María no tiene papeles. En 2012, trabajaba de interna en el servicio doméstico cuando fue violada por un compañero. No denunció por miedo a ser expulsada. Lourdes también está en España en situación irregular. En enero de 2013, fue violada por cinco conocidos. La agresión le causó un sangrado vaginal. Acudió a un hospital madrileño, donde se negaron a realizarle las pruebas hasta que no presentara una denuncia. Estos, con nombres ficticios para proteger su identidad, son dos de los testimonios que recoge el informe “Violadas y Expulsadas: mujeres víctimas de violencia sexual en situación administrativa irregular”, de la Fundación para la Convivencia Aspacia.
El documento pretende visibilizar este tipo de violencia poniendo el foco especialmente en las empleadas de hogar. “La garantía jurídica que tienen las españolas, el resto de europeas y las extranjeras con papeles en regla, les permite acceder a derechos básicos que las mujeres en situación irregular no tienen. Por ejemplo, la asistencia sanitaria o la protección después de poner una denuncia. Ellas son más vulnerables”, asegura Bárbara Tardón, coordinadora del informe, que se basa en la experiencia de 45 mujeres y denuncia la falta de información en esta materia. "Si bien es cierto que en España el Estado difunde datos sobre la violencia de género por parte de la pareja o expareja, no existen datos de la violencia sexual. Mucho menos de grupos determinados de mujeres como las migrantes y menos aún si están en situación administrativa irregular”.
La falta de permiso de trabajo en España las obliga a aceptar empleos más precarios, donde no solo están expuestas a la explotación laboral, también en otros terrenos, como el sexual. “A veces, las agresiones sexuales son una práctica aceptada dentro de sus tareas. Hemos registrado violaciones. Entre las que realizan cuidado de hombres, especialmente mayores, hemos detectado abusos, como tocamientos, lenguaje sexual e incluso tener que hacer masturbaciones. Lo que refleja el informe es solo el principio, hay que seguir escarbando”. Son muy pocas las que se deciden a dar el paso de denunciar. El primer obstáculo en esa carrera de fondo es la atención sanitaria, que puede variar en función de la comunidad autónoma en la que se encuentren.
En España, existe un protocolo de actuación estatal y otros a nivel autonómico y municipal. La mayoría indica que la atención a la víctima es prioritaria, pero hay excepciones. El municipio de Madrid, por ejemplo, no contempla la recogida de muestras por agresión sexual si no existe denuncia previa. La mayor parte de los profesionales termina siguiendo las pautas del documento estatal, pero pueden darse casos como el de Lourdes, que encabeza el artículo, en los que no atienden a la mujer. “Todo depende del personal que te encuentres enfrente y un Estado de derecho no se puede sustentar en la voluntad de un profesional”, denuncia Tardón. La investigación recuerda también que el decreto que excluye a los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario impide a estas mujeres "tener un seguimiento completo y adecuado".
Siguiente obstáculo: la policía. En teoría, cuando una mujer extranjera sin papeles va a comisaría a poner una denuncia, se debe tramitar su orden de expulsión o gestionar la propia expulsión en el caso de que ya exista un expediente, denuncia el informe. En la práctica, no lo hacen, pero la desconfianza y el miedo echa atrás a las víctimas. “La garantía jurídica no puede, una vez más, depender de esa arbitrariedad, de la decisión que tome una persona”. Además, puede considerarse un incumplimiento de la ley con consecuencias para el propio policía.
Aspacia critica el tratamiento mediático que se da a este tipo de noticias
Las otras barreras son culturales, ligadas a prejuicios sexistas y xenófobos que influyen en el comportamiento hacia estas mujeres. "Existen prejuicios discriminatorios respecto a la nacionalidad, la cultural, la forma de vestir... A las morenas, las caribeñas, en el fondo les gusta que las toquen, las del Este que vienen a quitar maridos, etc. En general, el estereotipo es que con estas mujeres está permitido lo que no está con las españolas”, indica la investigación. Esos condicionantes determinan también la respuesta social a sus denuncias. "Es común que, por el hecho de ser migrantes, se considere que su testimonio es falso porque lo que quieren es sacar partido de la situación, cosa que es imposible”, recuerda Tardón. “La gente a veces se pregunta: ¿Por qué una mujer que ha sufrido violencia sexual tarda en denunciar el caso? Cuando la pregunta es: ¿Por qué se le exige a ellas que denuncien antes? Ese es solo el comienzo de los problemas que pueden llegar a encontrarse para acceder al sistema judicial. Generalmente, necesita pruebas muy evidentes y los juicios son muy duros para ellas porque siempre se duda de las víctimas".
En los últimos años ha habido avances legislativos y políticos para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Estos esfuerzos se han centrado en las agresiones de género en la pareja o por parte de la expareja y en la trata de mujeres con fines de explotación sexual, pero no en los casos de violencia sexual. En el caso de la trata, las víctimas tienen una serie de garantías legales: la paralización de su expulsión, 30 días para valorar si quiere testificar, medidas de protección, permiso de residencia y trabajo o retorno a su país de origen. En el caso de la violencia de género, también tienen derecho a un permiso de trabajo y residencia, siempre que su agresor sea declarado culpable. Las víctimas de violencia sexual no tienen este tipo de colchón.
“No existe nada, ni un plan, ni una política pública. Hay un absoluto desinterés. No existen ni siquiera campañas de prevención. Nada para trabajar contra la violencia sexual. Está completamente invisibilizada", reclama Bárbara Tardón, que propone la puesta en marcha de un plan de acción estatal que establezca una política pública integral para todas las víctimas este tipo de violencia, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren. "Creemos que es el momento de que el Estado tome medidas, no como un acto de buena voluntad, sino como una responsabilidad jurídica después de firmar acuerdos internacionales que le comprometen a ello”.
elDiario.es
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