Denuncian que la Ley de Extranjería restringe derechos fundamentales

Estas tres organizaciones recuerdan que gracias al intenso trabajo de sensibilización que han realizado (con el apoyo de más de 500 organizaciones sociales de todo el Estado) han conseguido que la reforma aprobada incluya alguna mejora relevante. Por ejemplo, a través de los Grupos Parlamentarios se han aportado decenas de enmiendas entre las que destacan la posibilidad (contemplada en el artículo 62 bis.3) de que las organizaciones sociales legalmente constituidas en España puedan visitar y fiscalizar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Sin embargo, denuncian que en el proyecto finalmente aprobado se han incluido importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes que viven en España.

Destacando entre ellas la restricción de manera injusta para la reagrupación familiar de los ascendientes de la persona inmigrante, lo que perjudicará gravemente el proceso de integración social (Art. 17); que se eleve a rango legal la obligatoriedad de iniciar un expediente sancionador a las inmigrantes en situación administrativa irregular en España que denuncien ser víctimas de violencia de género, lo que objetivamente desincentivará estas denuncias (Art. 31); el aumento de sanciones a quienes faciliten el empadronamiento de personas extranjeras en situación irregular. “Esto supondrá, por ejemplo, que un sector significativo de la población inmigrante podrá ver en peligro el acceso a los recursos de la sanidad pública, en un momento de especial preocupación”. (Art. 53.1c) y 53.2c)); o el incremento del período máximo de internamiento en los CIE de 40 a 60 días (Art. 62).

Interlocución con los grupos políticos en el Senado

A lo largo de las próximas semanas, CEAR, Cáritas y Acoge proseguirán su interlocución con los grupos políticos con representación en el Senado para intentar garantizar que la reforma de la Ley de Extranjería atienda finalmente a los derechos de las personas inmigrantes.

Al mismo tiempo, reiteran su apuesta por construir una política de inmigración basada en un gran consenso social que defina un modelo de integración de las personas inmigrantes en España. “Esta opción exige que nuestro país, a casi dos meses de asumir la Presidencia de turno de la Unión Europea, lidere un cambio profundo de las políticas comunitarias, en la línea opuesta al Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo aprobado en octubre de 2008”.

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El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Extranjería gracias al apoyo del PNV

- 20minutos.es
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, sin el apoyo del Partido Popular, IU-ERC-ICV y UPyD, la reforma de la Ley de extranjería, que permite a las ONG y a las a las comunidades autónomas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y amplía el plazo de internamiento de los 40 días actuales a 60. Durante el debate parlamentario del proyecto, que ahora pasará al Senado, el PP ha anunciado que reformará la ley en cuanto tenga la ocasión de hacerlo.

La han rechazado PP, IU, ERC y UPyD En declaraciones posteriores a la prensa, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha avanzado que el Gobierno ya está trabajando en la modificación del vigente reglamento de extranjería, aprobado en 2004. Finalmente, de las 732 enmiendas presentadas por los grupos, sin contar con la devolución a la totalidad planteada en su momento por PP, PNV y ERC-IU-ICV, el Congreso ha aceptado casi 300.

Junto al rechazo del PP, IU-ERC-ICV y Unión, Progreso y Democracia -éste último por opinar que se restringen los derechos del inmigrante-, el BNG se ha abstenido, mientras que el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Convergencia i Unió y el PSOE han respaldado la norma.

Contenido de la Ley

El nuevo texto de la Ley de Extranjería "blinda" las competencias autonómicas, permite el traspaso de la tutela de menores no acompañados a las comunidades autónomas y a las ONG y regula la situación de las víctimas de trata sexual o de los malos tratos.

Las CC AA podrán certificar el nivel de integración de los inmigrantes Con la nueva ley las comunidades autónomas que sean competentes podrán conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio, establecer relaciones con terceros países para la contratación y tramitación de visados y cobrar las tasas y sanciones administrativas pertinentes. También podrán conceder autorizaciones de reagrupamiento familiar "concedidas en su territorio".

Además podrán certificar el nivel de integración de los inmigrantes, asumir o traspasar la tutela de menores no acompañados y establecer acuerdos con los países de origen para procurar la "atención e integración social de los menores".

En cuanto a los menores no acompañados, el nuevo texto afirma que el Estado y las Comunidades Autónomas "podrán establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de los menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria" de los mismos.

Integración de los inmigrantes

Tras su paso por la comisión de Trabajo e Inmigración, la ley también detalla los esfuerzos de integración que deberán realizar los inmigrantes que aspiren a renovar sus permisos de trabajo o residencia y que incluyen la participación en cursos de formación sobre "valores constitucionales y estatutarios", derechos humanos "tolerancia e igualdad" y conocimiento de las lenguas oficiales. Además, la ley prevé que las administraciones autonómicas o locales elaboren un "informe de integración" que se "valorará especialmente" a la hora de determinar las renovaciones de permisos y el nivel de arraigo.

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Inmigración, la ley y su gestión

ELPAÍS.com
Hoy, el Congreso aprobará una nueva reforma de la Ley 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros, más conocida como Ley de Extranjería. Una reforma que el Gobierno debería haber realizado hace años para adaptarla a directivas comunitarias que no podían aplicarse con una simple modificación del reglamento, y que decidió demorar para evitar que el Partido Popular aprovechara el debate para agitar los miedos a la inmigración en el último tramo de la legislatura. Además, las sentencias del Tribunal Constitucional, anulando las restricciones a los derechos de manifestación, huelga, educación y justicia gratuita de los inmigrantes irregulares, exigían reformular diversos artículos.

La ley, que retorna estos derechos a los irregulares y se adapta a la normativa comunitaria en aspectos como la concesión del permiso de larga duración al extracomunitario que tiene dicho permiso concedido en otro país de la Unión o la regulación de la tarjeta azul para inmigrantes cualificados, es continuista con la actual, no aportando cambios en la gestión del flujo migratorio. Tiene sí, dos aspectos controvertidos que pueden calificarse como un retroceso: el endurecimiento de los requisitos para la reagrupación familiar y el alargamiento de 40 a 60 días del periodo que un extranjero puede permanecer en un centro de internamiento. Pero también tiene mejoras como el control judicial de dichos centros, la no expulsión de la mujer en situación irregular que es víctima de violencia de género -que ahora la policía al hacer el atestado tenía la obligación de iniciar expediente de expulsión-, y la concesión del permiso de trabajo a los hijos y cónyuges reagrupados que ahora llegan a España sin dicha autorización.

Digo que la ley aporta pocas novedades en la gestión del flujo de entrada más allá de introducir la participación de las comunidades autónomas en la concesión de permisos de trabajo, dado que mantiene el mayor avance de la anterior legislatura: el catálogo provincial de empleos de difícil cobertura. Listado de empleos que se pueden ofrecer a un extracomunitario que está en su país, sin tener que ofertarlo previamente a la población española y extranjeros con permiso permanente. Esta exigencia de tener que remitir a las oficinas de empleo cualquier puesto de trabajo demoraba la contratación, haciendo fracasar hasta 2005 las políticas de contratación en origen.

El redactado que se votará hoy es mejor que el que salió del Consejo de Ministros en junio y mucho mejor que el que presentó en diciembre el ministro Celestino Corbacho. Se hace difícil comprender, si el redactado debía de ser éste, por qué el ministro quiso introducir propuestas como la multa a quien alojara a un irregular, todo ello acompañado de un discurso que anunciaba la certeza de que cientos de miles marcharían. Pero la evidencia de que el texto haya mejorado no disculpa los retrocesos que se imponen, como la prolongación del periodo de internamiento o las restricciones a la reagrupación familiar que afectarán a los padres. Así, se permite la reagrupación de ascendientes mayores de 65 años que ya no pueden trabajar, pero, salvo excepciones por motivos humanitarios, ya no se permitirá a los menores de 65. ¿Qué pasará con los matrimonios en los que el hombre tenga 70 años pero la esposa 63? ¿No sería posible introducir una enmienda para que bastara con que uno de los dos tenga más de 65?

El texto actual es rechazado por motivos distintos por el PP y por Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana. El rechazo de estos últimos se debe a las restricciones a la reagrupación, el alargamiento del internamiento y determinadas sanciones. El rechazo del PP se debe a que decidió que no le convenía votar a favor, para poder utilizar electoralmente los miedos a la inmigración en un momento como el actual. Pero afortunadamente no ha surgido en España un estado de opinión responsabilizando a los inmigrantes de la magnitud del desempleo, más cuando los estudios demográficos afirman que pasada la crisis serán necesarios más inmigrantes.

El Gobierno dice que la ley responde a la nueva situación del fenómeno migratorio, tras su fuerte crecimiento. Pero hay que decir que lo sustancial de la gestión del mismo no estará en la ley sino en el reglamento y, sobre todo, en su aplicación. De entrada, el Gobierno, ante la situación de desempleo restringió acertadamente hace unos meses los catálogos de empleos de difícil cobertura. Ciertamente, el incremento del número de extranjeros en España se ha frenado, pero no son ciertas valoraciones como las hechas tras la publicación de la última estimación del INE, que dicen que hay en España 17.000 extranjeros menos que en junio, si no se aclara que unos 25.000 extranjeros han obtenido la nacionalidad española en ese periodo. Pero el mayor reto actual, disminuya o no el número de extranjeros, no es sólo si se facilitará el arraigo a los más de 700.000 irregulares -ésta es la primera reforma que no va acompañada de un proceso de regularización- sino, también, cómo se tratará a los que pierdan el empleo. Si no se flexibiliza en el reglamento la renovación de los permisos a los desocupados, cientos de miles caerán en la irregularidad, y cuando obtengan un empleo no podrán acceder al mismo al carecer de permiso de trabajo.

Xavier Rius Sant es periodista y autor de El libro de la inmigración en España.

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El Congreso dará luz verde al voto en las municipales a 650.000 inmigrantes

El Congreso aprobará hoy una decena de convenios de reciprocidad sobre la participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, que supondrán en torno a 650.000 nuevos votanes en las elecciones municipales de 2011. De cerrarse los convenios en tramitación, habrá un millón de electores inmigrantes.

Desde que el Gobierno impulsó el voto inmigrante en las municipales, con la condición de reciprocidad del otro país y de que los futuros votantes lleven, al menos, cinco años de residencia en España ininterrumpida, el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha esforzado en lograr acuerdos con países de todo el mundo.

En el pleno del Congreso, se aprueban hoy una decena de convenios que posibilitarán el voto de los inmigrantes, con las condiciones legales, para elegir a sus representantes municipales en los ayuntamientos donde residan. Lo más significativo de la votación es que se tratan de inmigrantes de países con una fuerte implantación en España a nivel de inmigración, como Ecuador, Colombia, Chile, Perú o Paraguay. Además, hay otros como Trinidad-Tobago, Nueva Zelanda o Islandia

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Inmigración. aesco considera un "fiasco" la reforma de la ley de extranjería

El presidente de America España Solidaridad y Cooperacion, Juan Carlos Rois, consideró hoy un "fiasco" la reforma de la Ley de Extranjería aprobada ayer en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados.

En declaraciones a Servimedia, Rois argumentó que el citado texto no recoge dos reivindicaciones claves del movimiento asociativo, como son no limitar la reagrupación familiar y no ampliar de 40 a 60 días el plazo de internamiento de los inmigrantes irregulares en los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

El presidente de Aesco tachó de "innecesario, injusto y un abuso" que la futura Ley de Extranjería permita el internamiento de un extranjero irregular en un CIE hasta un plazo máximo de 60 días.

A renglón seguido, el presidente de Aesco lamentó que IU-ICV y ERC, que han expresado su rechazo también a la citada ampliación, no hayan presentado enmienda alguna sobre esta cuestión y evitar la prolongación de estos internamientos.

En este sentido, Rois espera que algún grupo parlamentario del Senado presente una enmienda en este sentido "para ver si tiene arreglo" durante su trámite en la Cámara Alta.

No obstante, el presidente de Aesco reconoció como positivo que la futura ley de Extranjería recoja un sistema garantista en los CIE, "es decir, que exista un juez que garantice que las personas que van a vivir en ellos no van a vivir en peores condiciones que un preso".

En cuanto a la reagrupación familiar, Rois destacó que su limitación a los ascendientes "responde a un fantasma que no es real de reagrupaciones en cadena y de modo fraudulento de provocar que la gente llegue a España. Eso es una barbaridad decirlo y seguimos aspirando a que esto cambie en el Senado".

A su juicio, la reagrupación familiar de hijos, cónyuges y ascendientes "es un mecanismo de integración social y cohesión social y restringirlo es ponerle puertas al campo".

No obstante, Rois reconoció algunas mejoras del texto respecto al proyecto del Gobierno que entró en el Congreso de los Diputados, entre ellas, la concesión de permiso de trabajo y residencia a las mujeres víctimas de violencia de género o las cuestiones que tienen que ver con derechos sociales.

(SERVIMEDIA)

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Gobierno de España se desentiende de los maltratos en el aeropuerto de Barajas

Cuando los pasajeros de los vuelos prodecentes de Latinoamérica llegan a España tienen que pasar por un control policial que bastantes veces deja de ser un simple trámite para pasar a ser un obstáculo que impide la entrada a España. Las sucesivas leyes de extranjería y sus reformas, apoyadas siempre tanto por el PSOE como por el PP, han endurecido tanto los requisitos que se niega la entrada a los turistas, y hasta se les dispensa un horrible trato.

Desde hace poco más de dos años, el gobierno ha creado la carta de invitación, -y eso que es un gobierno socialistas, y blablabla..-un documento que se ha ido haciéndo más dificil de conseguir en cada nueva reforma de la Ley de Extranjería y que es requisito fundamental para que los turistas latinoamericanos puedan entrar en territorio español. Con la carta de invitación se estableció que fuera la Policía Nacional la encargada de controlar a los turistas latinoamericanos.

Para lograr la carta de invitación es necesario que la persona que invita, ya que a día de hoy un ciudadano de Latinoamérica no puede visitar España si no conoce alguien aquí -esto se parece a un sistema de control como los de la antigua URSS- que le saque una carta de invitación, se entreviste varias veces en la comisaría con la Policía Nacional, donde se aseguran de que existen vínculos con la persona a invitar. Hay que aportar los papeles de la vivienda, una copia compulsada del padrón municipal donde especifique cuantas personas viven en la casa, una declaración firmada del presidente de la comunidad de vecinos asegurando que en la casa del invitante viven el número de personas que especifica el padrón, entre otros.

Además es necesario que el invitado compulse una a una las páginas de su pasaporte en la embajada de España en su país y las envíe a la Policía Nacional, lo que ocasiona un gasto de dinero en torno a los 80 euros.

Después de esperar algunas semanas, pagando más de 100 euros y con algo de suerte, se expide la carta de invitación que tiene también límites de tiempo para cada visita y el total de 90 día que el invitado tiene al año para visitar España. Además la carta de invitación hay que enviarla original para que el invitado la muestre en el control policial del aeropuerto.

En base a estas reglas que todo extranjero que quiera visitar España tiene que cumplir como deber, el estado español no les corresponde con su derecho a visitar a España de manera aleatoria.

Se han producido varias denuncias por las cuales turistas procedentes de latinoamérica que viajaban incluso con cartas de invitación han sido devueltos a sus países sin salir del aeropuerto. Los latinoamericanos que son devueltos sin pisar España son recluidos durante días en una pequeña habitación, hacinados e interrogados como delincuentes por "su motivo oculto del viaje a España", no se les permite llamar a sus familiares, son mal alimentados y no se les dispensa ni camas suficientes ni la higiene adecuada.

Varios países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Uruguay han protestado formalmente al gobierno de España por esta situación, pero las quejas institucionales no han servido para nada, ya que el gobierno, responsable del aeropuerto de Barajas por el Ministerio de Fomento, sigue permitiendo que estas penosas situaciones se den cada día en el aeropuerto.

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Los inmigrantes que renueven papeles deberán tener un cetificado de integración

20minutos.es

El nuevo texto del proyecto de Ley de Extranjería amplía las competencias en materia de contratación y gestión de la inmigración de las Comunidades Autónomas, que incluso certificarán el nivel de integración de los inmigrantes que quieran renovar sus papeles. ( Y cómo se mide el nivel de integración.? Será acaso con un examen.? Esto no son mas que trabas para los inmigrantes.)

El texto aprobado este lunes en la comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados también aumenta las garantías jurídicas en los Centros de Internamiento y permite la cesión de la tutela de los menores no acompañados a Comunidades Autónomas u ONG.

El certificado ha sido defendido por CiU como un mecanismo para "superar el multiculturalismo".

El nuevo "informe de integración" que las Comunidades Autónomas elaborarán para apoyar las solicitudes de renovación de permiso de trabajo o residencia, ha sido defendido por CiU, como un mecanismo para "superar el multiculturalismo".

La nueva medida ha sido duramente criticado por el PNV, cuyo portavoz, Emilio Olabarría, ha cuestionado la imposición de una cultura sobre otras.

El texto de la nueva ley ha sido aprobado en la comisión por 20 votos a favor, 13 en contra (del PP e ICV-IU-ERC) y 1 abstención del PNV. Será debatido en el pleno del Congreso del próximo jueves, cuando será previsiblemente aprobado con el apoyo de CiU y Coalición Canaria, con quienes la portavoz del PSOE para inmigración, Esperança Esteve, asegura tener un acuerdo "absolutamente cerrado".

Atención a menores

A lo largo de las más de cinco horas de debate varios temas han centrado las discusiones, especialmente los relativos a los menores y la necesidad de compartir esa responsabilidad, y el "blindaje de competencias" de las Comunidades Autónomas, a las que se les reconoce el derecho de establecer acuerdos con los países de origen de los inmigrantes.

El PNV ha destacado la necesidad de que se establezca un sistema por el cual todas las Comunidades Autónomas asuman una parte de responsabilidad en la atención a los menores no acompañados sin el cual no apoyará la ley.

"Los menores no acompañados no son una mercancía averiada que haya que distribuir equitativamente entre las Comunidades Autónomas", le ha replicado el ponente de la ley, el socialista Óscar Seco.

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América Latina denuncia el cerrojo de Barajas

KAOSENLARED.NET --

La política migratoria española resulta cada vez más ofensiva para muchos ciudadanos de países de América Latina. Argentina y Venezuela han enviado quejas formales al Ministerio de Asuntos Exteriores y las embajadas de otros cuatro países (Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia) confirman el malestar de sus ciudadanos por el endurecimiento de los requisitos para entrar en España como turistas. En todos estos casos, se trata de países cuyos nacionales no necesitan un visado para entrar en el país.

Las protestas de Argentina y Venezuela se originan en el alto número de inadmitidos, especialmente en el aeropuerto de Barajas, y en las denuncias de los viajeros que son enviados de vuelta a su país. Muchos de ellos aseguran que sufren intimidaciones y trato discriminatorio por parte de los funcionarios policiales durante el tiempo de retención. El consulado brasileño asegura que todos los meses envía a Exteriores alguna queja de ciudadanos que dicen haber sufrido maltrato psicológico.

Interior niega que los policías maltraten a los inadmitidos

Fuentes de este ministerio confirman que "se han mantenido reuniones diplomáticas con representantes de Argentina y Venezuela para escuchar sus quejas". Además, aseguran que "la policía aeroportuaria es profesional y se limita a actuar según la legislación acordada por los países que firmaron el acuerdo de Schengen".

El Ministerio del Interior niega también que los policías del aeropuerto maltraten a los ciudadanos inadmitidos. "Los requisitos están claros. Si un extranjero dice que viene a Madrid a hacer turismo y luego afirma en la entrevista personal que viene a ver la Rambla, está claro que sus intenciones son otras", dice Gabriel Retamar, delegado en Barajas del sindicato de policía UFP.

El Ministerio de Exteriores argentino afirma que están preocupados "por el malestar de la sociedad acerca del repunte en el número de inadmitidos". Un total de 800 argentinos fueron enviados de vuelta a su país hasta septiembre de este año; sólo en agosto se negó la entrada a 222. Cada año viajan a España unos 180.000. En 2008 se impidió entrar a 1.100, casi el doble que el año anterior.

Hasta septiembre, 1.051 venezolanos fueron rechazados.  En 2008, 1.173

"Interpretación benévola"

El consejero de Información de la embajada española en Buenos Aires, Luis Herrero, asegura que el porcentaje de inadmitidos es pequeño. No obstante, admite que, debido a las críticas, "el embajador ha tenido conversaciones con responsables de los ministerios españoles para que se extreme el cuidado y se haga una interpretación de la norma más benévola".

Los ciudadanos inadmitidos en Barajas, después de viajar durante al menos ocho horas, llegan a estar retenidos un día entero hasta que se aclaran las intenciones de su visita. Mientras tanto, según critica el embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, "son entrevistados en varias ocasiones, se les quita su equipaje personal, con dinero, medicamentos y documentación, y se les trata como delincuentes".

Rodríguez cree que el trato es más hostil con los ciudadanos con menos recursos, ya que "pocos estadounidenses o canadienses son rechazados por no cumplir los trámites de admisión". Añade que 1.051 venezolanos fueron inadmitidos en España hasta septiembre, por 1.173 en todo 2008.

Las cartas de invitación son un freno al hacer escala en España

Las embajadas de América Latina consultadas coinciden en que, desde la entrada en vigor en 2007 de la carta de invitación un certificado que acredita el lugar de la estancia durante el periodo vacacional, cada vez es más difícil visitar a un familiar o a un amigo residente en España.

Interior insiste en que sigue "los criterios fijados por el Código Europeo de Fronteras y la normativa aprobada en el Parlamento Europeo" y que, por tanto, "la carta es un requisito imprescindible para entrar en España si el ciudadano no ha hecho una reserva hotelera".

El cónsul de Uruguay en España, Mayo Ferrer, explica que no es tan simple: "Detrás de este engorroso trámite hay un criterio subjetivo y un fin migratorio, ya que en muchos casos los ciudadanos tienen la carta y aún así no les dejan pasar en la entrevista personal".

Este trámite también puede ser un freno cuando España es sólo una parada intermedia del viaje. El cónsul general de Chile, Claudio Rojas, dice que "si un chileno va, por ejemplo, a Suiza y hace escala en España, tiene que presentar este documento, tan complicado de conseguir, aunque no se vaya a quedar, e incluso aunque en Suiza no sea necesario".

Los brasileños protestan en su consulado porque el trámite tarda, en ocasiones, más de un mes y medio y, una vez aprobada la carta, ha de ser enviada a Brasil. Esto retrasa el viaje, pero "lo peor es cuando la comisaría pide al solicitante que su invitado presente un atestado de residencia en Brasil mediante notario además de los otros trámites", explican fuentes consulares. El invitado tiene que pedir el certificado en el Ministerio de Exteriores de su país, confirmarlo con el consulado de Brasil en España y hacer una traducción jurada al español, con el coste que eso conlleva", añade.

Bolivia también se suma a las quejas. Fuentes de la embajada afirman que entre sus compatriotas "hay descontento porque cada vez son más las exigencias para visitar a sus familiares en España".

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Llega a Madrid la Marcha por la Igualdad contra la reforma de la Ley de Extranjería

La Marcha por la Igualdad, en la que han participado entorno a 50 personas tanto migrantes como autóctonos , partió el pasado 23 de septiembre desde Barcelona. Los migrantes caminaron hasta Madrid para denunciar que la actual reforma de la Ley de Extranjería “contempla a las personas emigrada únicamente como medios de producción, no como seres humanos de pleno derecho”. Con esta movilización pretender advertir que la actual reforma introduce la conocida como “Directiva de la Vergüenza” en la legislación española a la que acusan de tratar a las y los migrantes como “delincuentes” por aumentar los tiempos de internamiento en Centro de Internamiento para Extranjero- CIE, los guantánamos europeos- sin haber cometido delito alguno.

Tras llegar a la Plaza de Legazpi sobre las 10.45 de la mañana, donde fueron recibidos con calurosos aplausos, la manifestación, que tuvo un marcado carácter combativo, continuó hasta la Plaza del Museo Reina Sofía. Allí se procedió a la lectura del manifiesto unitario, tanto en castellano como en árabe, e intervinieron representantes de las diversas comunidades y organizaciones de migrantes participantes en la marcha.

Este manifiesto contiene las cinco demandas fundamentales que hicieron llegar al Parlamento el pasado jueves: el cierre de los CIE, la apertura de un proceso de regularización sin el requisito del contrato de trabajo y la eliminación de la obligación de 180 días cotizados para renovar el permiso de residencia, eliminar las restricciones para la reagrupación familiar, la no penalización del principio de solidaridad y la igualación de derechos entre migrantes y autóctonos, incluidos los derechos electorales.

Además de diversas organizaciones de migrantes en la marcha estuvieron presentes diversos colectivos y organizaciones políticas y sindicales que han venido apoyando la marcha tanto política como organizativamente a lo largo de su recorrido.

Galería fotográfica

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La gran marcha contra la Ley de Extranjería llega a la Comunidad de Madrid

[laRepublica.es]
La marcha por la igualdad contra la ley de extranjería, que partió el 23 de septiembre de Barcelona, ya está en la comunidad de Madrid. El pasado 20 de octubre llegaron a Alcalá de Henares.

El día 21 de octubre marcharon hasta Rivas, donde están desarrollando actividades con los movimientos sociales del municipio.

El 24 de octubre la marcha llegará a Madrid, donde a las 18h habrá recepción y homenaje a los marchantes, en la casa de los inmigrantes (Vallecas-puente) y tras esto pasarán la noche en la parroquia de San Carlos Borromeo.

El domingo 25 de octubre, a las 10h, tendrá lugar una Concentración de la gran marcha en Legazpi y Manifestación hasta la plaza del museo Reina Sofía, donde tendrá lugar un acto político-cultural.

El Partido Comunista de España ya ha hecho un llamamiento a sus militantes y a la ciudadanía a apoyar todas estas actividades y a mostrar su solidaridad con esta marcha.

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Inmigrantes culminan marcha de protesta entre Barcelona y Madrid

Medio centenar de inmigrantes culminaron el jueves una marcha a pie de casi 700 kilómetros entre Barcelona y Madrid para protestar contra la reforma de la ley de extranjería que debate el parlamento español.

El grupo, integrado por latinoamericanos, magrebíes y africanos, partió el pasado 23 de septiembre desde Barcelona. Nada más llegar a la capital española, cansados y con los pies doloridos tras un mes de caminata, fueron recibidos por una delegación de parlamentarios en la sede del Congreso de los Diputados.

"Ha merecido la pena", dijo a la AP Norma Falconi, una ecuatoriana de 45 años que tomó parte en la protesta.

Una delegación de 15 inmigrantes, representando todas las nacionalidades, entró en el edificio de la cámara baja para entrevistarse con cuatro parlamentarios, dos de ellos socialistas, que trabajan en la tramitación de la ley de extranjería.

"Hemos podido hacer llegar nuestras reivindicaciones. Estamos agradecidos", aseguró Falconi.

El proyecto de reforma de la ley de extranjería, presentado por el gobierno socialista en junio, amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados en los llamados centros de internamiento.

Además, para frenar la llegada de personas en edad de trabajar en plena crisis de desempleo, se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.

En el capítulo de ampliación de derechos, los hijos a partir de 16 años y el cónyuge o pareja de hecho reagrupados dispondrán de permiso de trabajo de forma automática, un beneficio que no existía.

La nueva normativa se encuentra actualmente en fase de tramitación parlamentaria, donde podría sufrir cambios hasta su aprobación definitiva, prevista para finales de año.

Para las más de 20 asociaciones que secundaron esta marcha entre las dos principales capitales españolas, la modificación contempla a las personas emigradas únicamente como medios de producción, no como seres humanos con plenos derechos.

Además, dicen que la ley penaliza al colectivo inmigrante y exigen que la supresión de las restricciones a la reagrupación familiar y el cierre definitivo de los centros de internamiento.

Esperanza Esteve, diputada socialista en el Congreso, reconoció a la AP que la reunión con los inmigrantes fue fructífera y que algunas de sus demandas podrían ser atendidas con algunas de las enmiendas a la ley que se están negociando.

"Creo que ellos se han marchado contentos", dijo Esteve. "Esta gente llevan días caminando y queríamos atenderlos con la máxima dignidad".

La parlamentaria socialista explicó que, en principio, se mantendrá el plazo máximo de 60 días de internamiento, aunque afirmó que se introducirán cambios legales en los centros para que cada caso sea supervisado por dos jueces y las organizaciones sociales puedan visitar y atender a los indocumentados.

Sobre la reagrupación, Esteve señaló que se especificarán algunas excepciones concretas para que los inmigrantes puedan traer a sus padres a España.

Esteve señaló que trabajan para que esta reforma, la cuarta que afronta la ley en nueve años, cuente con el mayor apoyo parlamentario posible y dijo que la nueva norma tendrá cambios sustanciales con respecto al texto presentado inicialmente.

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Condenan a un empresario a pagar 16.000 € a inmigrantes que trataba como esclavos

 - 20minutos.es

El Juzgado de lo Social número 1 de Huelva ha condenado a un empresario marroquí afincado en Cartaya (Huelva) a abonar unos 16.000 euros por salarios y otros conceptos retributivos a sus trabajadores, compatriotas suyos, a los que "trataba como esclavos".

La acusación le considera autor de un delito contra los derechos de los trabajadoresEl abogado de los inmigrantes, Fernando Osuna, ha recordado que se reclamaron al empresario marroquí los salarios que adeuda a sus empleados por el tiempo que estuvieron trabajando, en el que sólo percibieron 200 euros a repartir entre cinco trabajadores -el proceso de uno de ellos que denunció más tarde está pendiente de sentencia-.

Osuna ha mostrado su satisfacción por la sentencia y ha precisado que será "muy útil" para el proceso penal que se tramita en el Juzgado de Ayamonte, dado que por la Justicia ya se reconoce la cantidad de horas que trabajaban al día y también los sábados.

Según el letrado, el empresario trataba a estos trabajadores como esclavos, por lo que solicita 40 años de cárcel por cinco delitos contra los derechos de los trabajadores.

Trabajaban en una empresa textil

Los cinco marroquíes estaban trabajando a principios del año 2008 en una empresa textil de Marruecos cuando, a través de uno de sus jefes, conocieron al padre de este empresario, quien les comunicó que su hijo necesitaba empleados para su empresa textil en España.

Les pidió 7.500 euros para sufragar los gastos de arrendamiento de la vivienda en la que se iban a alojar en España y de gestión de los permisos de trabajo y residencia, y una vez en el país no se cumplieron las promesas que les hicieron.

La acusación considera que estos hechos son constitutivos de cinco delitos contra los derechos de los trabajadores, cinco faltas de amenazas y una falta de lesiones.

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España cierra sus puertas a los refugiados

Rebelion
Mario Amorós
Rebelión

En el año en que se han cumplido setenta años del más masivo de los exilios en la historia de España, el de los republicanos que llegaron por los senderos congelados de los Pirineos catalanes a Francia en los días de la entrada de las tropas fascistas en Barcelona, en el año en que se han conmemorado las siete décadas de la llegada del Stanbrook a Orán y del Winnipeg a Chile, o de la creación de una maternidad en la localidad francesa de Elna para que las refugiadas españolas pudieran dar en condiciones adecuadas, el Gobierno ha decidido cerrar las puertas de España a los refugiados.

Así lo prueba el hecho de que en el primer semestre de 2009, el número de personas que solicitaron asilo en nuestro país se redujo un 30% respecto al mismo periodo de 2008. Asimismo, el porcentaje de los solicitantes que superaron la primera fase del procedimiento de asilo (la admisión a trámite de la solicitud) cayó al 37,57%, es decir, sólo una de cada tres solicitantes tiene garantizado un estudio exhaustivo de los motivos por los que solicita protección internacional.

Estas dos cifras no hacen sino confirmar la tendencia expuesta en los sucesivos informes anuales de CEAR sobre la situación de los refugiados en España (disponibles en www.cear.es): la profunda crisis del derecho de asilo en nuestro país. En particular, el Informe 2009 de CEAR hace hincapié en el análisis del grave retroceso que suponía el proyecto de nueva Ley de Asilo aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de diciembre de 2008 e incluye, entre sus apéndices, la amplísima relación de enmiendas que CEAR trasladó a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados de cara a la tramitación del proyecto legislativo.

El 25 de junio el pleno de la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley, con los únicos votos contrarios de los diputados de Izquierda Unida, ERC y Nafarroa Bai, los únicos, pues, que asumieron una defensa consecuente e integral del derecho de asilo. Aquel día Amnistía Internacional y CEAR expresaron su decepción ante el texto aprobado en el Congreso, que, con escasas modificaciones de fondo aprobaron el Senado y finalmente, el 15 de octubre, de nuevo el Congreso.

CEAR considera que “el Gobierno ha perdido la oportunidad de situar a nuestro país a la cabeza de Europa en la defensa de los derechos humanos” y que el proyecto de ley aprobado “refleja la obsesión por estar en guardia, por que los refugiados no nos puedan engañar, más que la preocupación por la garantía de sus derechos”. Entre los aspectos más preocupantes de la nueva Ley de Asilo están la exclusión de los ciudadanos de la UE del derecho a solicitar asilo en España, la desaparición del derecho a solicitar asilo en una embajada española, el aumento de las causas de exclusión del estatuto de refugiado (con fórmulas jurídicamente imprecisas como constituir “una amenaza para la comunidad”) o la ampliación de los plazos de detención en frontera. Aunque también contiene algunos aspectos positivos (incorporación de la persecución por motivos de género y orientación sexual, participación de España en los programas de reasentamiento de refugiados), la nueva Ley de Asilo supone un retroceso muy relevante en el compromiso de nuestro país con las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.

La nueva Ley de Asilo, promovida por el Partido Socialista y avalada por la derecha política (PP, PNV, CiU, UPyD), no es una iniciativa aislada. Se suma, por una parte, a la nueva reforma de la Ley de Extranjería, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, que supone un nuevo recorte de derechos para los inmigrantes. Y, sobre todo, es la coronación de los esfuerzos por impermeabilizar las fronteras españolas para los parias de la tierra.

Como ha subrayado recientemente el secretario general del Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (agrupa a 69 organizaciones europeas de 29 países), Bjarte Vandvik: “Desafortunadamente, España ha sido pionera en la externalización del control de fronteras en aguas internacionales y más allá y en cooperar con terceros países para disminuir los flujos migratorios sin tener en cuenta consideraciones de derechos humanos. El Gobierno debería garantizar que el control de sus fronteras no impide a los refugiados tener acceso a la protección en Europa”.

Los acuerdos bilaterales con distintos países africanos para la repatriación de sus migrantes, el blindaje de la frontera sur con el dispositivo europeo Frontex, el reforzamiento de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla, el aumento de los plazos de internamiento en los CIE (como el recorte de la jurisdicción penal universal) son no sólo medidas de una apuesta por la “seguridad”, en detrimento de los derechos humanos. También son una metáfora de la España actual. Un país sin memoria, una sociedad mayoritariamente indiferente.

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PP y PSOE pactan juntos sobre la inmigración

Después de que en la última campaña electoral el PP acusase al PSOE del "efecto llamada" y el PSOE tachase al PP de derechista por no apoyar a los inmigrantes, los dos partidos han pactado una nueva ley de extranjería que aleja a los extranjeros de ser iguales en derechos a los españoles.

Durante el gobierno del PSOE los inmigrantes han visto como se han endurecido los requisitos para obtener la residencia, la nacionalidad o simplemente para venir a visitar a España procedentes de un país que no esté desarrollado. Además el PSOE ha convertido a los empresarios en el principal motor de la legalización de la situación de los inmigrantes, por eso la mayoría sigue "sin papeles" trabajando mas horas por menos dinero que los españoles.

También se está produciendo una criminalización de los inmigrantes ya que el gobierno se reserva el derecho de retenerlos en Centros de Internamiento de Extranjeros, que han sido denunciados por el mal trato que se les dispensa a los que están privados de libertad en esos centros, por más de 60 días antes de devolverlos a un país que puede ser el de origen del inmigrante o no.

El diputado de Izquierda Unida en el congreso, Gaspar Llamazares se refirió a la nueva ley de extranjería como, "podría denominarse Ley de restricción o involución en derechos y libertades de los inmigrantes" y declaró que su formación política rechazaba esta nueva ley.

Diversos movimientos sociales de la Red Estatal por los Derechos de los inmigrantes denuncian que en base a esta ley, "faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.) Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior".

También hacen referencia a que "las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros". El gobierno del PSOE ha creado la "carta de invitación", documento que si la policía del aeropuerto pide al invitado y éste no la enseña le devolverán a su país sin derecho a llamar a quienes les esperan en el aeropuerto. Los requisitos para conseguir esta carta pasan por unas entrevistas con la policía donde hay que llevar los papeles de la casa, el padrón municipal, el pasaporte original compulsado en la embajada de España del país del que viaja y dar pruebas de la relación existente entre otros muchos requisitos como el pago de más de 100 euros por cada carta.

Se ha acusado al gobierno de violar con estas leyes de manera sistemática la declaración de los derechos humanos que entre otras cosas establece el derecho que cualquier persona a viajar y establecerse en cualquier parte del mundo.

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Roma, contra el racismo

elmundo.es

Miles de personas, procedentes de toda Italia, se han manifestado en Roma contra el racismo, bajo el lema 'No al racismo, al delito de inmigración clandestina y al paquete de seguridad'.

Según los organizadores de la protesta, unas 200.000 personas acudieron a la marcha, en la que hubo una alta presencia de inmigrantes, según informan los medios italianos.

La manifestación, que partió de la plaza de la República y recorrió las calles de Roma, pasando delante del Coliseo, terminó en la plaza de la Boca de la Verdad y se desarrolló en un ambiente festivo, acompañada por música.

Entre los manifestantes había, además, asociaciones del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), así como grupos de estudiantes que gritaban "Sui gommoni vogliamo solo Maroni" (En las pateras queremos sólo a Maroni).

Los estudiantes hacían así alusión al ministro italiano del Interior, Roberto Maroni, uno de los principales impulsores de la ley que tipifica el delito de inmigración clandestina y de las repatriaciones de aquellas personas localizadas fuera de las aguas de jurisdicción italiana.

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Protesta social contra la ley de extranjería

– P+DH [periodismo + derechos humanos]

El texto no es definitivo y las organizaciones sociales lo saben. Antes, incluso, de que comenzara el proceso ya advertían de que la reforma era inoportuna en un contexto de crisis como el actual. Ahora, en plena tramitación en el Congreso de los Diputados, reclaman al gobierno que incluya las 100 propuestas y enmiendas que han presentado entidades como Amnistía Internacional [PDF] o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Red Acoge y Cáritas [PDF], a las que se han sumado más de 500 organizaciones de toda España. Las críticas se centran, principalmente, en:

* El empadronamiento. El extranjero que no tenga permiso de residencia o estancia no podrá empadronarse, lo que le impedirá acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria.
* El internamiento en los CIES. La ampliación de 40 a 60 días del plazo que puede estar pasar el extranjero en un centro de internamiento.
* La educación. Tribunal Constitucional reconoce el derecho de los extranjeros a la educación obligatoria y no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. Sin embargo, según las organizaciones, la reforma imita el acceso de los inmigrantes a la educación no obligatoria, impidiendo el acceso de los menores a la educación infantil y de los mayores de edad a los estudios postobligatorios.
* La reagrupación familiar. Quienes se beneficiarán de este derecho serán los que forman la “familiar nuclear”, es decir padres e hijos. Otras generaciones como padres y abuelos sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años o alegando razones humanitarias.
* El acceso a la vivienda. La reforma incluye un nuevo requisito, que los inmigrantes aspirantes a ayudas públicas en esta materia lleven en España al menos 5 años.

17O-MAPA-REDI

Mañana sábado su rechazo a la propuesta del gobierno será materializado en la calle con una manifestación en Madrid convocada por más de 70 organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), CEAR, SOS Racismo-Madrid y decenas de asociaciones de inmigrantes, bajo el lema “Paremos la reforma de la Ley de Extranjería. Tenemos derecho a tener derechos“. En el resto de España habrá concentraciones, manifestaciones y asambleas convocadas por la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI).

Estas protestas se suman a la”marcha por la igualdad“ que comenzaron el 23 de septiembre alrededor de 100 inmigrantes, quienes recorren a pie los 700 kilómetros que separan Madrid y Barcelona para mostrar su rechazo a una ley que “restringe” sus derechos.

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Los inmigrantes se manifiestan para paralizar la reforma de la Ley de Extranjería

El Comercio

Más de setenta asociaciones de inmigrantes se manifiestan hoy en diez ciudades españolas para pedir la paralización del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería porque "lesiona gravemente" los derechos y libertades de este colectivo.

Madrid, Bilbao, Barcelona, Terrasa (Barcelona), Guadalajara, Tenerife, Gran Canaria, Alicante, Murcia y Málaga son los encenarios elegidos para protestar contra la reforma de la norma. La movilización más significativa tendrá lugar a partir de las 11:30 de la mañana en Madrid, con una marcha que partirá de la Estación de Atocha para acabar en la Plaza de Tirso de Molina con la lectura de un manifiesto a cargo de la actriz Pilar Bardem, según han explicado los organizadores de la marcha en una rueda de prensa, entre los que se encuentra la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
Así, el presidente de la Federación de Asociaciones de Refugiados e Inmigrantes de España (FERINE), Víctor Sáez, ha resumido los motivos de rechazo de la propuesta de reforma, como el internamiento en Centros de Extranjeros (CIE) por un periodo de hasta 60 días a los inmigrantes que cometan una falta administrativa o la multa de 10.000 euros para quienes empadronen a una persona extranjera en su vivienda, entre otros. Sáez también ha señalado que se "echa de menos" en la reforma, que ha sido presentada ya en el Congreso de los Diputados, la mención de la ampliación del derecho al voto y la participación política del colectivo inmigrante en España, así como medidas que aseguren el arraigo "verdadero" de las familias extranjeras en este país.

Por su parte, la portavoz del Centro de Estudio y Defensa de los Derechos Humanos(CEDEHU), Clara Redal, ha insistido en que el texto consolida una visión "eminentemente policial" de la gestión de las migraciones, al tiempo que ha censurado la propuesta porque "precariza aún más" las condiciones de vida y "agrava" la situación de vulnerabilidad del colectivo extranjero, y "no sólo del que se encuentra en situación irregular". En la misma línea, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España (CONADEE), Aida Quinatoa, ha denunciado que el Gobierno con esta propuesta "crea una cortina de humo sobre los verdaderos problemas del país". En este sentido, ha señalado que la crisis económica "no puede ser una excusa" para aprobar una ley "injusta" porque, ha asegurado, el trabajo de los extranjeros "ha contribuido a generar riqueza" en España.

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Barcelona abre la primera tienda gratuita de Europa para olvidar la crisis económica

20minutos.es

¿Se imaginan ir a comprar a una tienda sin tener que pagar nada? Esta es la propuesta insólita que lanza un nuevo establecimiento comercial del centro de Barcelona. Productos de alimentación, belleza o limpieza se ofrecen en un comercio que parece hecho a medida en tiempos de crisis.

Sólo se puede ir a "comprar" cada dos semanas y no está permitido repetir la elecciónEl cliente puede llevarse cinco productos cada vez que visite la tienda, en la Ronda Universitat. Todos ellos son nuevos artículos que grandes marcas lanzan al mercado, con lo que se convierten en una especie de conejillos de indias o de privilegiados de la última moda, depende de cómo se mire.

Eso sí, hay que abonar una primera cuota de 5 euros, lo que permite al cliente quedarse con un total de 60 productos en medio año. Y una condición más: sólo se puede ir a "comprar" cada dos semanas y no está permitido repetir la elección.

Hay que abonar una cuota de 5 euros, lo que permite al cliente quedarse con 60 productos¿Qué ganan con todo ello? Los empresarios catalanes que han lanzado Esloúltimo explican que la compañía realizará estudios de mercado para las marcas que ofrezcan sus productos. Se estarán publicitando, además, dichos artículos recién lanzados al mercado.

Esta es la primera tienda de estas características en Europa, pero antes de que acabe el año la iniciativa llegará a Madrid. En 2010, se extenderá a las grandes capitales europeas.

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El proyecto de Extranjería cede competencias a las CCAA en menores y permisos de trabajo

europapress.es

La tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Extranjería dio este miércoles un paso más con la negociación a puerta cerrada de las más de 500 enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios, algunas de las cuales han quedado definitivamente integradas en el texto, como el refuerzo de las competencias autonómicas en extranjería o en la gestión de los menores inmigrantes que llegan a España clandestinamente.

Aunque no será hasta la próxima semana cuando los grupos fijen posiciones definitivas de cara a la celebración, el miércoles, de la Comisión de Trabajo e Inmigración donde se someterá a votación el dictamen de esta ponencia, la portavoz parlamentaria del PSOE en la materia, Esperança Estévez, avanzó que se han incorporado al texto enmiendas de "todos los grupos".

Según explicó en declaraciones a Europa Press, entre otras, se han introducido 40 propuestas elevadas por CiU con la intención de esta formación de "blindar" las competencias de Cataluña en asuntos de Extranjería que ya recoge el estatuto de autonomía de la región, como la gestión de los permisos de trabajo y de las tasas y sanciones que de su emisión se deriven.

Además, serán las comunidades con competencias quienes informen sobre la integración del extranjero, entendiendo como parte de la misma el "conocimiento suficiente" de las lenguas cooficiales, en la concesión de la regularización por arraigo, así como en las solicitudes de nacionalidad, conforme explicó el Grupo Parlamentario CiU, que ha transaccionado algunos de estos cambios con IU-ICV-ERC.

El proyecto de Ley también ha visto incorporadas otras propuestas que afectan a las comunidades autónomas, como la de Coalición Canaria que permitiría a los gobiernos regionales negociar de forma directa convenios para traspasar menores inmigrantes en situación irregular y su tutela. Asimismo, podrán realizar convenios con los países de origen para el retorno de estos niños y jóvenes aunque la gestión de las repatriaciones siga correspondiendo al Estado.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Inmigración del Grupo PNV, Emilio Olabarría, aseguró que el nuevo texto "tiene buen aspecto" y destacó que "hay una cierta propensión del PSOE a admitir enmiendas relativas a los derechos y libertades públicas de los extranjeros y a determinados títulos competenciales de las comunidades autónomas", una "receptividad" que en este caso "afecta al 80 por ciento" de las enmiendas planteadas por el grupo.

EL PP, "DECEPCIONADO"

No es de la misma opinión el portavoz del PP en Inmigración, Rafael Hernando, quien expresó la "absoluta decepción" del Grupo Parlamentario tras la reunión de la ponencia. "Más que avanzar, lo que se ha hecho es retroceder con esta estrategia que ha abierto de negociación en la que ha preferido pactar con CiU y Coalición Canaria que buscar un pacto global" con el grupo mayoritario de la Oposición.

Según explicó en declaraciones a Europa Press, aunque el PSOE "se ha comprometido a estudiar las propuestas" de los 'populares' más adelante, en esta primera reunión "sólo se ha aceptado una enmienda" del PP y versaba sobre "una cuestión de estilo". Por este motivo, el Grupo entiende que el PSOE "sólo está interesado en sacar la ley adelante cómo sea y no en lograr un texto consensuado y una política de Estado" de Inmigración.

"Apenas ha habido cambios que tengan que ver con mayor control de fronteras, con mejor integración de inmigrantes o con poner orden donde no lo hay: no se prohíben las regulaciones masivas, no se avanza en las obligaciones de los inmigrantes que vienen a nuestro país, no se avanza en los cuestiones como el arraigo y no hemos visto en absoluto, después del trámite de ponencia, ninguna actitud positiva por parte del gobierno más allá de las meras promesas", lamentó.

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Movimientos sociales tienen su propia Cumbre en Bolivia

Noticias de Prensa Latina -

(PL) Más de 700 delegados de los movimientos sociales y pueblos indígenas de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), inician hoy aquí su primera Cumbre.

A las deliberaciones en la Casa Campestre, a unos 10 kilómetros del centro de Cochabamba, asisten además representantes de 40 países de Europa, África y Asia.

Entre los temas de esa cita, que forma parte de la VII Cumbre del ALBA, sobresalen economía comunitaria, cambio climático, soberanía alimentaria, autonomía-autodeterminación, consulta y participación sistemática en proyectos y megaproyectos.

También debatirán sobre la fundamentación del ALBA y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), esta última una iniciativa del presidente boliviano, Evo Morales.

Según declaró a Prensa Latina, Isaac Ávalos, secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y miembro del comité organizador, los mandatos y lineamientos estratégicos que emerjan de ese foro serán entregados a los jefes de Estado o de Gobierno de las naciones del ALBA.

Con esa finalidad, las organizaciones sociales se reunirán el próximo sábado en el Estadio Felix Capriles con los jefes de las delegaciones de Bolivia, Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Dominica, San Vicente y Granadina y Antigua y Barbuda.

Esa concentración popular, devenida en fiesta nacional y a la que se espera la asistencia de unas 30 mil personas, será el colofón de la reunión de ese mecanismo de integración.

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Convocan manifestación contra la Ley de Extranjería

tercerainformacion.es

REDI, se define como un amplio movimiento que incluye a "organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática".

Debido a que la nueva Ley de Extanjería elaborada por el PSOE profundiza en el atentado contra los derechos humanos de los inmigrantes que tienen como precede las anteriores leyes de extranjerías y sus consecutivas reformas, REDI junto con organizaciones políticas como Izquierda Unida, Partido comunista de España, Izquierda Anticapitalista, sindicatos de clase como FERINE y organizaciones sociales como OSPAAAL y SOS Racismo entre otros muchos, convoca este viernes 17 de octubre en Madrid una manifestación que dará comienzo a las 11:30 de la mañana en Atocha y finalizará su recorrido en Tirso de Molina.

En el comunicado que los convocantes han hecho público se dice que,

"Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

DENUNCIAMOS

Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos que a continuación se exponen:

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.) Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno de la Unión Europea en el Estado español.

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico reconocido por la propia Constitución Española.

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares. Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor. El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión. En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada, devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive por sobreseimiento provisional.

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.

Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.

El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.

El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las políticas de inmigración.

LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.

CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español."

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La Radio del Sur ya se escucha en países de América y África

La pobreza, las acciones contra los derechos humanos y el rescate de aquellos valores tergiversados por la cultura capitalista, para resembrarlos en todo el mundo, son parte de la promesa informativa de La Radio del Sur, que enlazará emisoras de América del Sur y África.

Con sede en la ciudad de Caracas, esta iniciativa radial nace como un instrumento de integración en un mundo donde hay diferentes polos de poder y cambios geopolíticos, afirmó la directora de Radio Nacional de Venezuela (RNV) y responsable de conducir este nuevo medio, Helena Salcedo.

"La voz de los que no tienen voz", principio que sigue desde hace cuatro años la señal de Telesur, es compartido por el equipo de La Radio del Sur, que utiliza internet para la cobertura internacional mientras enlaza su señal por satélite con las emisoras afiliadas que cubren el 40 por ciento del territorio venezolano, con 12 frecuencias locales.

El primer día de transmisión, el 27 de septiembre, el Presidente venezolano, Hugo Chávez, manifestó que "los latinoamericanos y africanos van a conocer su historia y las luchas revolucionarias".

En el sitio de Internet http://www.laradiodelsur.com, figurará 88 estaciones de América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Canadá y España.

Desde Caracas, Venezuela, a través del dial 98.5 FM, enlazados con frecuencias en las ciudades de Maracaibo, Puerto La Cruz, Guasdualito, Santa Bárbara de Barinas, Puerto Ordaz, Barquisimeto, Valles del Tuy, Guarenas, Valencia, San Cristóbal, Mérida y el estado Vargas.

En el ámbito internacional la red de emisoras la integran radios de Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Islas Canarias, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Nicaragua y República Dominicana.

Segui @inmigrantes

Colarse por 20 euros

Informativos Telecinco.com -

La burocracia muchas veces es lenta, seguro que lo han padecido en alguna ocasión. Pero siempre hay quien se beneficia de los que tienen prisa y prefieren pagar algo por evitarse horas de espera. Ocurre a las puertas de consulados y ministerios, donde proliferan las gestorías piratas, que ofrecen mucha rapidez pero pocas garantías. Nuestros reporteros nos muestran lo que cuesta ser los primeros de la fila.

A primera hora de la mañana contactamos con varios conseguidores, así se hacen llamar los inmigrantes que trabajan en las puertas del registro, de los consulados y del departamento de legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se requiere cita previa para realizar cualquier gestión. Por internet están dando citas para dentro de 15 días. Pero ellos se aprovechan de los que necesitan documentos con urgencia para vender citas inmediatas por 20 euros. "Cobramos 20 euros por documento para hoy mismo. Es la una, a las dos y media lo tiene legalizado".

Para entrar por la puerta de atrás de la administración hay que pagar por trámites que son gratuitos. Un conseguidor nos confiesa que un funcionario es el que se encarga de agilizar el proceso. Nos ofrece legalizaciones en tan sólo cuatro horas cuando por la vía oficial el trámite puede llevar meses.

Detrás de toda esta red de conseguidotes de cita está gente como Jhovani, un dominicano que llegó hace tres años a España y encontró en las colas una oportunidad de negocio. No le importa reconocer que tiene copado el sistema de citas. Desde su casa-oficina tramita cientos de legalizaciones de todo el mundo. Reconoce que su negocio es ilegal porque no paga impuestos, aunque le encantaría que el gobierno legalizase su empresa.

El colegio oficial de gestores denuncia que los conseguidotes no ofrecen garantías. Han detectado a más de 90 empresas intrusas que tramitan documentos en la Dirección General de Asuntos Consulares.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha tomado cartas en el Asunto y va a reformar el sistema de cita previa.

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Un informe denuncia el trato "inhumano" a inmigrantes en fronteras europeas

AFP:
BRUSELAS — Los inmigrantes que buscan llegar a Europa vía el Mediterráneo sufren un trato "inhumano" al ser interceptados por las autoridades en las fronteras, denunció este martes la asociación Migreurop, que acusó a la UE de laxismo ante los "abusos" de países como Italia, Grecia o España.

Poco más de un año después de que la Unión Europea (UE) adoptara su polémica directiva Retorno, por la que el período máximo de detención de un inmigrante ilegal se alargó a 18 meses, los Gobiernos libran una "guerra" contra estas personas, según un informe presentado en Bruselas por Migreurop a partir de informaciones recogidas en cuatro zonas fronterizas "calientes".

Además de las condiciones "inhumanas" en las que los extranjeros se hacinan en los centros de detención, la asociación, integrada por ONG de una docena de países mediterráneos, denuncia "la práctica cada vez más extendida" de expulsar a ilegales a países donde se "practica la tortura y la violación de los derechos humanos".

Las "deportaciones" de inmigrantes de Italia a Libia o de España a Senegal son un "ejemplo" del endurecimiento de la política europea, según Migreurop, que en su informe denuncia los "abusos" cometidos en la frontera greco-turca, el noreste de Francia, el este de Marruecos y la isla italiana de Lampedusa.

Europa se defiende de la inmigración ilegal "haciendo la guerra con medios militares, como la agencia europea de control Frontex", desplegada sobre todo entre las islas españolas de las Canarias y las costas del oeste africano, arremetió Claire Rodier, responsable de Migreurop.

El refuerzo de la vigilancia en esta región ha llevado por otro lado a muchos inmigrantes -especialmente afganos, iraquíes, eritreos y etíopes- a tratar de llegar a Europa a través de la frontera greco-turca.

Unos 150.000 intentaron en lo que va de año entrar en Grecia, cuyo Gobierno "comete violaciones de los derechos humanos en nombre de la posición geográfica del país", declaró Rodier.

"Grecia e Italia son países que desempeñan el papel sucio de guardianes de las fronteras. Por eso, la Comisión Europea no tiene prisa" en llamarles la atención, acusó esta responsable, tachando la política europea, defendida como un modelo del respeto de los derechos humanos, de "hipócrita".

Migreurop se mostró además poco optimista en que la llegada al poder de los socialistas en Grecia, que vencieron a los conservadores en las elecciones de este mes, pueda traducirse en una mejora del trato a los inmigrantes ilegales.

"Tuvimos muchas esperanzas cuando los socialistas ganaron las elecciones en España (en 2004)", pero la situación de los inmigrantes detenidos en ese país es "de las más trágicas en Europa", defendió otra responsable de la asociación, Sara Prestianni.

El informe denuncia además cómo la UE "presiona" a Marruecos para evitar que los inmigrantes subsaharianos inicien su travesía con destino España o Portugal y de qué forma Rabat los expulsa s menudo en pequeños grupos, "durante la noche y discretamente" a Argelia.

"Hay una deshumanización de los inmigrantes. Se habla de ellos en términos de masa", insistió Migreurop, de la que forma parte la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Al menos entre 15.000 y 17.000 personas fallecieron en los últimos diez años durante su odisea por entrar en Europa, según cifras basadas en informaciones de prensa, señaló Migreurop.

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Un tercio de los inmigrantes quiere traer a la familia para mejorar el futuro de sus hijos

Pamplona. El 45% de los inmigrantes que residen en Navarra se vino buscando un empleo mejor (45,15%), por falta de trabajo (22,81%) y por encontrar mayor calidad de vida (37%). El 77% llegó en los últimos diez años.

Las razones familiares relativas al reagrupamiento motivaron la salida del 33% de los inmigrantes.

De hecho, en nuestra comunidad una tercera parte de los inmigrantes manifiesta la intención de traer a sus familiares (un 33,60%), un porcentaje superior al estatal (24,76%). Los sentimientos de "soledad" y "vacío afectivo" son el motor de la reagrupación familiar, así como la situación de los hijos "que ya empiezan a ser mayores y el deseo de ofrecerles mejores condiciones de vida".

Las poblaciones latinoamericanas y europeas del Este parten en mayor medida de una "relación de pareja y descendencia ya establecidas" por lo que se ven obligados a diseñar una "estrategia migratoria familiar": emigran todos juntos o lo hacen de forma sucesiva, por etapas. Por contra, en la población procedentes de Europa Occidental y África se percibe una "migración asociada a la soltería".


Seis de cada diez hijos e hijas de inmigrantes residentes en Navarra conviven con sus progenitores.

Así se pone de manifiesto en el estudio sobre reagrupación familiar de la población extranjera afincada en Navarra realizado en el 2008 por el Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra, dependiente de la Oficina de Atención a la Inmigración y basado en datos del 2007 de la Encuesta Nacional de Inmigrantes. La muestra para Navarra es de 1.064 encuestas.

La mitad de las personas encuestadas emprendió su viaje en solitario, mientras que prácticamente la otra mitad lo hizo con parte o toda la familia con la que convivían. Mucha de la población inmigrante residente en Navarra tiene a parte de su familia viviendo con ella, bien porque la trajo desde el principio o fruto de la entrada progresiva de familiares de los que primero llegaron. Los progenitores son los que en mayor medida continúan viviendo en sus países de origen. En este sentido, cabe resaltar que el 86% de las mujeres africanas vive en un hogar con su cónyuge, cifra que desciende a un 52% para el caso de los hombres africanos. Destaca el gran peso que entre los hombres africanos tiene el hogar sin núcleo familiar (33%).

Respecto a la intención de traer a sus familiares, la mayor parte de las personas encuestadas señala que no tiene intención de traerles porque ya están todos o parte o porque no desean que vengan. Según el estudio, las personas africanas muestran mayor interés por traer a su familia (53%), seguido de las personas latinoamericanas (35%). Este "importante deseo" de las personas africanas es reflejo de la "menor reagrupación familiar", junto con la "diferente concepción" de modelos de convivencia familiar que, en su caso, abarca a un mayor número de personas y va más allá de la familia nuclear. Por otro lado, el paso del tiempo trae consigo cambios en "las estructuras de los hogares" ante la llegada de nuevos familiares, y por otro, hay muchas personas inmigrantes que se encuentran en un momento de transición de su proyecto migratorio familiar, ya que su residencia en España no es un proyecto familiar sino "personal", con intención de regresar a su país.

legislación El Gobierno español ha aprobado la reforma de la ley de extranjería que en principio endurece algunos criterios para la reagrupación familiar y amplía el periodo de retención de inmigrantes indocumentados. La legislación española admite la posibilidad de obtener una autorización de residencia por reagrupación familiar para cónyuge de español o extranjero, para hijos e hijas menores de edad o mayores de edad dependientes, y ascendientes de personas españolas o extranjeras residentes. Esta autorización no permite trabajar en España y en el procedimiento administrativo se tiene que acreditar permiso de residencia renovado, vivienda adecuada y medios de subsistencia suficientes.

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Para inflar estadísticas

Alfredo Perdiguero, portavoz de la Unión Federal de Policía: "La orden es detener a todo inmigrante"

inSurGente.- "La orden es detener a todo inmigrante", señaló Alfredo Perdiguero (en la fotografía), portavoz de la Unión Federal de Policía de Madrid. Harto de la "caza al inmigrante", denunció que los superiores policiales "obligan a la detención de inmigrantes exclusivamente para inflar las estadísticas de arrestados".

"Esta denuncia viene -agrega- porque los policías no quieren detener a extranjeros por norma o por obligación. Los pueden detener dentro de una intervención normal, en cualquier actuación en la calle y cuando ven a alguien que está haciendo algo ilegal. Pero lo que no queremos es detener a todos los extranjeros ilegales por obligación, porque los policías lo que quieren hacer es velar por la seguridad ciudadana que es al final nuestra función principal".

El portavoz policial también habló sobre la violencia en las calles, inseguridad ciudadana, bandas latinas, mercado negro de armas, violencia juvenil, ETA, incluso calificó de infundadas las denuncias y quejas que hay contra los Centros de detención de Extranjeros CIES.

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Gobierno venezolano exige trato digno a viajeros que van a España

El gobierno Bolivariano de Venezuela exigió, mediante una reunión con altos funcionarios migratorios de España, respeto y trato justo e igualitario a los venezolanos que viajan a España y que son víctima de vejaciones, tratos discriminatorios y les es impedida su entrada a la nación europea.

En contacto telefónico con Venezolana de Televisión, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, indicó que este viernes sostuvo una reunión con el Secretario de Estado para Asuntos de Migración, Javier Elorza, y otros altos funcionarios de esa área, a quienes manifestó las quejas venezolanas por las decenas de personas devueltas desde los principales aeropuertos de España luego de ser tratados de forma discriminatoria.

El diplomático dijo que junto con los funcionarios españoles realizó un recorrido por las estaciones T1 y T4,del aeropuerto de Barajas, donde llegan los aviones de las aerolíneas que parten desde Venezuela.

Informó que una de las principales trabas es la monetaria, ya que las autoridades españolas exigen 561 euros para 9 días, lo que significa 61 euros diarios.

Asimismo, España pide una carta de invitación, la cual debe ser solicitada en la comisaria del lugar donde reside la persona que invita, destacó.

La política migratoria de España, indicó Rodríguez, se basa en la Directiva Europea de Retorno, considerada por gobierno progresistas como conservadora, discriminatoria y vejatoria.

“No es una directiva que responda a lo que fue la gran ayuda que le prestó América a Europa y de manera muy especial a España cuando acogió a sus nacionales con o sin conflictos para convertirlos en trabajadores de nuestros países”, dijo el embajador.

Señaló además que tanto en los consulados como en la embajada de Venezuela en España, han recibido 39 denuncias sobre retornos irregulares. Sin embargo, estiman que entre julio y septiembre han devuelto a un total de 247 venezolanos de los principales aeropuertos españoles.

El gobierno de España asume posturas conservadoras, y al restringir la entrada de latinoamericanos, pretende conservar los puestos de trabajo de sus nacionales.

La directiva de retorno, inclusive, viola tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dijo el embajador.

Rodríguez reclamó ante los funcionarios un trato digno para los venezolanos, ya que en ocasiones no se les garantiza todos sus derechos. “Los intimidan, los hacen pasar por periodos de espera muy largos y no hay tratamiento diferenciado para niños, adultos, mujeres o enfermos”, recalcó, al tiempo que dijo que, por si fuera poco, “no tienen la posibilidad de disponer de su equipaje de mano”.

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El gobierno prohibe una manifestación contra el racismo y la xenofobia

Desde el asesinato del joven Carlos Palomino, la Delegación del Gobierno que preside Amparo Valcarce ha permitido más de 10 actos de organizaciones nazis y fascistas mientras ha prohibido manifestarse a quienes se oponen a ellos.

La última vez ha sucedido esta misma semana cuando la Delegación del Gobierno ha prohibido una manifestación convocada por la Coordinadora Antifascista entre otras organizaciones, denunciando el terrorismo fascista, que expresa con violencia valores antidemocráticos como el racismo y la xenofobia.

Según las autoridades la petición se debería haber presentado 10 días naturales antes de su celebración, para los ciudadanos que se oponen a la violencia fascista esto es sólo una excusa para "denegar una movilización que denuncia el fascismo y pone al descubierto su carácter terrorista."

En un comunicado de la Coordinadora Antifascista, relatan que "alegan que no tiene carácter de urgencia ya que no consideran que distintas muertes y agresiones a trabajadores inmigrantes, indigentes y a aquellos que han dado un paso adelante en la lucha contra el racismo y el fascismo sean motivo suficiente para solicitar una concentración". Además han anunciado que la convocatoria sigue vigente. El sábado 10 de octubre al mediodía quienes rechazan el racismo, la xenofobia y el fascismo se encontrarán en la Puerta del Sol.

Pero esta situación no es nada nuevo, ya que el juicio contra el neo-nazi Josué Estébanez de la Hera, que asesinó a Carlos Palomino hace dos años, ha puesto de relieve la impunidad de la que gozan los grupos de extrema derecha en españa.

El Gobierno de España mantiene legalizados a partidos políticos fuertemente vinculados con la violencia fascista que atenta contra los ciudadanos. Estos partidos como España 2.000, Democracia Nacional o la Falange Española, fomentan valores como el racismo y la xenofobia, totalmente antidemocráticos y realizan actos, conciertos y manifestaciones que suelen ser el origen de las manifestaciones violentas de sus ideales fascistas.

Mientras el ejecutivo, tanto popular como socialista, ilegaliza organizaciones políticas nacionalistas por no condenar el terrorismo de ETA, y permite que la ultra-derecha lo practique y pueda disfrutar de los mismos derechos y libertades de quienes lo sufren.

Aitor Zabaleta, asesinado por otro neo-nazi al finalizar un partido de fútbol; Lucrecia Pérez, una dominicana que fue tiroteada junto a otros compatriotas mientras cenaban en las ruinas de una discoteca en Madrid, las dos jóvenes vallisoletanas que fueron golpeadas por varios neo-nazis que además les grabaron esvásticas a navajados en sus cuerpos, y las brutales palizas que varios neo-nazis del Bloque Anti Sistema de León dieron incluso a chicas que iban solas, demuestran la impunidad de la que goza la extrema derecha para expresarse de la única forma que sabe hacer: la violencia.

La derecha moderada pretende encarcelar a niños de 12 años por su conducta antisocial, provocada por un mal modelo educativo en el que la educación pública es un gueto ya que al privatizarla, sólo quienes tienen dinero pueden dar una buena educación a sus hijos, y por dejar que la televisión sea quién los eduque fuera de la escuela, haciéndolo con programas no aptos para ellos. En cambio, calla con los crimenes fascistas.

De la misma forma, tanto la derecha moderada representada por el PP y el centro representado por el PSOE permiten deliberadamente que el fascismo esté totalmente vinculado al fútbol. Los ultras de varios equipos son abiertamente nazis, llevando al campo simbología nazi y fascista, insultando a jugadores latinoamericanos, asiáticos y africanos y provocando violencia al finalizar los partidos.

No hay penalizaciones para los equipos que permiten esta situación, debido a que este deporte fomenta grandes debates entre los millones de aficionados que no tienen tiempo para pensar en fallos gubernamentales, como la impunidad de la que goza el fascismo en España.

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Varios barrios de Londres acuñan una nueva moneda para salir de la crisis

 - Cotizalia.com

La moneda local se está convirtiendo en Reino Unido en el mejor antídoto contra la crisis. El último a subirse el carro ha sido Brixton, uno de los barrios más peculiares del sur de Londres, bautizado desde hace años como la capital afrocaribeña de las islas. Desde hace dos semanas, por las calles se ven unos billetes con la cara del cantante David Bowie, el activista por los derechos civiles Olive Morris, los ex primeros ministros John Major y Harold MacMillan, y el medioambientalista James Lovelock. Parecen de monopoli, pero son los nuevos Brixton Pounds.

Se consiguen y se utilizan sólo en el suburbio con el objetivo de mantener a flote los negocios locales. No son ilegales mientras no intenten hacerse pasar por la libra esterlina. El único requisito para su uso es que, en ningún momento, se utilice la imagen de la soberana Isabel II. De momento, más de cien establecimientos se han sumado a la iniciativa y, a día de hoy, están en circulación 25.000 billetes.

Tim Nichols, responsable de la campaña, asegura a Cotizalia que la acogida ha sido buena. “Está prevista para utilizarse durante los próximos dos años, aunque todo dependerá de la marcha de la crisis. Nuestro objetivo no es tanto crear empleo como conservar los pequeños negocios. La clave es que la gente del barrio consuma en el barrio”, matiza.

Crear el sentimiento de hermandad no ha sido nada difícil. Es cierto que Brixton es uno de los puntos con más delincuencia, consumo de marihuana y tráfico de armas del país. Pero también es una zona donde la gente se siente identificada con su comunidad. Jane, por ejemplo, está encantada con la propuesta y no ha dudado en pedir en Brixton Pounds parte del salario que recibe como camarera en uno de los cafés del suburbio. También hay muchos escépticos que consideran que la campaña no sirve de nada y se niegan a aceptar cualquier cosa que no lleve estampada la cara de la reina.

Aunque Brixton es el primer suburbio de la City con moneda local, ya existían tres ciudades con sus propios pounds. La primera fue Totnes, al sur de Devon. Luego se sumó, Lewes (en el este de Sussex) y por último, Stroud (Gloucestershire).

Todas ellas pertenecen a Transition towns, una asociación que combate el cambio climático y la escasez de petróleo con bienes de comercio justo a pequeña escala y puestos de trabajo para los locales. La iniciativa nació en 2007 en Kinsale (Irlanda), y ya se ha extendido a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Italia, Chile y Estados Unidos. En Berkshare (Massachuset) también lograron impulsar su propia moneda en 2006.

Una salida imaginativa a la crisis

Podría pensarse que se trata tan sólo de la solución más creativa para la crisis, pero nada más lejos de la realidad. La Gran Depresión de EEUU de la década de 1930 llevó consigo la creación de un mercado similar a este, y mucho más tarde, cuando Argentina tocó fondo en 2001, se creó el Club de Trueque Mundial, un sistema que en su época de mayor apogeo fue utilizado por tres millones de personas.

Los defensores sostienen que mantener el dinero en la zona es la mejor manera para impulsar la economía de la comunidad. Pero los más críticos dicen que tan sólo se trata de “trucos de moda” similares al proteccionismo.

Algunos economistas han llegado incluso a advertir de que podría servir para evadir impuestos, pero el recaudador británico ha descartado por completo esta posibilidad.

La Agencia Tributaria asegura que todos los empresarios tienen que dar cuenta de su facturación. Dado que cualquier divisa o moneda local está vinculada a la libra, cualquier tipo de venta debe considerarse en base al valor de la libra. Además, si no hay negocio de por medio, el recaudador no tiene nada que decir, porque al no extraerse beneficios comerciales atribuidos a la actividad, no hay consecuencias fiscales. Para el Tesoro británico este tipo de billetes no son otra cosa que un ticket británico.

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