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La Plataforma Granadina de Inmigrantes 18 de Diciembre ha reclamado este martes al subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, que "cese el acoso y las redadas policiales" que se están llevando a cabo en los lugares frecuentados por personas extranjeras, como los locutorios y las zonas de ocio.
El colectivo ha hecho esta petición al subdelegado en el transcurso de un encuentro mantenido este martes por la para abordar diversos asuntos que preocupan a las personas inmigrantes que residen en Granada, como el citado "acoso policial" y el mantenimiento de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES).
A su entender, estos lugares "retienen a personas inmigrantes que no han cometido ningún delito" y cuentan con el respaldo de la Unión Europea, a la que acusan de "haber legalizado la retención de extranjeros hasta un máximo de 18 meses, siendo así criminalizados y vulnerados sus derechos".
En esta línea, también solicitan al Gobierno que abra vías adecuadas para que los representantes de las asociaciones de extranjeros tengan acceso al Centro Penitenciario de Albolote (Granada) o a los centros de internamiento de Motril y Málaga para "visitar y atender a los personas retenidas, sea cual sea su nacionalidad".
La Plataforma Granadina de Inmigrantes 18 de Diciembre también ha abordado con el subdelegado varios asuntos relacionados con las próximas elecciones municipales, y ha solicitado que se facilite el procedimiento para que los colectivos autorizados a votar puedan hacerlo con la incorporación automática al censo electoral correspondiente.
También piden que se rebaje de cinco a tres años la antigüedad de residencia legal requerida para ejercer el derecho al voto. Asimismo, este colectivo reclama que se amplíe el derecho a votar a todos los colectivos inmigrantes, ya que es aquí donde residen y por tanto donde, a su entender, deben escoger a sus representantes políticos.
Por último, la Plataforma ha expuesto al subdelegado el modo en que la crisis está afectando más duramente al colectivo inmigrante, ya que el empeoramiento de las condiciones y los derechos laborales les está dificultando renovar su permiso de residencia al no tener cotizados los días necesarios.
"Eso significa que va a pasar a una situación de vulnerabilidad administrativa y legal un buen número de personas que serán presas de la economía sumergida, carecerán de derechos sociales y laborales, sumándosele además, la amenaza constante de la expulsión", advierte desde la Plataforma.
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