España da el portazo a los inmigrantes

Cuando faltan 35 días para las elecciones locales y autonómicas, las corrientes intestinales han prevalecido sobre las intelectuales, y el Gobierno ha aprobado un Reglamento de Extranjería que hará la entrada y la vida imposible a los inmigrantes que no tengan trabajo. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero quiere evitar que la derecha utilice el espantajo de la inmigración para atraer hacia el PP lo que llaman “el voto de las tripas”.

El mensaje de que “España es un coladero” y las leyendas de que “los inmigrantes nos quitan el trabajo”, se benefician de la sanidad y de los servicios sociales sin pagarla y “tienen más derechos que nosotros”, no sólo alienta el odio y la xenofobia, sino que se ha demostrado eficaz para atraer el voto hacia la “derecha extrema” y la extrema derecha. La campaña del PP catalán es el antecedente inmediato. La exigencia del Grupo Popular para que se prohíba la “reagrupación familiar” es recurrente en el Congreso.

El reglamento que ahora desarrolla la ley de Extranjería de 2009 ha sido acordado por el Gobierno con la patronal y los sindicatos. Su borrador fue distribuido también a los gobiernos autonómicos para que hicieran sus aportaciones. Los gobernantes del PP emitieron algunas críticas y “ninguna propuesta”, según el Ejecutivo, que finalmente ha optado por regular la “entrada y residencia legal” vinculándola “a las necesidades del mercado de trabajo en nuestro país”. Quiere esto decir que, lleguemos o no a esos cinco millones de parados que barrunta Valeriano Gómez, la norma supone un portazo audible desde Eurasia a América Latina y el norte de África.

Aunque el Ejecutivo reconoce que en los dos últimos años “se ha producido un notable descenso de la llegada de inmigrantes”, que representan el 12% del conjunto de la población, se ha esmerado en el cerrojazo, vinculando la llegada y residencia de inmigrantes al mercado de trabajo. “Cuando hay menos demanda de empleo, la Ley no permite nuevas entradas de trabajadores inmigrantes”, ha establecido textualmente. Y ha articulado el portazo del siguiente modo:

1.—El inmigrante tiene que llegar a España con un contrato de trabajo desde su país de origen. 2.—La autorización de entrada no tendrá eficacia si no se produce el alta del trabajador en la Seguridad Social durante los tres meses de vigencia del visado. 3.—Para poder seguir en España después de un año de su llegada, el inmigrante tiene que demostrar que se ha mantenido en el mercado de trabajo o que tiene derecho a prestación. 4.—El arraigo es una medida extraordinaria que se aplica caso a caso, pero no es ni debe ser una norma general. 5.—Se establecen los medios económicos que debe tener un empleador para poder contratar a un trabajador extranjero. 6.—Se establece también el mínimo de ingresos que se exigirá a los inmigrantes para residir en España y para solicitar la reagrupación familiar, y se actualizará anualmente. 7.—Se quiere evitar el mal empleador, de modo que si incumple el contrato firmado con el trabajador extranjero, no podrá volver a contratar a ningún inmigrante en los tres años siguientes.

Eso sí, “para atraer investigadores y personal altamente cualificado”, el reglamento establece “un mecanismo ágil”, la tarjeta azul, que favorece al Estado y a las empresas. Y para que vean que no todo son restricciones, se “flexibilizan” las renovaciones de residencia, se “posibilita” la presentación de documentos por Internet, y se afirma que “los inmigrantes no tendrán que presentar los documentos que ya obren en poder de las administraciones”. Las dos primeras afirmaciones son deletéreas y la última ni siquiera entre Hacienda, la Seguridad Social y el Catastro.

La norma detalla la protección de las mujeres inmigrantes en situación irregular cuando denuncian explotación sexual y malos tratos. Aunque la ley paraliza las expulsiones hasta que el juez se pronuncie, el Ejecutivo reconoce que muchas mujeres explotadas sexualmente y maltratadas no denuncian por temor al desamparo y la expulsión. El reglamento también dispone la devolución de los menores no acompañados a “su entorno sociocultural”. Y a los que se queden en España con una autorización de residencia, “se les facilitará documentación cuando cumplan 18 años”.

Para animar a marcharse voluntariamente a los que han perdido el empleo –más de un millón desde 2008–, el reglamento les promete se respetarán y contabilizarán a todos los efectos los derechos adquiridos si deciden volver en el futuro, pues “no es justo que esa gente que ha ayudado al crecimiento se vaya y nadie les reconozca lo que han hecho y se les equipare con los que vienen por primera vez”, razona el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba.

La norma trata de evitar la presencia de apátridas. En España, como en la mayor parte de los países, rige el ius sanguinis –los hijos tendrán la nacionalidad de los padres aunque nazcan en un país distinto–, pero en algunos países se aplica el ius soli, por lo que el recién nacido en otro país que no sea el de la nacionalidad de sus padres queda sin nacionalidad y se convierte en apátrida. Para evitar esto, en España se les da desde hace años la nacionalidad española. Pero cuando los padres están en situación irregular o clandestina no es posible aplicar el precepto. Para resolver el asunto, el nuevo reglamento establece que si los progenitores en situación irregular demuestran que tienen un menor a su cargo, le cuidan y conviven con él, recibirán una autorización de residencia temporal. Esta “excepcionalidad” se ha concedido a 78 progenitores desde 2004.

A pesar del fuerte portazo a los inmigrantes y de la intensa actividad policial de control de fronteras y captura y expulsión de los irregulares, el portavoz parlamentario del PP en la materia, Rafael Hernando, insiste en que la norma “es insuficiente” y “los centros de internamiento quedan en el limbo”. Como se sabe, Interior amplió hace un año a 40 días el periodo de devolución para resolver el problema de las personas indocumentadas sobre las que hay que averiguar el país de origen.

Mientras, las organizaciones de inmigrantes denuncian la “opacidad” y falta de “consulta” con la que han elaborado un reglamento que convierte a las personas en mercancías y que les afecta directa y negativamente. Las asociaciones reclaman la regularización de todas las personas que no tienen papeles y solicitan la desaparición de los centros de internamiento, al tiempo que critican la “visión utilitarista”, egoista y despiadada de la norma. “Somos personas, no mercancías”, denuncian en un comunicado que han suscrito 84 asociaciones.