Denuncian que la Ley de Extranjería restringe derechos fundamentales

Estas tres organizaciones recuerdan que gracias al intenso trabajo de sensibilización que han realizado (con el apoyo de más de 500 organizaciones sociales de todo el Estado) han conseguido que la reforma aprobada incluya alguna mejora relevante. Por ejemplo, a través de los Grupos Parlamentarios se han aportado decenas de enmiendas entre las que destacan la posibilidad (contemplada en el artículo 62 bis.3) de que las organizaciones sociales legalmente constituidas en España puedan visitar y fiscalizar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Sin embargo, denuncian que en el proyecto finalmente aprobado se han incluido importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes que viven en España.

Destacando entre ellas la restricción de manera injusta para la reagrupación familiar de los ascendientes de la persona inmigrante, lo que perjudicará gravemente el proceso de integración social (Art. 17); que se eleve a rango legal la obligatoriedad de iniciar un expediente sancionador a las inmigrantes en situación administrativa irregular en España que denuncien ser víctimas de violencia de género, lo que objetivamente desincentivará estas denuncias (Art. 31); el aumento de sanciones a quienes faciliten el empadronamiento de personas extranjeras en situación irregular. “Esto supondrá, por ejemplo, que un sector significativo de la población inmigrante podrá ver en peligro el acceso a los recursos de la sanidad pública, en un momento de especial preocupación”. (Art. 53.1c) y 53.2c)); o el incremento del período máximo de internamiento en los CIE de 40 a 60 días (Art. 62).

Interlocución con los grupos políticos en el Senado

A lo largo de las próximas semanas, CEAR, Cáritas y Acoge proseguirán su interlocución con los grupos políticos con representación en el Senado para intentar garantizar que la reforma de la Ley de Extranjería atienda finalmente a los derechos de las personas inmigrantes.

Al mismo tiempo, reiteran su apuesta por construir una política de inmigración basada en un gran consenso social que defina un modelo de integración de las personas inmigrantes en España. “Esta opción exige que nuestro país, a casi dos meses de asumir la Presidencia de turno de la Unión Europea, lidere un cambio profundo de las políticas comunitarias, en la línea opuesta al Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo aprobado en octubre de 2008”.