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En las habitaciones hay ropa por todas partes y de las paredes cuelgan recortes de periódicos con fotografías del Barça. En cada cuarto duermen dos o tres chicos, en camas separadas. Son ocho, en total. Cada noche, uno se encarga de preparar la cena, que toman después del último rezo. Todos son subsaharianos musulmanes y llegaron a España cuando tenían entre 13 y 16 años, tras pasar por madrasas escuelas coránicas de Mali y Senegal. "Somos religiosos, pero no extremistas, tranquilo", bromea uno. En España, han estudiado para ser jardineros, carpinteros o soldadores.
Sólo tres de ellos han conseguido su permiso de residencia. Almamy, maliense de 19 años, era, hasta la semana pasada, el único que tenía papeles en esta casa de acogida.
"¿Por qué nos tratan distinto a los tres si hemos pasado por los mismos sitios?"
La Delegación del Gobierno en Madrid ha tardado dos años en darles sus papeles a otros dos melienses, Bamjougou y Amadou, de 19 y 20 años, con los que Almamy compartió el cayuco que les llevó a Canarias, en 2006. La Comunidad de Madrid los acoge desde que llegaron, en 2007, cuando todavía eran menores de edad.
"¿Por qué nos han tratado distinto a los tres si hemos pasado por los mismos sitios? Tus papeles no dependen de la ley, sino del funcionario que te toque", se queja Bamjougou. En 2008, a Amadou le llegó su permiso, pero caducado.
La Ley de Extranjería obliga a documentarles al cumplir los 18, pero "la dejadez de unos funcionarios los ha condenado a la irregularidad todo este tiempo", según denuncia Fernando Saleta, presidente del Colectivo La Calle, la ONG que les ha dado acogida y educación desde que llegaron.
La Delegación del Gobierno en Madrid dice que documenta a todos los menores
Sin papeles, los chicos han vivido con "un miedo permanente a la policía y a las expulsiones", explican. La falta de documentación los privó del derecho a trabajar. No obstante, la Delegación del Gobierno insiste en que les va dando documentación "a todos".
La ley obliga al Gobierno a expedir "tres permisos de residencia sucesivos [de uno, dos y otros dos años, respectivamente] desde que se les identifica, y uno permanente después", explica Saleta. La condición es llevar nueve meses en el país y tener un informe favorable de su integración del tutor. Las principales asociaciones que trabajan con menores extranjeros denuncian que la Comunidad de Madrid incumple sistemáticamente este proceso cuando cumplen 18 años.
Desde que los menores llegan a una comunidad autónoma, la ley da un plazo de nueve meses para recopilar su documentación y remitirla a la Delegación del Gobierno, que tiene seis meses para expedir los certificados de residencia. Los tres chicos presentaron su documentación un mes antes de su mayoría de edad.
Formación desaprovechada
Ahora, son la envidia de la casa. "Con el resto de chicos, el Gobierno está echando el trabajo que hemos hecho a la basura, al no documentarles", denuncia Saleta. El ánimo de los otros cinco muchachos está por los suelos.
"Almamy recorre todos los días los polígonos repartiendo su currículo, pero nunca pasa de las entrevistas. Yo, sin permiso de trabajo, ni lo intentaba. Te mentiría si te dijera que buscaba trabajo, porque hacía tiempo que había perdido la esperanza", explica Bamjougou.
Almamy anda ahora agobiado porque su permiso de residencia vencerá el próximo mes y teme volver a quedar indocumentado. Su padre tiene casi 80 años y sigue trabajando como agricultor en Mali. El hombre vendió los caballos, vacas y ovejas que tenía para costearle la travesía en cayuco y, de vez en cuando, le pregunta si puede mandar algo de dinero a la familia. "En cuatro años, no he conseguido trabajar. Mi familia está peor que cuando me marché y no tienen dinero para comer", lamenta el chaval.
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