Un funcionario ecuatoriano en España, cuyo nombramiento debe agradecer a la sola voluntad de otro alto funcionario, es sospechoso de haberse apoderado de indemnizaciones que debían recibir los familiares de emigrantes fallecidos, de haber vendido órganos humanos para trasplantes y cobrado por repatriaciones de cadáveres que nunca salieron de España. Las presuntas irregularidades son tan graves que hasta su benefactor se da cuenta que debe cancelarlo. Sin embargo, transcurren tres años sin que se dilucide el caso en las instancias judiciales, hasta que la Comisión de Control Cívico de la Corrupción decide remitir el caso a la Fiscalía.
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