Una medida limitada a aquellas personas que, realmente, están siendo víctimas de la crisis económica y que, después de haberse quedado sin trabajo, son echadas de unos hogares que adquirieron para vivir, no para especular.
De hecho, el plan que aprueba hoy el Consejo de Ministros se ciñe a proteger a un colectivo muy concreto de españoles, con medidas dirigidas a permitirles seguir en su hogar o, al menos, a saldar la deuda con la dación en pago.
Ampliarlo a toda la población, además de recibir el rechazo masivo de la banca, podría desatar la picaresca y llegar a darse el caso, por ejemplo, de personas que compraron en plena burbuja que, pudiendo pagar su hipoteca ahora, decidieran saldarla devolviendo el piso y, así, al día siguiente serían libres para adquirir otro en el edificio de al lado por la mitad de precio.
Para evitar este tipo de situaciones, el plan de Guindos se ciñe a quienes realmente no tienen ningún resorte al que agarrarse, perfil que el Ministerio de Economía ha definido como aquel en riesgo de exclusión:
- Familias con todos sus miembros en paro o con un nivel de ingresos insuficiente para atender la hipoteca, ya que ésta representa más del 80%: Aquí podría encontrarse más de un millón de personas, ya que la Encuesta de Población Activa (EPA) cifra en 1,5 el número de familias con todos sus miembros en paro, aunque no todas tienen una hipoteca. No obstante, para evitar picarescas, el Gobiero establecerá un mecanismo de control que intentará evitar el falseo de datos.
- Es su primera residencia: la casa que va a ser embargada debe ser el hogar de dicha familia, lo que significa que esta medida no se aplicará a las segundas residencias.
- Carecen de otro patrimonio: tanto si es financiero como inmobiliario con el que hacer frente a la deuda
- El valor de la vivienda debe ser, como máximo, 200.000 euros: Dentro de esta horquilla se enmarcan la mayoría de las hipotecas actuales, ya que según los datos del INE, la media no alcanza los 125.000 euros.
- Adquirieron su vivienda en pleno boom inmobiliario, lo que hace que ahora el valor de ésta sea insuficiente para saldar la deuda con el banco.
Estas familias podrán empezar a beneficiarse de la dación en pago gracias a que el Gobierno ha elaborado un código de buenas prácticas por el cual, todas las entidades que lo firmen, se obligan a sí mismas a aceptar esta fórmula, a ofrecer una moratoria de dos años, a ofrecer la opción de un alquiler e, incluso, a aceptar una parte de la pérdida por la responsabilidad que tuvieron en la mala tasación de la vivienda.
Aunque este código es voluntario, el hecho de definir por ley el perfil de la familia española que no debe ser embargada pone en evidencia a aquellas entidades que decidan seguir haciéndolo.
Además, como el Ejecutivo hará pública la lista de todos los bancos que se unan, los que no se apunten quedarán en evidencia ante toda la opinión pública. Y los que suscriban la iniciativa, estarán obligados a permanecer, al menos, dos años.
Límite de inembargabilidad
Además del incentivo a la dación en pago que se aprueba hoy, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya elevó desde 633 hasta 961 euros (1.350 euros si se tiene familiares a cargo) el límite de ingresos que no puede ser embargado por el banco cuando una familia no puede hacer frente al paso de su casa.
Ésta se subasta por un precio inferior al de la hipoteca y, entonces, sigue teniendo una deuda con el banco. Para saldarla, el banco sólo podrá embargarle la parte de la nómina que sobre por encima de esta cifra (si es que sobra).
También se elevó del 50% al 60% del valor de tasación el precio a partir del cual se sacarán a subasta los pisos embargados, medida a la que ahora se sumará una reforma de las subastas, dirigida a hacer que puje el mayor número de interesados posibles, lo que hará elevarse el precio. En esta línea, se introducirán las subastas online.
Desde que comenzó la crisis, en España se han cuadriplicado las ejecuciones hipotecarias. Una estadística que esta nueva normativa podría eliminar.
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