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Culpables de no tener papeles

Ayer, 18 de diciembre, se celebró el Día del Migrante. En España conviven 5,5 millones de extranjeros, sin embargo, el Estado sigue a la caza del ‘sin papeles’. Cada año, más de 13.000 personas entran en los Centros de Internamiento de Extranjeros, unas cárceles racistas que pasan desapercibidas para gran parte de la ciudadanía.
En la memoria colectiva, Carabanchel se recuerda todavía por la cárcel franquista que albergó en su territorio durante varias décadas. Hoy no quedan ni los cimientos de aquella, y en su lugar, a muy poquitos metros de distancia, se levanta un bonito y colorido edificio que pasa desapercibido para gran parte de la ciudadanía. Al pasar por la fachada principal en Avenida de los Poblados, percibes que hay policía por todos lados, gran trasiego de gente – especialmente migrante- y ventanas opacas. “Me gusta este edificio, parece un circo”, dije a los dos policías nacionales que me identificaron hace unos meses cuando decidí sacar fotos de la parte trasera, pasando por un estrecho camino de tierra que lo circunda. “¿Es una comisaría?”, pregunté. “No”, me contestaron. “Aunque, claro –proseguí- viendo el patio con esas personas jugando al básket, más bien parece una cárcel”. “Mira, -me dijeron tajantemente- si quieres saber más baja y pregunta por el comisario, pero ahora danos tu DNI y borra las fotos”. Como es de suponer, me encontraba ante el famoso Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. El único que hay en Madrid de entre los siete que se reparten por toda España. “Ahora van a cambiarle el nombre a CECE, Centro de Estancia Controlada de Extranjeros”, me cuenta Pablo Sainz Rodríguez, más conocido como ‘Pampa’, miembro de la comisión CIE del colectivo Ferrocarril Clandestino, que este mes junto a otros movimientos organiza varios actos con motivo del Día del Migrante, que se celebró ayer 18 de diciembre, con el objetivo de cerrar estos centros. “Con el nuevo nombre suena más a hotel, a confortable”, bromea.

Aun así, la cruda realidad es que estos centros son cárceles. Cárceles racistas para ser más precisos. Espacios donde se priva de libertad a las personas migrantes sin haber cometido delito alguno. Están encerradas por no tener los papeles en regla, es decir, por incurrir en una falta administrativa. Los últimos datos oficiales, de 2011, datan en 13.241 las personas que pasaron por los diferentes centros de internamiento de España. “De esas, solo expulsan al 50%”, recuerda Pampa. “El resto son puestas en libertad, pero sin documentación en regla”, añade. Esto es lo que ocurre en España, pues la Directiva de Retorno de la UE de junio de 2008, también conocida como Directiva de la Vergüenza entre los círculos activistas, “la que aumentó de 40 a 60 días el encierro en los CIE españoles”, decía que había que regularizar a aquellos migrantes que no fueran expulsados pasado este plazo. “Pero a España se le olvidó dar forma a este artículo”, asevera Pampa. “Este mes parece que va a haber una revisión, ya veremos qué ocurre”.

La vida en el CIE

Antes de hablar del CIE, hay que hacer hincapié en que muchos migrantes ni siquiera llegan a entrar en uno. “Son identificados y llevados a una comisaría para ser expulsados en el máximo de 72 horas que se puede estar detenido”, explica Pampa. Esto ocurre normalmente, y se acrecienta cuando hay que llenar vuelos. El último salió con destino a Colombia y Ecuador hace apenas diez días. El penúltimo, hace unas semanas, a Senegal. Se produjo una caza de personas negras. “Esa mañana, detuvieron en Atocha a un joven senegalés que iba a trabajar. Lo llevaron a comisaría y no le dieron opción a nada. Iba a ser expulsado ese mismo día. Pero tuvo la suerte de tener una abogada de oficio que se movió a una velocidad inusitada y presentó unas cautelarísimas que impidieron la ejecución de su expulsión. Pudo así demostrar su arraigo a tiempo. Lo sacó casi del avión”, asegura. Vuelos, por cierto, que despegan desde Cuatro Vientos –para ocultarlos de los ojos turistas de Barajas- y operados por Air Europa y Swiss Air, “empresas que se llevan al año 23 o 24 millones de euros por expulsar gente”, añade Pablo.

Pero si el migrante no es expulsado en ese plazo, -“ha habido casos en que te detienen y llamas a la familia al día siguiente desde tu país de origen”, enfatiza Pampa- la Policía solicita al juez el ingreso en un CIE. “Si no tienes una red de respuesta rápida, un abogado que pueda demostrar tu arraigo, es muy difícil armarte una defensa sólida ante el juez”, explica. La entrada al CIE está casi asegurada. “Una vez dentro, lo peor es gestionar el tiempo libre, pues no sabes cuándo vas a ser expulsado”. Como dicta la ley, el tiempo máximo de estancia es de dos meses, sin embargo, no tienen por qué avisar a la persona de su expulsión hasta 12 horas antes. Por tanto, la vida es un suplicio, una incertidumbre constante. “Al menos ahora, en Madrid te han de decir a qué hora sale el vuelo y en qué país y aeropuerto te va a dejar, pues hay veces que ni siquiera te llevan a tu país de origen”, añade.

En resumen, al no existir normativa alguna que regule el interior de los CIE, todo se reduce a lo que dictamine la dirección de cada centro. Además, no solo se restringe el derecho a la libre movilidad, sino que “el derecho a la salud –los migrantes son obligados a firmar el pago de su atención sanitaria en caso de necesitarla- o a los medicamentos, también está cercenado”. A su vez, solo tienen tres horas de patio diarias, las visitas, al igual que las llamadas telefónicas, son restringidas, separadas por mamparas de cristal y totalmente controladas. Familiares y amigos hacen cola durante horas a la intemperie para ver a las personas internas. Finalmente, solo pueden entrar de diez en diez y no más de media hora. Y sin saber nunca si esa será la última vez que podrán ver a su ser querido. “A todo esto hay que sumar que encierran conjuntamente a gente enferma que necesita tratamiento psicológico con personas que han sido derivadas de alguna prisión o con migrantes que han sido detenidos en la puerta de un colegio en una redada”, explica. Redadas, por cierto, que a pesar de que el Gobierno las niega siguen produciéndose diariamente en multitud de escenarios. “Son menos grotescas, las hacen policías de paisano para llamar menos la atención… pero siguen existiendo”.

En los CIE también hay muertes

Esa falta de legislación interna que se da en los CIE da pie a que la policía, que es quien controla estos centros, se sobrepase. “Pero aunque fueran cinco estrellas, que por ejemplo en Italia los hay, seguirían siendo injustos e ilegales. El único camino es su cierre”, afirma Pampa. Multitud de migrantes han denunciado tortura, violencia o abusos. En la web www.carcelesracistas.org se recogen algunos de sus testimonios. Entre los casos más destacados está el del CIE de Málaga, que aunque cerró el pasado año, cuenta con cinco policías acusados de organizar fiestas y dar regalos y trato de favor a algunas migrantes a cambio de sexo. “Actualmente, el juez busca a las once testigos protegidas que fueron expulsadas del país y que no han sido todavía localizadas. No creo que después de todo lo que han sufrido quieran volver a España para declarar”, explica Pampa.

Pero, sin duda alguna, los casos más graves son los relacionados con negligencia médica que han acabado en muerte. “Se contabiliza hasta media docena de fallecidos en los diferentes CIE de España”, asegura Pablo, que vivió muy de cerca la muerte de la congoleña Samba Martine en el CIE de Aluche. Mañana, 19 de diciembre, se cumplen dos años. “Esta chica fue encerrada en Melilla. Cruz Roja le hizo dos análisis que dieron positivo por VIH. Fue trasladada a Madrid para ser expulsada y no fue medicada en ningún momento más que a base de calmantes”, recuerdo Pampa. “Hasta en once ocasiones pidió asistencia médica en el mes que estuvo en el CIE de Aluche”. Cuando la llevaron al Hospital 12 de Octubre, “sospechando que estaba fingiendo para librarse de la expulsión” era demasiado tarde. Murió a las pocas horas de ser ingresada a causa de una infección derivada del VIH. Con un simple tratamiento quizá podría haberse salvado. Dos años después la causa está abierta, pero sigue sin haber justicia. “Nadie ha pagado por este crimen. Hay negligencia médica, pero también es una cuestión de Estado”, alega Pablo. De hecho, fueron los propios grupos activistas quienes tuvieron que ir a Melilla a recabar las pruebas que demostraban la existencia de aquellos análisis. Solo cabe esperar un poco de justicia. Pero este es un ejemplo más de la desatención con la que viven las personas migrantes encerradas en los CIE. El recuerdo de Samba es imborrable en la mente de quienes la ayudaron, pero su dramática historia se conoce mucho más gracias al actor y director Juan Diego Botto que, en voz de la actriz Astrid Jones, le dedica un inolvidable monólogo en su aplaudida obra Un trozo invisible de este mundo.

El papel de Cruz Roja

Durante la conversación con Pablo, que duró más de media hora, me sorprendió que el nombre de Cruz Roja apareciera varias veces en toda su locución. Al final, no lo resistí e hice la pregunta estrella: ¿Qué papel juega esta ONG en la gestión de los CIE? La respuesta fue tajante: “Cruz Roja es la única organización que tiene ingreso ilimitado en varios CIE gracias al acuerdo firmado con Rubalcaba cuando era ministro del Interior con Zapatero”. Concretamente, en los CIE de Madrid, Algeciras y Valencia gracias a un acuerdo por más de 600.000 euros firmado entre 2010 y 2011 con el gobierno anterior. “Es cierto que Cruz Roja hace informes internos, pero es una organización que se caracteriza por no hacer ninguna denuncia pública”, critica. Antonio Camacho, el que fuera secretario de Estado de Seguridad durante el mandato de Zapatero y ministro de Interior en los últimos meses del gobierno socialista, ya lo dijo en el Congreso: “¿Quién va a poner en duda la idoneidad de Cruz Roja para esta labor?”. Fue un gran golpe de efecto que dejó en entredicho las quejas de los colectivos más pequeños que sí denuncian malos tratos, vejaciones y abusos dentro de algunos CIE. “Es más, Cruz Roja está dentro, pero siguen habiendo denuncias y muertes”, remarca Pablo. De hecho, Samba Martine falleció en el CIE de Aluche cuando esta ONG ya gestionaba la asistencia social del centro. “Podemos respetar su decisión de no hacer públicos sus informes, pero también decimos que no tomar postura entre un opresor y un oprimido, significa ser cómplice de la situación, especialmente cuando la vulneración de los Derechos Humanos es tan alarmante”, concluye Pampa.

Esta es la opaca situación de los migrantes en España. Cárceles camufladas en bonitos edificios que dan un toque moderno a las ciudades pero que, a la vez, esconden un infierno inhumano, desconocido por gran parte de la sociedad. Aun así, me pregunto, en un país donde hay más de 5,5 millones de extranjeros, ¿de qué sirve armar todo este entramado represor y policial para, al final, acabar expulsando a menos de 8.000 personas mediante esta tortura? “Es un arma para atemorizar a los migrantes”, afirma Pampa. Tiene sentido. “Es una medida disuasoria. Los familiares que van a los CIE ven la dureza del centro y saben que tienen que aceptar lo que sea para no perder sus papeles”. Y es cierto. La Ley de Extranjería en España condiciona la renovación de los papeles a una casi permanente cotización. Algunos empresarios se aprovechan y dan de alta a los migrantes a media jornada y con sueldos de vergüenza, pero les obligan a trabajar a jornada completa. “Aceptan porque no les queda otra. De ese contrato precario depende su futuro”. El Estado lo sabe, pero apenas actúa porque, al final, al capitalismo le interesa esa mano de obra barata y atemorizada. Y para muestra, un botón. En marzo de este año, diferentes organizaciones agrícolas del sur de Estados Unidos pidieron a Obama que flexibilizara la frontera con México. Necesitaban mano de obra irregular, decían. Además de pagarles menos, tienen miedo y no rechistan.

Blog del autor: http://davidvalpalao.blogspot.com.es/

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