Desde que Ecuador y España suscribieron, el 29 de mayo del 2001, un acuerdo relativo a la ordenación de flujos migratorios, cerca de 1 300 ecuatorianos arribaron a la Península con un contrato de trabajo, según la representación diplomática en Madrid.
La cifra no supone ni el cinco por ciento de las ofertas estimadas por el entonces delegado para la inmigración y la extranjería, Enrique Fernández Miranda, que ofreció un cupo para 30 000 personas.
Incluso altos funcionarios del Gobierno español admiten que el convenio no ha funcionado. La secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, admite que es indispensable reformular el acuerdo porque "no ha funcionado".
Para la máxima responsable en materia de extranjería, resulta imprescindible "revisar y mejorar" los convenios suscritos con Ecuador, Marruecos, Colombia, República Dominicana, Rumania, Polonia y Bulgaria y analizar su posible ampliación a otros países.
El acuerdo, advierte tajante, "no ha funcionado". De ahí la necesidad de "potenciar unidades de selección y formación de trabajadores" y de acometer un "Plan de Convenios" que "defina los criterios de revisión y mejora buscando dotar de la máxima eficacia a los acuerdos para, más tarde, plantearlos en el seno de las distintas comisiones mixtas".
La iniciativa, que esta semana anunció Rumí durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, se emprenderá después de la aprobación del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería prevista para septiembre.
La declaración de Rumí coincide con la que hizo el embajador del Ecuador en Madrid, Francisco Carrión, quien también advirtió sobre los escasos resultados obtenidos.
Joan Joseph Verge, de la Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG), considera que el convenio con Ecuador "se vendió con enorme expectativa". El tema, advierte, "se politizó demasiado".
Aunque la entidad gestionó la contratación de un número reducido de connacionales, en la actualidad prefiere trabajadores colombianos y marroquíes. La Administración de Colombia, apunta, se "acopló mejor al sistema".
Los contratistas demandan principalmente temporeros. Los más beneficiados: los braceros polacos y
rumanos.
El 50 por ciento del precio del pasaje para los jornaleros que presten sus servicios en campañas específicas corre por cuenta del empresario. Trasladar trabajadores del Este de Europa cuesta 130 euros.
Contratar ecuatorianos, cuatro veces más.
En el 2003, la Federación Española de Hosteleros cursó 80 ofertas laborales para connacionales. Efectuaron un total de 264 entrevistas.
En el proceso, Juan Miranda, técnico responsable del programa de contratación, detectó fallas en la Unidad Técnica de Selección del Ministerio de Relaciones Exteriores que somete a los aspirantes a un primer filtro.
"Los candidatos aseguraban que contaban con experiencia en hostelería, a su llegada a España
descubrimos que entre los escogidos se encontraban electricistas y hasta un árbitro de fútbol".
Punto de vista
Carles Campuzano
Grupo Parlamentario Catalán
La política de contingente no ha funcionado. Se requiere de una profunda revisión de este sistema y por tanto de una renegociación de los convenios firmados con terceros países. Para conseguir gestionar de forma adecuada los flujos migratorios se debe contar con la colaboración de los países emisores. Hay que entender los problemas que sufren estos países e introducir mecanismos que se adapten a sus realidades.
En la renegociación se debe vincular las políticas de cooperación al desarrollo, orientados hacia el aprovechamiento productivo de las remesas y la marcha de programas de microcréditos.
Los empresarios buscan ilegales
Los sindicatos reclaman una mayor conexión entre la oferta de mano de obra y las demandas del tejido productivo. En Madrid, por ejemplo, se estableció para el 2004 un cupo de 1 798 trabajadores estables. A finales de mayo se presentaron 563 ofertas, pero solo se contrataron 184 para la hostelería y el comercio. La lectura de estas cifras lleva a Fernando Crespo, responsable de UGT-Madrid, a hablar de un escaso compromiso empresarial.
Solo en Madrid existen 270 000 trabajadores disponibles. Sin embargo, 153 000 carecen de papeles y 122 000, pese a contar con su documentación en regla, deben mendigar a sus empleadores la cotización a la Seguridad Social. En el sindicato lo tienen claro: mientras no aflore la economía sumergida, el contingente no funcionará. Uno de cada tres empresarios prefiere contratar mano de obra ilegal.
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