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La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia una ayuda encubierta a los bancos de 100.000 millones de euros

En 1990 el gobierno de Felipe González reformó la Ley del Suelo en España (ley 8/1990), con un texto refundido en 1992 que supuso una primera etapa de conversión de suelo rústico a suelo urbanizable.

En 1998, el primer gobierno Aznar vuelve a reformar la ley del suelo liberalizándolo aún más y simplificando los tipos de suelo a tres: urbano, urbanizable y no urbanizable, fijando además la siguiente premisa: que "salvo que esté expresamente prohibido por una disposición jurídica, todo suelo es, a partir de ahora, urbanizable". La finalidad era conseguir "un drástico aumento de la oferta de suelo", lo que, según el entonces ministro Arias-Salgado, se debería traducir a medio plazo en "una reducción del precio del suelo y, por tanto, de la vivienda".

Una noticia del diario El Mundo titulada "La Ley del Suelo aumentará la cantidad de terreno urbanizable" aseguraba en su subtítulo que "la nueva norma aprobada ayer pretend[ía] también abaratar la vivienda". Otro editorial de Marzo de 1998 -"Suelo barato"- del mismo diario reflexionaba sobre las consecuencias de la aprobación de la nueva Ley del Suelo del gobierno del PP, posicionándose claramente a favor de la misma.

Otros medios situados ideológicamente en posturas neoliberales publicaban informaciones parecidas, refiriéndose a la situación anterior del suelo en España como "una estricta regulación administrativa". El editorial de El Mundo concluía;

"Habrá que dar tiempo al tiempo hasta que esta iniciativa pueda dar sus frutos. Sólo entonces podremos hacer un juicio definitivo".

Cualquiera puede ahora sacar conclusiones acertadas sobre las consecuencias de esa decisiva iniciativa a largo plazo. Desde la oposición de izquierda se advertía entonces que la nueva ley favorecería la especulación inmobiliaria y aumentaría el precio de la vivienda. Efectivamente, la burbuja inmobiliaria se ponía en marcha por esas fechas.

Tras el cambio del gobierno, el PSOE aprobaba desgravaciones fiscales a la compra de vivienda entre otras medidas, contradiciendo su postura cuando era parte de la oposición al gobierno anterior y alimentado el falso modelo "productivo" que el PP había puesto en marcha en 1998. Se creaban cientos de miles de puestos de trabajo vinculados al sector de la construcción, empleos que empezaron a destruirse aceleradamente desde el estallido de la actual crisis económica internacional y de la burbuja inmobiliaria interna. Gran parte del 20% de desempleo actual proviene -sin duda- de la construcción.

Estos días, a raíz de las últimas medidas aprobadas por el nuevo gobierno Rajoy relativas a la vivienda en fechas en las que la opinión pública anda bastante distraída, la PVD ha publicado un importante comunicado que difundimos a continuación;

"La asociación de carácter estatal Plataforma por una Vivienda Digna, tras revisar el real decreto-ley de “medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público”, denuncia que contiene una ayuda de 100.000 millones de euros en avales para las entidades financieras, que no ha sido comunicada a la ciudadanía ni en la rueda de prensa, ni en el documento difundido por La Moncloa con posterioridad. Asimismo, esta asociación califica de inconcebible la recuperación de las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda con todas las recomendaciones nacionales e internacionales en contra.

Revisando el contenido del real decreto-ley publicado el 31 de diciembre de 2011 en el Boletín Oficial del Estado, se puede observar un incremento muy significativo en los límites máximos de la cuantía destinada a los avales del Estado para entidades financieras privadas, que se incrementa con esta norma hasta la cifra de 196.043 millones de euros. Si uno compara esta cifra con la del real decreto-ley precedente, en la que el importe ascendía a 115.543,5 millones de euros, se observa que, aparte de la abultada partida destinada a los avales al fondo de “Facilidad Europea de Estabilización Financiera” -que permanece invariable-, aparece un nuevo concepto (que en el anterior decreto análogo no aparecía) que va a permitir al Estado avalar y hacerse cargo con vigencia indefinida en caso de ejecución de la deuda privada –y sus intereses- por valor de 100.000 millones de euros.

En concreto, el real decreto-ley, en la disposición final decimoséptima (página 146.637 del BOE), expone textualmente:

«Con efectos de 1 de enero de 2012 y vigencia indefinida (…) b) 100.000.000 miles de euros para el otorgamiento de avales a las obligaciones económicas derivadas de las emisiones de bonos y obligaciones nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España con una actividad significativa en el mercado de crédito nacional. El aval garantizará el principal de la emisión y los intereses ordinarios. De producirse la ejecución del aval, siempre que la misma se inste dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de vencimiento de la obligación garantizada, el Estado satisfará una compensación a los titulares legítimos de los valores garantizados, sin perjuicio de las cantidades que deba abonar en virtud del aval.»

Mal, muy mal inicia la andadura el nuevo gobierno, si comienza mintiendo y ocultando información de este monumental calibre a los hastiados ciudadanos de España, peor si eso se hace en nombre de la verdad, mucho peor si es para intentar sostener con recursos públicos una situación inmobiliaria que lleva tiempo siendo y es a todas luces insostenible; y tremendamente nefasta, si esa ocultación se hace tirando por tierra las palabras del presidente Mariano Rajoy, cuando en la campaña electoral ha negado hasta la saciedad que fuese a subir impuestos y a otorgar ayudas a las entidades financieras.

Las desgravaciones, un canto de sirena que comprometerá las políticas públicas de vivienda, tan necesarias en estos momentos

Por otra parte, esta asociación ha venido reiterando en consonancia con instituciones como el BCE, el Banco de España, la OCDE, Funcas, el FMI, el Consejo Económico y Social, CCOO, la Comisión Europea y un larguísimo etcétera de organismos nacionales e internacionales de todo tipo de signo y condición, que las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda han estado en el origen del cáncer inmobiliario que ha degenerado en la brutal crisis económica que padecemos en España y por tanto, nos vemos obligados a alzar la voz una vez más criticando ferozmente el reforzamiento de estas “ayudas” y reiterando nuestra petición de que se retiren de manera paulatina y no retroactiva.

En estos momentos de excepcionalidad, además nos parece tremendamente grave que el grueso del dinero de las políticas públicas de vivienda e incentivos como el IVA al 4%, se vuelvan a focalizar en la compra de vivienda -lo que no deja realmente de ser otra ayuda a bancos y promotores en base a un supuesto fin social- cuando estos fondos debieran servir para propiciar políticas de alojamiento que paliaran la extrema urgencia en la que se encuentra ya una buena parte de la sociedad española que está soportando un paro, unos desahucios y una exclusión social fuera de todo orden. Por si fuera poco, con las tremendas cifras de desempleo y la enorme incertidumbre que está padeciendo el país, pensar que estas desgravaciones van a cumplir el objetivo de liquidar el stock de vivienda existente –el verdadero fin que persigue su “recuperación”- es una pura entelequia.

El suelo, en una eterna valoración falsa

También denunciamos que en este real decreto-ley se prorroga de nuevo la aplicación de la Ley del Suelo en cuanto a la valoración de terrenos recalificados. Otro muy mal síntoma que persevera en una política económica basada en la ocultación y falseamiento de la realidad. Los problemas jamás se resuelven ocultándolos y el que tienen las entidades financieras con un suelo pagado muy caro y que no vale nada sin viviendas construidas encima, no va a ser algo distinto. Por otra parte, valoramos como muy negativa la intención de que sea el Estado a través del “banco malo”, el que cargue directamente con las consecuencias de decisiones de financiación que en su día se basaron en la más pura codicia y especulación, sin que las personas y entidades que tomaron estas decisiones, tan dañinas para la economía española, asuman ninguna consecuencia ni la más mínima responsabilidad.

Hace años, en un comunicado en el que advertíamos de la crisis económica, social y política que iban a traer las políticas que favorecían la burbuja inmobiliaria, esta asociación a la desesperada, instó a nuestros gobernantes a pensar en el país que iban a dejar sus hijos. Redoblamos esa apuesta y ahora, cuando estamos padeciendo como nunca los resultados de tantos años de sinrazón, invitamos a nuestros gobernantes a pensar en el papel con el que se van a ver reflejados en los libros de historia, puesto que con la reiteración de unas políticas económicas tan nefastas como funestas que son un enorme y grave error, que han esquilmado y endeudado hasta límites insoportables a la población española agrandando más y más el agujero negro inmobiliario, están conduciendo a este país inexorablemente a la autodestrucción económica. Parafraseando al científico Einstein como última reflexión: “Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”.

Plataforma por una Vivienda Digna"

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