limitación de los empadronamientos por el aumento de costes en los servicios (sanidad y educación sobre todo) porque hacen diferencias entre población autóctona e inmigrante cuando más precisa mejorar la convivencia, gestionar la diversidad y potenciar la integración.

Situar la inmigración entre los principales elementos del debate electoral como dice Alicia Sánchez Camacho, responsable del PP en Cataluña, es muy arriesgado para el conjunto de la sociedad, sacar un puñado de votos por esa vía, es de un populismo soez.