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Berlin se blinda contra los parados del Sur

El acceso a las prestaciones que Alemania concede a los parados de larga duración -conocidas como 'Hartz IV'- será más difícil en el futuro para los inmigrantes procedentes de 14 países de la Unión Europea, más Turquía, Islandia y Noruega, un colectivo que hasta ahora tenían derecho a cobrar la ayuda nada más instalarse en el país. El endurecimiento, adoptado 'silenciosamente' el mes pasado por el Gobierno de Angela Merkel, ha sido interpretado como un intento de atajar el flujo de parados procedente de países con elevadas tasas de desempleo, particularmente España, Grecia y Portugal. Los otros once socios comunitarios afectados por el 'recorte' son Bélgica, Dinamarca, Estonia Francia, Reino Unido, Suecia, Holanda, Malta Luxemburgo, Italia e Irlanda, todos ellos firmantes, junto a los países citados anteriormente, del Convenio europeo de asistencia social y médica, que data de 1953.
El Ministerio del Trabajo emitió el pasado 23 de febrero una directiva a todas las oficinas de empleo dando instrucciones de no conceder la ayuda de los parados de larga duración (mínimo de 374 euros mensuales, más alquiler, calefacción y seguro médico) a los extranjeros recién llegados. En el documento, cuya existencia fue confirmada ayer por el Gobierno, se establece un mínimo de tres meses de residencia para cobrar la prestación. No obstante, los nuevos inmigrantes sí podrían cobrar parcialmente la ayuda desde el primer día si tienen un 'minijob' o crean una empresa. En ese caso la prestación redondearía sus ingresos bajos

En Berlín, 400 españoles reciben actualmente ayuda social, 200 más que hace un año, según confirmó la Oficina de Trabajo local. «No se trata de impedir que vengan trabajadores. Es más un intento por frenar a la gente que podría encontrar un camino profesional, pero que se decanta por el camino de las ayudas sociales», explicó un portavoz del organismo,
Malas prácticas y abusos
De momento, el Gobierno se ha justificado alegando que no es su intención enviar ninguna 'señal' a nadie, sino ajustar la normativa alemana a la legislación de la Unión Europea. Alemania, explicó el Ejecutivo, está a favor de la libertad de movimiento de los ciudadanos comunitarios, pero para que ello sea factible hay que «luchar contra las malas prácticas y abusos».
El portavoz del Ministerio de Trabajo, Jens Flosdorff, negó en particular que la restricción introducida en las prestaciones sociales esté dirigida a los parados españoles o griegos, sino que subsana una discriminación entre países. Indicó que la ayuda social «diferenciaba entre los ciudadanos europeos que habían suscrito el convenio (de 1953) y los que no».
Pese a las explicaciones, la noticia choca con la 'cultura de bienvenida' promovida desde el Gobierno y con los llamamientos para atraer mano de obra cualificada. Las autoridades aseguraron el año pasado que, para sostener el crecimiento económico, Alemania precisa unos 140.000 licenciados en la rama de Ciencias, especialmente en ingeniería y telecomunicacones. Sin embargo, el Ejecutivo puntualiza que «los inmigrantes deberían venir con un trabajo, no a buscar uno».
Las reacciones no se han hecho esperar desde la oposición. «La cifra de inmigrantes que nada más llegar a Alemania solicitaron la ayuda social es casi nula», señaló la parlamentaria socialdemócrata Elke Ferner. A su modo de ver, Alemania ha retrocedido socialmente más atrás de la década de los cincuenta. Cree que la inmigración de «jóvenes griegos y españoles no es en absoluto un problema» para el sistema social germano.
La Asociación de Beneficencia Pública ha interpretado la actitud de Angela Merkel como una reacción de miedo a la posibilidad de que la rigurosa política de ahorro impuesta a Europa traiga como consecuencia una «inmigración de los más pobres».
Actualmente, el 9,8% de la población recibe la ayuda social en Alemania. Por 'länder' (regiones o comunidades autónomas), en Berlín la cobraba el 21,1% en 2011 frente al 4,4% de Baviera.

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