Desde que tomó posesión del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho ha aportado unas cuantas "reflexiones" a la política desarrollada por su antecesor, Jesús Caldera. Entre ellas, excluir a padres y suegros de la reagrupación familiar y ofrecer incentivos a los inmigrantes para que vuelvan a sus países.
El titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha añadido a los anuncios de Corbacho su intención de aumentar de 40 a 60 días el plazo de retención de los extranjeros que entran en España de forma irregular. Y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha respaldado una directiva europea de retorno que ha generado una fuerte polémica por su dureza con los sin papeles.
Todas estas acciones parecen evidenciar un cambio radical en la política de inmigración llevada a cabo por el Gobierno durante la última legislatura. En aquellos cuatro años, los empresarios importaron a 727.821 extranjeros con contrato laboral, a los cuales hay que sumar otros 600.000 que los mismos patronos regularizaron en el proceso de normalización promovido por el Ejecutivo en 2005.
A pesar de estas pruebas, ningún miembro del Gobierno admite que se está llevando a cabo un cambio en la política de inmigración. No lo admite el ministro Corbacho ("El primer día ya le expresé a Zapatero mi voluntad de continuar la excelente labor llevada a cabo hasta ese momento"), no lo admite el ex ministro Caldera ("La fórmula sigue siendo la misma: máxima firmeza en la defensa de la legalidad y máxima firmeza en la integración"), y tampoco lo admite el eslabón entre ambos: la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí: "No hay una nueva política. Estamos desarrollando una política flexible, capaz de adaptarse a las circunstancias, que ésas sí son nuevas", explica.
Esa política "flexible" se apoya en cuatro brazos: vinculación con el mercado laboral, lucha contra la inmigración ilegal, integración de los extranjeros y relación con la cooperación al desarrollo. ¿Cuál de esas patas cojea ahora? El mercado laboral, que comienza a ser diezmado por "la crisis más compleja de la historia", en palabras del vicepresidente económico, Pedro Solbes.
La madre de todas las crisis ha volcado a los responsables de inmigración en "el reajuste del mercado interno". Dicho de otro modo: "El objetivo es ordenar dentro antes de contratar fuera": recolocar a los trabajadores (españoles y extranjeros) que se vayan sumando a las listas de parados. Paradójicamente, eso no supondrá la suspensión de las contrataciones en origen, "porque", señala Rumí, "seguirá habiendo sectores que necesiten mano de obra especializada".
Pero no todas las iniciativas del Gobierno caben en la "fórmula flexible" diseñada durante la pasada legislatura. Medidas como la exclusión de los mayores de la reagrupación familiar ("El Estado de bienestar no se puede estirar hasta el infinito", ha declarado Corbacho) o el apoyo a la segregación de alumnos inmigrantes en Cataluña ("Una iniciativa valiente", la ha calificado el ministro) sólo parecen justificables si el Gobierno está yendo más allá de la "fórmula flexible" y se dispone a abordar un cambio de filosofía frente a la inmigración.
Corbacho suele apoyar sus iniciativas con profusión de ejemplos extraídos de su experiencia como alcalde. Pero, como señala el portavoz de la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, "las políticas estatales y europeas van mucho más allá de las prácticas de L'Hospitalet". La secretaria de migraciones de UGT, Almudena Fontecha, coincide en el análisis: "Esto no es una escalera de vecinos. El ministro se dará pronto cuenta de que determinadas cosas no son posibles". Y el secretario confederal de migraciones de CC OO, Julio Ruiz, apostilla: "Propuestas como la eliminación de la reagrupación familiar a los ascendientes pueden rozar la vulneración de derechos". Con todo, tanto los representantes de UGT y CC OO como el portavoz de Rumiñahui y el presidente de la asociación marroquí ATIME, Kamal Rahmouni, no se atreven a afirmar que está en marcha un cambio de política. Por el momento, sólo se arriesgan a certificar un cambio de discurso.
Quien no tiene dudas al respecto es el portavoz parlamentario del PP en Inmigración, Rafael Hernando. "Han hecho un cambio radical y me parece absurdo que no lo reconozcan", se indigna. "Han pasado del papeles para todos de Caldera al maletas para todos de Corbacho".
En su repaso a los anuncios (y a los hechos) del Ejecutivo en sus primeros 100 días, Hernando incluye el incremento del plazo máximo de retención de los extranjeros acusados de entrar en España irregularmente. Pero esa decisión no puede ser considerada una sorpresa, porque figuraba en el programa electoral del PSOE.
También alude Hernando al respaldo socialista a la directiva europea de retorno, un asunto que ha motivado duras críticas al Gobierno. En público, los socialistas la presentan como el primer paso hacia una política común de la UE y explican que no influirá en la legislación española. Pero, en privado, algunos hilvanan una teoría distinta: la situación geopolítica de España es muy comprometida, y mal podría pedir ayuda a sus socios europeos, casi todos conservadores, frente a crisis como la de 2006, cuando miles de inmigrantes llegaron en cayucos a Canarias, sin haber apoyado antes la polémica directiva.
Aparte de esas dos cuestiones -el aumento del plazo de retención y el apoyo a la directiva de retorno-, que poco o nada tienen que ver con el ministro de Trabajo e Inmigración, el discurso de Celestino Corbacho preocupa a los sindicatos y a las organizaciones de inmigrantes. "Está dando a entender que los inmigrantes tenemos algo que ver con la crisis", señalan el marroquí Rahmouni y el ecuatoriano Jiménez. Su temor es que esas palabras alimenten la xenofobia, algo que tendría difícil reparación.
Como advierte un personaje de Sciascia, "las palabras no son como los perros, a los que se les puede silbar para que vuelvan". (elpais.com
su propia supervivencia, sino también para la de sus familiares que viven en el extranjero. De esta forma, las remesas que enviaron el pasado enero a sus países de origen sumaron 667 millones, un aumento de 34 millones con respecto al mismo mes de 2007. Por otro lado, las mujeres inmigrantes se ven obligadas a crear redes de apoyo o incluso enviar a sus hijos a su país de origen. Una situación que los expertos advierten que pueda derivar en la proliferación de “guarderías clandestinas”. 
sociedad no se cansan de decirnos lo positivo que para nuestra economía está resultando. Y ciertamente la llegada de extranjeros explica más del 50% del crecimiento del PIB en el último lustro. A mayor PIB, mayor riqueza, por tanto parece que el razonamiento de que la inmigración es beneficiosa para España es impecable. ¿Pero esta creación de riqueza a quien ha beneficiado realmente?.
