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El Gobierno deportará este martes a decenas de personas nigerianas

El pasado martes 19 de noviembre un avión de Air Europa despegó de Barajas con más de cincuenta inmigrantes senegaleses y más de un centenar de policías en su interior. Desde Touba o Dakar, algunos de los deportados relatan las palizas recibidas durante el operativo policial, tanto en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche como en la propia pista de despegue. El próximo martes 3 de diciembre un nuevo vuelo partirá de Barajas con decenas de personas deportadas. Esta vez el destino será Nigeria. En los últimos días se ha podido ver a inmigrantes, embridados por las muñecas y con amplia escolta policial, en la embajada de este país. Allí, las autoridades nigerianas –al igual que hacen las senegalesas– se convierten en cómplices de la deportación, al identificar como nacionales de Nigeria a personas cuya documentación no acredita su origen. Mientras, los módulos del CIE de Aluche se llenan de nigerianas y nigerianos capturados en redadas racistas.

Amina es una mujer mayor. Un chico dice que tiene unos cuarenta años, pero otro lo desmiente: “tiene más de cincuenta y llevaba un montón de años en España”. Es la única mujer senegalesa deportada en el vuelo fletado por el Ministerio del Interior, uno más de los adjudicados a la compañía Air Europa, que recibe casi doce millones de euros anuales por la realización de este trabajo. El avión salió de Barajas el pasado martes 19 de noviembre, tal y como diversos colectivos en lucha contra las fronteras denunciamos desde el día anterior a su despegue.

No sabemos si a Amina también la inmovilizaron con unas bridas de plástico o con unas esposas metálicas. Pero lo que sí sabemos es que la mayoría de sus compañeros deportados –más de cincuenta personas, todas senegalesas– fueron embridados o esposados. Las bridas están autorizadas por el escandaloso Protocolo de Actuación en las Repatriaciones, el mismo que legaliza una larga lista de instrumentos represivos. También dice el Protocolo –aprobado tras la muerte por asfixia de una persona deportada en 2007– que “no se tolerará ningún comportamiento perturbador”. Los contenidos del Protocolo invitan a interpretar lo que efectivamente sucedió el pasado 19 de noviembre: ante la resistencia pasiva de algunos deportados, la lista de instrumentos represivos legalizados pasa a segundo plano y comienza la inmovilización con esposas metálicas. Y los porrazos. Y las patadas. Varios inmigrantes se tiraron al suelo en la pista del aeropuerto, junto al avión, y recibieron verdaderas palizas para obligarles a levantarse. Nos lo cuentan desde Senegal varios días después, doloridos aún por los golpes recibidos.

A algunos de los deportados –a pocos– se les comunicó en el plazo legal que iban a ser expulsados. Muchos otros se enteraron a través del rumor que se extendió dentro de los muros del Centro de Internamiento de Extranjeros. Imaginamos la angustia de las horas previas, el miedo y la rabia acumulada mientras esperaban que les condujeran por la fuerza a Barajas. Amadou probó una medida desesperada: se bebió un bote entero de champú con la esperanza de enfermar y evitar así la deportación. Pero estimó equivocadamente los niveles de crueldad del dispositivo policial: ahora está enfermo y se duele del estómago en Dakar, y sus quejidos durante el vuelo se resolvieron aislándole en la parte de atrás del avión.

Al llegar a Dakar las prácticas se repiten en cada deportación: la policía española da 50 euros a cada inmigrante, y la senegalesa, que espera a los pies del avión, entrega 10.000 francos CFA, el equivalente a 15 euros. Galas nos lo dice, al otro lado del hilo telefónico, mientras denuncia que nadie le avisó de que iba a ser expulsado, por lo que la policía española se quedó con su maleta, su teléfono y su dinero.

Los testimonios de las personas deportadas permiten dibujar un mapa de las redadas racistas en el Estado español. A Amina la detuvieron en Málaga. De allí fue enviada a Madrid y encerrada en el CIE de Aluche. A otros de sus compatriotas les detuvieron en Puerto Real (Cádiz), en Asturies, en Galicia, en Granada, en Barcelona, en Bilbao. Samba Ndiaye pasó 45 días detenido en el CIE de Zapadores (Valencia). Después salió en libertad. Dos semanas después la Brigada de Extranjería se presentó en su casa –le localizaron gracias a la potestad policial de consultar los datos del padrón. Los policías conminaron a Samba a acompañarles y pasó una noche en el calabozo antes de comparecer ante un juez, que le condenó a seis meses de prisión por la venta ilegal de CDs en la calle. Samba no tenía antecedentes, pero el juez ordenó su encarcelamiento en Picassent. En esta cárcel valenciana pasó cuarenta días. El martes 19 de noviembre dos agentes le escoltaron hasta Madrid. Fue llevado a una sala de Barajas donde se encontró con más de medio centenar de compatriotas, cada uno de ellos escoltado por dos policías. Treinta y cinco de los deportados habían sido llevados a Barajas desde el CIE de Aluche. En ese grupo estaba Amina. Otros diecisiete deportados fueron traídos de otros lugares del Estado. Entre ellos se encontraba Samba Ndiaye.

El rastro que depositan las palabras de las personas deportadas no hace sino confirmar lo que ya denunciamos cuando reconstruimos los detalles de la deportación llevada a cabo por el Ministerio del interior el 26 de septiembre pasado: una vez que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras comprueba el número de senegaleses “deportables” desde los CIE –y ahora añadimos: también desde las cárceles–, se generaliza la orden de llevar a cabo redadas para detener personas de nacionalidad senegalesa. Nos consta, por ejemplo, una redada el 13 de noviembre en las inmediaciones de la estación de tren de Oviedo en la que se detuvo a un chico senegalés. También hubo una sospechosa redada a la puerta de Valencia Acoge el día anterior al vuelo. Pero quizás ésta tuvo más que ver con hostigar a las organizaciones y personas que luchan contra las fronteras y que generan redes de apoyo a la comunidad migrante que con la propia deportación colectiva. Sin embargo, las detenciones en Madrid en las veinticuatro horas previas al vuelo son la prueba más contundente de esta caza destinada a llenar aviones: al menos dos senegaleses fueron detenidos –uno de ellos en Parla– en esas últimas horas, y en ambos casos se aceleró al máximo el procedimiento policial para garantizar que ambos fueran deportados en el vuelo. La rápida y contundente acción de la abogada de uno de los chicos evitó que fuera deportado. El otro se convirtió en el trigésimo sexto expulsado desde Madrid.

A veces las deportaciones se realizan en vuelos comerciales. En estos casos se expulsa en cada vuelo a un número reducido de inmigrantes. En ocasiones, la resistencia de las personas deportadas o la solidaridad del pasaje interrumpen la expulsión, pues la comandancia del avión puede suspenderla por razones de seguridad. Por eso las organizaciones en lucha contra las deportaciones llamamos a la solidaridad de quienes detecten que se pretende expulsar a inmigrantes en un vuelo comercial. Una queja individual o colectiva o un pequeño gesto como negarse a sentarse hasta que se suspenda la expulsión pueden ser vitales para lograr pararla. La policía trata de evitar estas muestras de solidaridad y apoyo escondiendo a las personas expulsadas, generalmente en la parte trasera del avión.

Los vuelos especiales requieren una planificación mucho más compleja de las capturas de inmigrantes y un amplísimo despliegue policial, pero su garantía de éxito es mayor. No tenemos datos suficientes para elaborar un calendario completo de estos vuelos, pero podemos afirmar que son recurrentes con destino a Senegal y Nigeria. En los últimos meses hubo al menos vuelos a Senegal el 6 de junio, el 25 de julio, el 26 de septiembre y el 19 de noviembre. A Nigeria se produjeron como mínimo el del 8 de mayo, el del 22 de agosto y el del 4 de octubre. Solamente la repulsa social y la denuncia masiva de estos vuelos podrá parar el previsto para el el próximo martes 3 de diciembre.

El Gobierno paga millones de euros a Air Europa para las deportaciones

En marzo de 2013 el Boletín Oficial del Estado publicaba algunos detalles del contrato de Servicios de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su custodia entre diversos puntos del territorio nacional y desde estos a otros países. Dicho contrato fue adjudicado el 22 de noviembre de 2012 y formalizado el 1 de marzo de 2013, y asciende a 11.880.000 euros. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Air Europa y Swift Air es la empresa adjudicataria. A este contrato, Air Europa suma otro con el Ministerio de Defensa, formalizado en julio de este año, para el transporte aéreo de personal a zonas de operaciones, ejercicios u “otro tipo de actividades”, acuerdo valorado en 30 millones de euros.

Se da la curiosa coincidencia de que Abel Matutes, exministro de Exteriores del Gobierno Aznar en el período 1996-2000, compró el pasado mes de abril el 5% de Globalia, grupo empresarial del que forma parte Air Europa junto a otras empresas del sector turístico, como Halcón Viajes, Viajes Ecuador, el turoperador Travelplan y la cadena hotelera Be Live. El Presidente Ejecutivo de Globalia es Juan José Hidalgo. Su familia, Banco Popular y Unicaja completan la terna de accionistas. Juan José Hidalgo, en declaraciones a TVE, señalaba: “Hay mucha autonomía, mucho sindicalista liberado, mucha gente que está viviendo, muchos millones de personas que están ahí con unos sistemas y con otros y que son una carga importante. Hay tres millones y medio de funcionarios. Hay muchas cosas que cuestan mucho dinero todos los días”.

También afirmaba que "la crisis nos ha afectado: la gente viaja menos". Sin embargo, Air Europa prevé aumentar su actividad más del 20 por ciento el próximo año y ha comprado ocho nuevos Boeing que recibirá de aquí al año 2022. Seguramente una parte de la estrategia de expansión de Air Europa consiste en sustituir turistas por personas deportadas. El Gobierno español paga bien.

 | Periódico Diagonal

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