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La reforma laboral equivale a una caída en los salarios reales. El gobierno de Zapatero, presionado por el FMI, el Estado alemán y los especuladores, ha impuesto una política que reduce los ingresos de todos los trabajadores españoles, al mismo tiempo que aumenta los excedentes empresariales. Ha afectado en apenas un mes a los empleados públicos, a los trabajadores privados y, finalmente, a los pensionistas.
El gobierno impuso, primero, el descenso en los sueldos de los funcionarios públicos, un 5% más la congelación en dos años. Dado que fijar los salarios mientras que los precios siguen creciendo equivale a una pérdida en el ingreso real, la reducción final se acercará al 10%.El ganador es el mismo Estado quien, al menos, podría utilizar esos recursos adicionales para sufragar la satisfacción de necesidades sociales. En la realidad, el ahorro obtenido apenas compensa las sucesivas rebajas fiscales, como la eliminación del impuesto del patrimonio, de que vienen disfrutando los más ricos.
Asimismo, el gobierno ha decidido congelar para 2011 las pensiones, salvo las mínimas. De esta forma los pensionistas verán reducida su renta en un 2%. Esta injusta medida agrava la penosa situación de muchos pensionistas, incapaces de satisfacer las necesidades más básicas. Además, mermar las pensiones equivale también a reducir el valor real actual de los salarios recibidos: las mismas cotizaciones dan derecho a menores beneficios tras la jubilación o la invalidez.
Finalmente, la reforma laboral ha añadido una reducción específica en el salario de los trabajadores del sector privado, provocando el aumento paralelo en los beneficios empresariales: lo que se paga de menos va al empresario. Antes de la reforma laboral, el trabajador con contrato indefinido tenía la promesa de recibir, en caso de despido, una indemnización de 45 días por cada año trabajado. Muy pocas veces se rebajaba la indemnización entendiendo que el despido era objetivo (procedente): ineptitud, absentismo, etc. A partir de la reforma, se generaliza la fórmula contractual indefinida que da al trabajador derecho a 33 días de indemnización por cada año. A lo que hay que añadir la extensión del despido objetivo para todo caso de situación económica negativa, circunstancia que, sin definición clara, sin duda llevará a la inflación de los casos judiciales y la inseguridad en empleados y empleadores. Frente a lo anterior, el aumento futuro, ¡a partir de 2012!, de la indemnización del trabajador contratado temporalmente, de 8 a 12 días, o la promesa de controlar la repetición en el tiempo de los contratos por obras y servicios, palidecen y son incapaces de equilibrar las pérdidas de ingresos de los trabajadores. Es más, el FOGASA, fondo de capitalización financiado por cotizaciones empresariales, que sólo debería hacer frente a los salarios no abonados por los empleadores, pasa ahora a pagar 8 días de la indemnización debida, ¡incluso si el despido es improcedente!.
Se pueden cuantificar los efectos económicos de la reforma laboral. Supongamos que la aplicación de la cláusula extendida de despido justificado equivale en el futuro al coste tanto de los pocos contratos con indemnización de 45 días que se puedan firmar, como de la tímida y futura subida en la indemnización al trabajador temporal. Un trabajador contratado indefinidamente recibe la promesa de una indemnización de 33 días por cada 365 días trabajados, por los 45 que antes recibía. Según distintas encuestas, cerca del 40% de los trabajadores españoles creen que pueden ser despedidos en los próximos seis meses. Quienes tienen contrato indefinido tienen una expectativa menor de ser despedidos, pero esa expectativa crece si ampliamos el horizonte temporal a varios años. Supongamos, así pues, que un 40% de los trabajadores españoles con contratos indefinidos van a ser despedidos en los próximos diez años. Multiplicando la probabilidad de despido por la indemnización tenemos el valor económico de esa indemnización, a lo que hay que sumar el sueldo como tal. Pues bien, la reforma laboral ha reducido el salario real de los trabajadores en un 1’25% anual, y ha aumentado los beneficios empresariales en un 2’1% anual. A lo que hay que añadir la pérdida mencionada de pensiones.
Se observa en este artículo, en conclusión, que el gobierno español lleva una política de reducción en los salarios reales e incremento en los excedentes empresariales. Esta es la realidad que justifica sobradamente una huelga general.
