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«¿Acaso somos europeos de segunda?»

 - La Nueva España - -

Angélica Hostiu, de 25 años, y su marido, Stefan Bloanca, de 33 años, llegaron a Asturias desde Rumania hace cuatro años, cuando el país ingresó en la Unión Europea y su tratado de adhesión establecía una moratoria de siete años para que sus trabajadores pudieran circular libremente por la UE. En 2009, España decidió levantar esta moratoria, pero recientemente, en plena recesión, la Comisión Europea ha reimplantado el permiso de trabajo a los nacionales rumanos que quieran venir a trabajar a España por cuenta ajena. La medida, que no afectará a los trabajadores de nacionalidad rumana que residan ya en España y estén dados de alta en la Seguridad Social o inscritos en el paro, consistirá en la tramitación de una autorización previa basada en la existencia de un contrato laboral. Las trabas para que los rumanos trabajen fuera de su país vuelven a estar vigentes y ni a Angélica Hostiu ni a Stefan Bloanca les parecen justas. «¿Acaso somos menos europeos que los demás?», se cuestionan molestos.

Angélica Hostiu y Stefan Bloanca llegaron a España con su hija de 2 años, alentados por las recomendaciones de un amigo, también rumano, que llevaba años viviendo en Asturias. «Al principio, cuando vienes, haces lo que te dicen, firmas los contratos con confianza, no hablas el idioma. Luego espabilas, hablas con los demás y te das cuenta de que se dan irregularidades», explica Angélica Hostiu. La joven no está de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea de avalar la restricción española a los trabajadores rumanos y se pregunta por qué solamente se les aplica a ellos. Hostiu cree que esta medida lo único que hace es aumentar las ilegalidades. «¿Ahora el trabajo y la mano de obra barata, que tanto han solucionado a España en los últimos años, ya no sirven?», pregunta.

Los trabajadores rumanos son los extranjeros más numerosos en España. En julio había unos 299.006 rumanos afiliados a la Seguridad Social. En Asturias la crisis no cerró la llegada de inmigrantes en 2010, casi 50.000, aunque a menor ritmo. Además, los rumanos son el colectivo de extranjeros más numerosos. Se calcula que unos 8.000 de ellos viven en el Principado, una cifra que se dispara si se tiene en cuenta a los que residen en la región en situación irregular.

Stefan Claudio es rumano, tiene 33 años y vive en Asturias desde hace cuatro años. En Rumania estudió Electromecánica y Derecho, pero aquí trabajó de camarero, panadero o en la construcción. A sus 33 años explica que en su país de origen «los precios son como los españoles, incluso más caros, pero se cobra menos. Es más fácil vivir aquí, pero aquí no te valoran», remata. «Si eras médico allí, aquí serás limpiadora», explica Angélica Hostiu. Stefan Claudio ha conseguido cotizar dos años a la Seguridad Social y actualmente tiene abierto un proceso judicial contra su último jefe ya que aunque el joven afirma haber trabajado a jornada completa, los papeles le muestran inscrito a jornada parcial. «Es una situación desgraciadamente usual entre algunos inmigrantes», explica Iuliana González-Argüelles, presidenta de la Asociación de Rumanos en Asturias (ARA).

González-Argüelles llegó hace quince años a España desde Rumania, cuando el país no se imaginaba que podría llegar a entrar en la Unión Europea. La joven, que años después se casó con un asturiano y se asentó en Gijón, vino buscando trabajo con su carrera de Traducción e Interpretación debajo del brazo como mejor carta de presentación. Empezó a trabajar en Madrid como personal de tierra para distintas aerolíneas españolas, y afirma que ella, gracias a las telenovelas que se retransmitían en castellano en su país, pudo aprender el idioma antes de venir y no tuvo mucha dificultad para encontrar trabajo gracias a sus conocimientos lingüísticos.

Al igual que Iuliana González-Argüelles y otros residentes rumanos en el Principado, la decisión de la Comisión Europea de recuperar la restricción de trabajo a los rumanos ha sido recibida con recelo entre las asociaciones de rumanos en España. Miguel Fonda, presidente de la Federación de Asociaciones Rumanas en España (Fedrom), opina que la medida no se enfrenta al verdadero problema: la economía sumergida. Fonda reitera que solamente las personas sin ninguna vinculación con la Seguridad Social se van a sentir afectadas. «No nos gusta la nueva ley», explica. «Algunos empresarios españoles están ganando mucho dinero con la economía sumergida, y la Inspección de Trabajo ha desaparecido», considera Miguel Fonda.

La decisión tampoco ha gustado a las organizaciones agrarias, que protestan ante la falta de tiempo existente para tramitar toda la documentación y resaltan la importancia y el alto rendimiento de estos trabajadores que les permiten sacar adelante la vendimia cada año. Iuliana González Argüelles asegura que la medida, adoptada en Consejo de Ministros el 22 de julio y que ha entrado en vigor el 1 de agosto, tiene carácter discriminatorio ya que al igual que Rumania, Bulgaria entró a formar parte de la UE al mismo tiempo. «Entiendo que no hay trabajo y el país quiera mirar por sus propios intereses, pero la solución se debería plantear de otra manera, los gobiernos deberían hablar entre ellos y llegar a algún acuerdo, el Gobierno rumano debería ayudar», se lamenta Iuliana González-Argüelles.

La crisis frenó el fuerte ritmo de creación de empleo en la población inmigrante residente en Asturias que se dio hasta 2008, y siguió provocando al término del año pasado un empeoramiento de sus condiciones de vida, como explica Comisiones Obreras de Asturias. La prolongación de la caída de la economía está provocando que la situación de los desempleados sea cada vez más precaria, especialmente entre la población inmigrante, que, como explica Angélica Hostiu, «no tiene el apoyo familiar con el que cuenta la población autóctona».

El último año, en Asturias, retrocedió un 5% el número de parados extranjeros que perciben prestaciones contributivas, aumentando en su lugar un 31% el colectivo que cobra el subsidio y un 24% el que carece de cobertura por desempleo. Al final del año 2010 el 63% de los trabajadores extranjeros que trabajaban en el Principado era de origen extracomunitario, y el 37% restante procedía de algún país de la Unión Europea. En septiembre de 2008 el desempleo empezó a crecer notablemente entre la población extranjera residente en Asturias, situándose los 2.327 parados que se contabilizaban en ese momento en 5.826 a finales de diciembre del año pasado, la cifra más alta de la historia de Asturias. Aun en estas condiciones, Iuliana González Argüelles afirma que en Asturias «se está bien, comparado con otras comunidades autónomas», por eso reclaman su oportunidad y que al menos puedan seguir trabajando en Asturias. «¿O es que nosotros somos diferentes?», se cuestiona.

Ler:
Primer documento del Grupo de trabajo “Auditoria Deuda de España”.

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