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29/11/09

La crisis y el paro disparan el número de pisos patera

Público.es -
La crisis ha provocado un repunte de pisos patera, las viviendas ocupadas por un gran número de inmigrantes con escasos recursos económicos. Barcelona es la ciudad que ha tenido un mayor aumento. El número de viviendas de esta localidad con más de siete personas creció un 14,4% entre junio de 2007 y el mismo mes de 2008, según el anuario estadístico municipal de este año. El mayor aumento se dio en los hogares con nueve o más personas: un 19% en el mismo periodo (pasaron de 4.182 a 5.011). El índice general apenas se elevó un 0,75%.

En Madrid, la falta de empleo entre la colonia extranjera ha provocado un efecto similar, aunque más moderado. En total, la bolsa de viviendas con siete o más personas de la capital se engrosó un 3%, frente al 1,3% general. En el barrio de Lavapiés, donde un tercio de la población es inmigrante, el fenómeno ha sido mayor que en el resto de la ciudad.

Ousamane, senegalés de 28 años, comparte allí su casa, de una sola habitación, con cuatro personas. Con frecuencia, se reúnen en asamblea para decidir asuntos de la casa. "Hacemos estas reuniones para organizar turnos de limpieza, decidir quién va a cocinar cada día y discutir si alguien ha hecho algo mal. Es importante para que esto no se convierta en un descontrol", explica. Ousmane está en el paro, a pesar de su licenciatura en Económicas y manejo de idiomas. Aprovecha para estudiar. "Dentro de un tiempo, estaré más formado, pero ahora busco trabajo en lo que sea", dice. Hace dos meses, uno de los inquilinos se marchó y decidieron acoger a dos más que habían perdido su trabajo.
Hacinamiento de latinos

Por nacionalidades, los datos más actuales de la ocupación de hogares en Madrid son del censo municipal de 2001. Entonces, 3.268 personas vivían en casas de diez o más habitantes. Los suramericanos (ecuatorianos, sobre todo) fueron los que más recurrieron a los pisos patera: el 63% (2.065). De las 178 casas con más de cuatro familias, el 85% (151) tenía a una persona del subcontinente americano como individuo de referencia.

"El hacinamiento se produce cuando el inmigrante llega al país"

Ahora, el fenómeno se ha ampliado a más nacionalidades. "El hacinamiento se produce cuando el inmigrante llega al país. Durante los años posteriores, lo normal es que ahorre y estabilice su situación", detalla la especialista en inmigración del Real Instituto Elcano Carmen González.

La gran oleada de inmigrantes ecuatorianos se produjo tras la crisis económica que sufrieron hace diez años. "Aunque España es más generosa en derechos sociales, el problema de la vivienda es más fuerte que en el resto de la Unión Europea por la falta de oferta pública, tanto para españoles como para extranjeros", añade González.
Nuevas nacionalidades

Desde el comienzo del fenómeno migratorio a gran escala a principios de la década, el perfil de los que viven hacinados sigue siendo el de inmigrantes recién llegados, sin papeles y con alta precariedad laboral. Sin embargo, sus nacionalidades han cambiado.

El portavoz de la asociación ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, explica que, en la actualidad, "los ciudadanos más afectados por el hacinamiento son los de llegada más reciente. Los bolivianos y paraguayos, principalmente". González comparte la tesis y añade a la colonia subsahariana como "colectivo de riesgo".

La Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España rechaza que se les asocie a los pisos patera en ciudades como Málaga, Bilbao o Valencia. Pero su presidenta, Irma Pérez, reconoce que allá donde los alquileres son más caros, "existen problemas".

El fenómeno también se produce entre la colonia asiática. Abdul, bengalí de 35 años, firmó una hipoteca hace un año para comprar su piso, de 40 metros cuadrados, con tres habitaciones minúsculas. Lo comparte con su mujer y cuatro familiares más. "Pero vivimos mejor que algunos amigos", asegura.

Hace unos meses, las mensualidades del banco crecieron hasta los 900 euros y las ventas de su frutería se redujeron un 50%. Tras el mostrador, se encoge de hombros: "La crisis. Ya sabes". Logró renegociar con su caja de ahorros y redujo los pagos a 566 euros mensuales. Sin embargo, se plantea regresar a su país porque allí "no les está afectando tanto".
Rechazo autóctono

Organizaciones como Ferrocarril Clandestino denuncian que el texto de la nueva Ley de Extranjería que aprobó el jueves el Congreso de los Diputados "criminaliza al inmigrante y crea alarma social", lo que provocará que muchos caseros "se nieguen a alquilarles pisos".

El 50% de las empresas inmobiliarias no oferta inmuebles a población de origen extranjero

La organización SOS Racismo asegura que el 50% de las empresas inmobiliarias no oferta inmuebles a población de origen extranjero, que el 64% no los alquila a inmigrantes y que el foráneo recibe un trato diferenciado en el 30% de las llamadas. Además, la mitad de arrendadoras impone unas condiciones más duras a los extranjeros y el 45% le pregunta por su país de origen.

28/11/09

Golpe a la inmigración ilegal de senegaleses

La Nueva España
Nuevo golpe policial a la inmigración ilegal en Asturias. El Cuerpo Nacional de Policía ha concluido la «Operación Fauno», una investigación contra la inmigración ilegal que se ha saldado con más de una decena de detenidos, según señalaron fuentes policiales, que no han ofrecido muchos más datos sobre los resultados. El Delegado del Gobierno, Antonio Trevín, y el Jefe Superior de Policía, Baldomero Araújo, informarán más en profundidad de este importante operativo a mediodía de hoy.

Entre los arrestados se encuentran varios ciudadanos españoles y senegaleses, según resaltaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía. Aunque la operación se desarrolló en varias provincias españolas, el grueso de las detenciones se practicó en la región.

Es inevitable referirse al otro gran éxito de la policía asturiana en materia de inmigración ilegal. Se trata de la «Operación Dragón», que permitió la detención de una veintena de integrantes de una red de inmigración ilegal china que operaba tanto en Oviedo como en Gijón.

Entre otros delitos, los miembros de la red recientemente desmantelada en Asturias habrían incurrido en fraude, como la trama de la «Operación Dragón», que se dedicaba a falsificar permisos de trabajo y cobraba a los inmigrantes ilegales cantidades importantes de dinero. A los ahora detenidos se les imputan además, según fuentes policiales, delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal.

La comunidad senegalesa de residentes en Asturias ha recibido con cierta preocupación la noticia de las detenciones practicadas por la Policía. Personas cercanas a este colectivo indicaron que los senegaleses que viven y trabajan en la región quieren desmarcarse de la forma más rotunda de este tipo de actividades que sólo perjudican su imagen y dificultan su futuro.

El fiscal pide penas que suman 114 años de cárcel para los 19 encausados de la «operación Dragón», a quienes se acusa de introducir en el país a 130 ciudadanos chinos a través de contratos de trabajo falsos con los que conseguían permisos de residencia. Entre los implicados hay ocho ciudadanos chinos, así como responsables de consultorías, gestorías y comercios de Oviedo y Gijón. La red cobraba a los ciudadanos chinos entre 2.000 y 4.000 euros. El juicio se celebrará próximamente en la Audiencia Provincial.

26/11/09

El Congreso aprueba la cuarta reforma de la ley de Extranjería


El Congreso aprobó hoy de manera definitiva la cuarta reforma de la ley de Extranjería de la democracia. El PSOE, con el único apoyo de CiU y Coalición Canaria, sacó adelante un texto que endurece varios aspectos de la norma, pero que también garantiza de manera más efectiva los derechos de los sin papeles. El PNV se descolgó del bloque del sí porque el Gobierno no aceptó establecer cupos proporcionales por comunidades para acoger a menores inmigrantes desamparados.

Uno de los puntos fundamentales de la reforma es el aumento del tiempo máximo que puede pasar un extranjero en trámite de expulsión en un centro de internamiento de 40 a 60 días, para aumentar la efectividad en las repatriaciones, y otro es la restricción de los límites al reagrupamiento familiar. En el segundo caso, la reagrupación se limita a los padres e hijos y sólo se podrá traer a España de forma regular a los abuelos si son mayores de 65 años, y, por tanto, están fuera del mercado laboral, o si existen razones humanitarias de peso. A cambio, los menores reagrupados podrán acceder de forma legal al mercado de trabajo en cuanto cumplan los 16 años.

Los derechos fundamentales de los extranjeros quedan totalmente reconocidos y se mejoran las capacidades de control y supervisión de los centros de internamiento por jueces y ONG. Los inmigrantes que denuncien maltrato doméstico no podrán ser expulsados si se demuestra en sentencia judicial y también tendrán facilidades para lograr la residencia quienes colaboren en las investigaciones contra las mafias del tráfico de personas.

El nuevo texto da un mayor protagonismo a las comunidades autónomas que recojan competencias sobre inmigración en sus estatutos, que participarán en la concesión de los permisos de trabajo y residencia y serán las encargadas de elaborar los informes de integración.

Inmigrantes desempleados en España



La nueva Ley de Extranjería recorta los derechos fundamentales de los inmigrantes, según las ONG

lainformacion.com

“Rompe la cohesión social, destina a unas personas a tener menos derechos”, así describe el secretario General de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Alfredo Abad, la nueva Ley de Extranjería.
Que los inmigrantes no puedan traer a sus padres si éstos son menores de 65 años, restricciones en el empadronamiento, el aumento del plazo de retención de los "sin papeles” en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), o la apertura de un expediente sancionador a las inmigrantes irregulares que denuncien malos tratos, son algunos de los puntos más criticados por asociaciones de inmigrantes como Cáritas, CEAR, la Red Acoge o SOS Racismo.

“Perjudicará gravemente el proceso de integración social” denuncian, la nueva Ley recoge "importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes".

"Toda Ley de Extranjería es discriminatoria por esencia puesto que crea categorías de ciudadanos entre personas que comparten una misma sociedad en función de su origen y nacionalidad" recoge un comunicado de SOS Racismo.

Las críticas de las asociaciones llegan pese a que la Secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, asegurase que uno de los grandes objetivos del nuevo texto es, precisamente, “la integración social", aunque matizaba que con la nueva ley se pretenden "perfeccionar la regulación de los flujos migratorios, reformar los mecanismos de vigilancia y control para luchar contra la inmigración irregular”.

Acceso a los servicios sociales

Según las asociaciones, las sanciones para quienes faciliten el empadronamiento de personas extranjeras en situación irregular supondrá "que un sector significativo de la población inmigrante podrá ver en peligro el acceso a los recursos de la sanidad pública en un momento de especial preocupación".

“En lugar de abundar en el trabajo de integración que venimos haciendo como sociedad y en el que España ha demostrado un gran ejemplo lo que hace es romper”, explica Alfredo Abad, “Si una persona no está empadronada puede no tener acceso a la sanidad a la educación, puede ser un gran agravio".

Las asociaciones llaman la atención especialmente sobre que que los inmigrantes no puedan reagrupar a sus ascendientes si no son mayores de 65 años, "lo que perjudicará gravemente el proceso de integración social". Por su parte, Esperanza Esteva, portavoz de Inmigración del grupo socialista, matizaba a lainformacion.com que “se considera que un hombre o mujer menor de esa edad está en condiciones de trabajar y puede venir a España en busca de un empleo. Pero si se acredita un caso humanitario, como que se trate de una persona viuda, que esté sola en su país de origen o que tenga problemas de salud, también podría ser reagrupada”.

Asimismo, las ONG denuncian la obligación de iniciar un expediente sancionado a las inmigrantes en situación administrativa irregular en España que denuncien ser víctimas de violencia de género "lo que objetivamente desincentivará estas denuncias".

La otra cuestión que valoran negativamente estas organizaciones es la ampliación en el plazo de inmigrantes irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de 40 a 60 días. Aunque reconocen que gracias a a su trabajo con los grupos parlamentarios la nueva Ley incluye "alguna mejora relevante" como la posibilidad de que las ONG puedan visitar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)".

Una política migratoria solidaria

"Celebramos el proceso de trabajo que ha habido por parte de los grupos parlamentarios pero creemos que realmente la oportunidad de hacer una mejora y realizar una política europea migratoria más coherente con los principios de protección y solidaridad se ha perdido", explica Alfredo Abad.

Desde CEAR, Cáritas y Red Acoge han anunciado el jueves que proseguirán su interlocución con los grupos políticos con representación en el Senado para intentar garantizar que la reforma de la Ley de Extranjería atienda finalmente a los derechos de los inmigrantes.

El Congreso aprobará hoy la reforma de la Ley de Extranjería con los apoyos de PSOE, CiU y Coalición Canaria.

 europapress.es
MADRID, 26 Nov.

La reforma de la Ley de Extranjería llegará hoy a su fase final con la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde previsiblemente alcanzará la mayoría absoluta (176 votos) necesaria para salir adelante, con los votos de PSOE, CiU y Coalición Canaria y pese a la oposición del PP y el grupo formado por ERC-IU-ICV, según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press.

Es muy probable que el PNV vote en contra de la reforma, porque las mismas fuentes señalan que con casi toda seguridad, el PSOE y CiU tumbarán una enmienda que los nacionalistas vascos introdujeron en el Senado y que consideran imprescindible para dar su apoyo. La enmienda en cuestión reclama un reparto ponderado de los menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.

En cuanto al Grupo Popular, no apoyará el texto porque en su opinión, se trata de una "reforma cosmética" que pasa "del papeles para todos al maletas para todos" y no incluye "ni una" de sus propuestas, entre las que figuraban la restricción de la regularización por arraigo, la prohibición expresa de las regularizaciones masivas y la implantación de un contrato de integración para los recién llegados.

Por su parte, en IU-ICV-ERC la discrepancia reside en la restricción que aplica la ley a la reagrupación familiar, las modificaciones en materia de justicia gratuita y la no incorporación en el texto de una reforma del Código Civil que permita nacionalizarse en menos de diez años a los extranjeros no latinoamericanos. El grupo pedía además que quedara recogido el derecho a voto de todos los inmigrantes en los comicios municipales.

Esta modificación, la cuarta de extranjería en ocho años, comenzó su andadura el pasado 26 de junio, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de reforma y ordenó su tramitación por vía de urgencia. La iniciativa se justificó entonces por la necesidad de corregir el articulado de la ley vigente que había sido declarado inconstitucional y adaptar la normativa a las directivas europeas.

PRINCIPALES MODIFICACIONES


En su redactado actual, la ley afianza las competencias que ya tienen algunas comunidades autónomas en su estatutos sobre la concesión de permisos iniciales de trabajo y los trámites de renovación, reconociendo su potestad para elaborar informes acerca de la situación y el grado de integración en la región de los solicitantes.

También reconoce la capacidad de los gobiernos regionales de establecer acuerdos de colaboración con los países de origen de la inmigración en materia de menores extranjeros desamparados, así como les autoriza a transferir la custodia de estos niños y jóvenes a entidades privadas, ONG y otras administraciones autonómicas.

Por otra parte, la reforma incorpora mayores sanciones para quienes trafiquen con personas o promuevan la inmigración irregular y contempla la ampliación a 60 días del plazo máximo que puede permanecer un extranjero privado de libertad en un centro de internamiento en espera de que se ejecute su expulsión del territorio.

El texto incluye asimismo, una restricción de la reagrupación familiar al núcleo familiar (cónyuge o análogo e hijos menores) dejando fuera a los parientes en grado de ascendencia del extranjero, que sólo podrán ser reagrupados si han cumplido los 65 años de edad y existen razones que lo justifiquen.

Otra de las grandes novedades es la mención expresa a las víctimas de violencia de género. Aunque las fuerzas policiales seguirán incoando expedientes de expulsión a las extranjeras en situación irregular que presenten una denuncia, en estos casos el expediente quedará paralizado hasta que se produzca una sentencia judicial. Además, se contempla facilitar permisos de residencia y trabajo a quienes se encuentren en esta situación.

La nueva ley de extranjería desincentiva las denuncias por violencia de género

Rebelion.

CEAR lamenta que el gobierno no haya tenido en cuenta las recomendaciones de diversas organizaciones sociales para que la nueva ley de extranjería no ponga obstáculos a las mujeres extranjeras en situación irregular que quieran denunciar situaciones de violencia de género.

De acuerdo al texto que se votará en el Congreso el próximo 26 de noviembre, cuando una mujer extranjera en situación irregular acuda a denunciar violencia contra ella, le será abierto expediente sancionador, que quedará en suspenso hasta que se resuelva el proceso por violencia de género. Para CEAR, esto desincentiva la presentación de denuncias -que de por sí son menos que el número de agresiones- por el miedo de las víctimas a ser sancionadas por su situación irregular.

Abrir un expediente de expulsión a estas mujeres con la justificación de que si se demuestra la agresión contra ellas se cierra el proceso de expulsión, implica también desconocimiento de la realidad del maltrato, que muchas veces no es condenado por la falta de pruebas o porque algunas mujeres retiran la denuncia antes del fin del proceso. Igualmente, aducir que con esta medida se evitan los abusos (es decir, que las denuncias puedan ser usadas para conseguir el permiso de residencia), es no querer ver que ya la ley tiene suficientes mecanismos para evitar fraudes, sin necesidad de colocar a todas las mujeres que acudan a denunciar bajo sospecha. CEAR lamenta, por otro lado, que la ley de extranjería establezca expresamente la violencia de género como el único delito que al denunciarse conlleve la apertura de un expediente en caso de situación de irregularidad del denunciante.

CEAR considera que sobre la ley de extranjería debería primar la protección de los derechos constitucionales a la integridad física y moral de la mujer, lo que pasa inevitablemente por la denuncia de cualquier forma de violencia que los menoscabe. Por lo tanto, cualquier obstáculo que impida o desincentive que la mujer víctima de violencia de género denuncie, debe ser eliminado.

Información complementaria:


Artículo 31 bis.2 del Proyecto de Ley Orgánica de la Ley de Extranjería que será votado en el Congreso el próximo 26 de noviembre: “si al denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, el expediente administrativo sancionador incoado por infracción del art. 53.1.a) de esta Ley será suspendido por el instructor hasta la resolución del procedimiento penal.”

25/11/09

Menos del 30% de inmigrantes están afiliados a la Seguridad Social

MinutoDigital.Com
España tiene 1.890.000 extranjeros afiliados a la Seguridad Social, es decir, bastante menos de la mitad de inmigrantes legales que hay en nuestro país. Si contáramos lo ilegales, los extranjeros afiliados a la SS serían poco menos del 30% de los que actualmente residen en España, una cifra a todas luces alarmante para nuestro sistema de prestaciones sociales.

Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid concentraron cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social en octubre, al sumar entre ambas el 43,3 por ciento del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 419.007 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 401.373.

Tras estas dos comunidades se situaron Andalucía, con 214.436 afiliados extranjeros; Comunidad Valenciana, con 202.286 ocupados; Murcia, con 88.313; Castilla-La Mancha, con 86.232; Canarias, con 81.807; Baleares; Aragón, con 66.971; Castilla y León, con 65.762, y País Vasco, con 52.111.

Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar octubre fueron Galicia, con 40.829 extranjeros; Navarra, con 27.520; La Rioja, con 17.932; Asturias, con 16.069; Extremadura, con 15.881; Cantabria, con 13.139, y las ciudades autónomas de Melilla, con 3.793, y Ceuta, con 2.465.

En toda España, la afiliación media de trabajadores extranjeros se situó en octubre en 1.892.298 ocupados, tras perder en el mes 16.297 cotizantes (-0,85 por ciento).

Con la caída de octubre ya son tres los meses consecutivos en los que baja la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social tras el descenso de agosto y septiembre, meses en los que el sistema perdió 19.549 y 6.733 afiliados inmigrantes.

Del conjunto de extranjeros que estaban afiliados al sistema al finalizar el mes pasado, 686.592 trabajadores procedían de países comunitarios, mientras que 1.205.706 eran trabajadores no pertenecientes a la UE.

Dentro de los países no comunitarios, 227.491 eran de nacionalidad marroquí y 192.977, ecuatoriana. Colombia, con 121.915 trabajadores, se sitúa como tercer país de procedencia de afiliados, por delante de Perú, que cuenta con 74.953 cotizantes.

El resto de afiliados no comunitarios se repartieron entre China (74.569), Bolivia (70.187), Argentina (48.865), Ucrania (33.423), República Dominicana (32.892), y Brasil (24.792), entre otros.

Por su parte, de los que proceden de la UE-27, rumanos, italianos y portugueses son los más numerosos, con 283.176, 63.531 y 61.841 cotizantes, respectivamente. Les siguieron británicos y búlgaros, con 54.989 y 54.488, y algo más lejos, los alemanes, con 41.921 afiliados.

La mayor parte de los extranjeros que estaban afiliados a la Seguridad Social al finalizar octubre se encuadraban en el Régimen General, con 1.256.571 cotizantes, seguidos del Régimen Agrario (254.184), el Régimen Especial de Autónomos (201.704), el del Hogar (173.960), el del Mar (5.170) y el del Carbón (709).

Dentro del Régimen General, un total de 263.758 extranjeros, el 21 por ciento trabajaba en la hostelería, mientras que el 16,13 por ciento lo hacía en la construcción (202.723 afiliados) y casi la misma proporción en la comercio (202.505).

Uno de cada tres parados de la Unión Europea es español

MinutoDigital.Com
El paro en la Unión Europea aumentó en 6,1 millones de personas entre la primavera de 2008 y septiembre de este año, sumando así 22,1 millones de desempleados. De los nuevos parados, España aportó uno de cada tres, según el último informe anual de empleo de la Comisión Europea.

Dos años después de que el paro empezara a escalar, en España viven ahora casi uno de cada cuatro parados de la Unión Europea, 4,3 millones de personas en total.

Aunque las tasas de paro han subido durante el último año en todos los Estados miembros, el informe destaca que la severidad del aumento varía considerablemente según el país.

El incremento ha sido “abrupto” en España o Irlanda, que han doblado su tasa de paro, y en los países bálticos, donde el número de desempleados se ha triplicado. Sin embargo, el paro se ha mantenido bajo en Austria o en Países Bajos.

En España, la tasa de paro alcanzó un 18,9% de la población activa en agosto, la más alta de la Unión Europea y el doble de la media comunitaria. Por detrás de España se sitúan Letonia (18,3%) y Estonia, Irlanda, Lituania y Eslovaquia (con tasas de entre el 11 y el 14%).

24/11/09

¿Están desplazando los inmigrantes a los españoles de sus empleos?

El impacto de la crisis sobre el mercado laboral no está provocando, "al menos por ahora", una modificación significativa de la participación de los inmigrantes, según afirma un estudio elaborado por Adecco y el IESE. En los últimos doce meses, los extranjeros han ocupado casi uno de cada siete puestos de trabajo, pero han perdido uno de cada cinco.

Así, mientras que los ocupados españoles se han reducido un 6,9% en un año, el número de los extranjeros ocupados ha caído en un 9,3%, lo que se traduce en la pérdida de 1.183.000 y 293.000 empleos, respectivamente.
Pierden uno de cada cinco empleos

En los últimos doce meses, mientras que los inmigrantes han ocupado casi uno de cada siete puestos de trabajo disponibles, han perdido uno de cada cinco empleos.

Según detalla el informe de Adecco, los trabajadores procedentes de países comunitarios son los que han sufrido la menor caída de la ocupación, con un -1,2%. Los inmigrantes ocupados del resto de Europa se han reducido en un 22,1% y los latinoamericanos y los del resto del mundo han sufrido un retroceso del 12%.

Así, a lo largo del último año han perdido su empleo uno de cada 14 españoles, uno de cada cinco europeos no comunitarios y uno de cada nueve latinoamericanos e inmigrantes del resto del mundo, frente a apenas uno de cada 83 extranjeros de otros países de la UE.

"Se deduce que todos los grupos de inmigrantes han perdido empleos, por lo que ninguno de ellos estaría reemplazando a españoles", señala la firma, que apunta que los recortes más pronunciados se corresponden con los hombres latinoamericanos (-15,7%) y las mujeres de la Europa no comunitaria (-28,1%).
Ligero reemplazo

El informe revela que sólo en tres grupos de ocupaciones ha caído el número de trabajadores españoles frente a un incremento de los ocupados extranjeros, lo que, según Adecco, podría encuadrarse "parcialmente" en la hipótesis del reemplazo.

Se trata de las ocupaciones de directivos, profesionales y trabajadores cualificados de la agricultura y la pesca, pero Adecco precisa que en los tres casos el número de empleos ocupados por extranjeros ha sido inferior al que han perdido los españoles.

Esto demuestra, según este estudio, que en ninguna de las tres ocupaciones ha habido una sustitución generalizada de españoles por inmigrantes.

Tras analizar todos estos datos, Adecco concluye que el efecto que está teniendo la crisis sobre el empleo no está provocando, "al menos por ahora", una modificación significativa de la participación de los inmigrantes en las diferentes ocupaciones.

23/11/09

La vida en España, a cobijo de los educadores sociales

Público.es -
Viajar durante 36 horas en una patera hacia la costa española es para muchos chicos de Marruecos algo absolutamente normal. "Es como ir a la estación de autobuses, todo el mundo sabe a qué hora sale la siguiente". Salir sin miedo y con mucha fuerza fue la receta que le funcionó a Mohamed cuando, con sólo 14 años, decidió emprender el viaje. Su hermano, mayor de edad, le ayudó a ahorrar los 800 euros que costaba cruzar el Estrecho. Sabían que un menor podía ingresar en un centro y obtener con el tiempo el permiso de residencia. Hoy, tres años más tarde, vive junto a otros siete chicos en un centro de menores, gestionado por la Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC).

Othman (16 años) es otro de esos chicos. Llegó a la costa de Almería junto a 73 marroquíes desde Nador, a 200 kilómetros del Estrecho. "Tardamos 23 horas y cuando llegamos estuvimos sentados en la playa. Sólo teníamos frío y, sobre todo, miedo, porque aunque sabíamos que la Policía no podía controlar todo el mar llegábamos a un sitio desconocido, donde empezaba una nueva vida".

"La Policía no puede controlar todo el mar", dice Othman, de 16 años

Esa nueva vida, en el centro de menores, es muy parecida a la de "cualquier niño de aquí". Recoger la mesa o hacer su cama son algunas de sus tareas diarias. Zhora, la cocinera y para ellos la "mamá" de la casa, los ayuda en las labores de limpieza. "Le tenemos mucho respeto y cuando acabamos de hacer lo que nos pide, unos vamos a los talleres y los más pequeños al colegio",comenta Othman.

Zhora los conoce a la perfección. De origen marroquí, lleva más de 15 años en España, pero aún no tiene la nacionalidad, e intenta siempre que puede preparar platos de la tierra para ellos, como si estuvieran en familia. En la de Mohamed son más de 10 personas y todos viven juntos. Una imagen que añora al recordar que sólo puede hablar siete minutos a la semana con ellos. "Pero quería salir de allí, ayudar a mi familia, y veía España como el paraíso, que para mí es un lugar donde hay muchos árboles", añade Mohamed.

"En este centro buscamos ser una familia, para que todos se sientan arropados. No queremos un lugar con normas estrictas, como si fueran chicos peligrosos", explica Natxo Andrío, director del centro. Cada institución tiene unas características específicas que marcan el régimen de permanencia de los menores, aunque la saturación obliga a modificar la norma. Una treintena de menores llegan al mes a estas casas y "no hay forma de ubicarlos", señala Andrío. "Los chicos no pueden estar más de tres o cuatro meses en esta casa, al ser de acogida inmediata, sin embargo, el último menor que se marchó estuvo 14 meses conviviendo con nosotros", añade.

Recoger la mesa o ayudar a hacer la comida son algunas de sus tareas
Talleres por escuelas

Mohammed y Othman llevan, respectivamente, cinco y siete meses viviendo en el centro. Ambos llegaron a Córdoba tras haber trabajado durante más de dos años en los invernaderos de Almería. Una primera parada que recuerdan con mucha dureza. "Teníamos que trabajar para mandar dinero a la familia antes de entrar en un centro", relata Mohamed. "Les tenemos que formar en algo que les permita competir en el mercado de trabajo y los que llegan con 14 años no pueden entrar en el instituto porque no es la mejor salida", señala el director.

Los talleres son el mejor sustituto a la enseñanza tradicional, aunque la duración de los cursos, de tan sólo un mes o tres semanas, no les permite aprender un oficio con todos sus matices. "Yo quiero ser chapista", dice Mohamed. Ha realizado muchos más cursos: un programa de jardinería, otro de atención de personas mayores... Con 12 años, ya trabajaba en el campo, en BeniMellal, la zona rural del centro de Marruecos de donde proviene.

"Sin permiso de residencia van directamente a la calle", dice Andrío

Othman, con un español más escaso, intenta explicar también su vida en los alrededores de Casablanca. "Trabajaba de carpintero, en la pintura, en todo lo que podía". Ahora, los talleres le permiten formarse en la construcción, en el acabado de fachadas de edificios. A su corta edad no piensa en ir al cine o salir por la noche. El ocio es un plan secundario frente a la tarea de "trabajar para salir adelante".

Su objetivo es conseguir el permiso de residencia. A Mohamed le quedan menos de siete meses para cumplir los 18 años y puede que la tarjeta de residente no llegue a tiempo al ser un trámite demasiado lento en la mayoría de los casos. El director lucha con todas sus fuerzas para hacerlo posible: "Sin el permiso se convertirán en irregulares, que no tienen más oportunidad que la de volver a su país de la misma forma en la que vinieron".

"Al cumplir los 18 no hay nada que hacer. Van directamente a la calle", zanja Andrío. Mohammed sabe que es complicado encontrar un trabajo en tan poco tiempo, conseguir los papeles y ahorrar un dinero para poder irse a un piso de alquiler con otros chicos cuando salga. AOthman le quedan dos años.

Los chicos superan el periodo máximo de estancia en el centro

Al final de la tarde, los dos chicos salen a la calle a pasear. Para ellos no es lo más habitual. Mucho menos hace tres años, cuando aún estaban al otro lado del Estrecho. Ahora, a este otro lado, el rostro delgado de Othman se contiene, como si no fuese real su nueva vida.

22/11/09

La miseria

inSurGente.org -
Los datos oficiales revelan que ya hay 257.000 familias que no perciben ingreso alguno, esto ocurre hoy en ESPAÑA, sí, has leído bien E S P A Ñ A.

La crisis económica generada por el capitalismo está registrando datos dramáticos. Datos, que pese al optimismo y fanfarrias del partido que sustenta al ejecutivo, son cada día peores. El último se refiere al número de familias españolas que viven sin ningún ingreso ha ascendido a 257.000 en el tercer trimestre del año, según publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto supone un incremento del 52,9% con respecto al mismo trimestre de 2008. (Nota: Los afectados no son los de la imagen que ilustra la noticia).

El incremento es aún mayor si se compara con el ejercicio 2007, antes del comienzo de la crisis. En dos años la cifra de familias en las que ningún miembro tiene ingresos se multiplicó por más del doble, pasando de 99.100 a 257.000.

En estos hogares ninguna persona percibe ingresos, es decir, ni tiene un trabajo, ni recibe una pensión (de jubilación o cualquier otro tipo), ni percibe un subsidio de desempleo.

El número de familias sin ingresos se ha duplicado en dos años


Los datos también desvelan que hay otros 404.600 hogares en los que la única fuente de ingresos es el cabeza de familia, una cifra que también se ha disparado en el último año. En el tercer trimestre de 2008 el incremento respecto al año anterior fue de un 50,7%, mientras que entre el ejercicio pasado y 2009 el aumento alcanza el 114%.

Otra cifra negativa indica que hay 454.200 familias en las que la persona de referencia no tiene ingresos,pero que convive con otros miembros que sí perciben alguna renta. En la mayoría de estos casos sólo un integrante de la familia tiene ingresos (352.300), mientras que, del resto, 79.900 tienen dos fuentes de recursos, 17.900 tienen tres y 4.100 cuentan con cuatro o más.

19/11/09

Espana evaluará el pacto europeo para la inmigración y el asilo durante su presidencia de la ue

EcoDiario
Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, anunció hoy que España evaluará el Pacto Europeo para la Inmigración y el Asilo durante su Presidencia de la Unión Europea, que comienza el próximo mes de enero.

Rumí hizo esta afirmación durante su participación en la Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía Fórum, donde explicó que esa evaluación determinará si los 27 "vamos trabajando en los objetivos marcados" en ese pacto.

Otro punto a abordar durante la Presidencia española de la UE es el Plan de Acción de los Menores no Acompañados, aprobado en Estocolmo, para ver qué puntos es preciso incentivar sobre esta cuestión, que, según dijo, "es un tema delicado y sensible".

La secretaria de Estado también comentó que España impulsará "el tratamiento de la integración dentro de la política de inmigración conjunta, para establecer las pautas que los 27 deben trabajar para obtener una convivencia en la diversidad que sea positiva".

Por último, Consuelo Rumí subrayó que "otro marco fundamental en nuestra presidencia va a ser la Conferencia Interministerial de Integración, que, si no hay ningún inconveniente de última hora, se celebrará en Zaragoza".

17/11/09

Racismo en tiempo de crisis: la Ley de Extranjería

KAOSENLARED.NET --

Las migraciones han sido una constante a lo largo de la Historia de la Humanidad y una de las claves para la expansión de la especie humana en el planeta. Sin embargo, en las sociedades actuales existe una percepción social espoleada por los medios de comunicación y algunas organizaciones políticas de la inmigración como fuente de conflictos y desestabilización. Más concretamente, en el Estado español est visión se ha acentuado en los últimos años con el aumento de la población inmigrada y, recientemente, con la crisis económica. A ello hay que añadir el papel de unos medios de comunicación de masas y unos partidos políticos que vinculan más o menos explícitamente la inmigración con la delincuencia y la saturación del Estado del Bienestar. La Ley de Extranjería, cuya reforma está tramitando el Gobierno central, es un buen ejemplo de ello.

En este contexto, el ascenso de movimientos racistas es una realidad a tener cada vez más en cuenta. Si bien es cierto que las acciones y manifestaciones racistas promovidas por organizaciones fascistas son aún puntuales y de poca intensidad, en otros países europeos las organizaciones fascistas han llegado incluso al Parlamento y a la televisión, como en Austria o Gran Bretaña.
Las personas inmigradas y la crisis

La población inmigrada –siempre refiriéndonos a personas provenientes de fuera del Estado– experimentó un rápido aumento entre los años 2000 y 2009, pasando de 800.000 a 4.400.000 (9,7% de la población total), según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Ello se explica principalmente por el auge de sectores intensivos en mano de obra no especializada, sobre todo la construcción y los servicios, y por las condiciones de empobrecimiento de sus países de origen. Ahora con la crisis, se ha pasado del 12,3% de paro –en 2005– a un 28% entre la población inmigrada. El maremoto empezó primero en la construcción, donde el 24,7% de los parados son extranjeros. Después golpeó con aún más fuerza en el sector servicios, en el cual representan el 35% de los que se han quedado sin trabajo. Así, las cifras de paro entre la población inmigrada duplican y triplican su peso demográfico real en el Estado español.

Las consecuencias del paro para estas personas son las mismas, pero se suman a otros problemas derivados de la Ley de Extranjería actual. Una de los más graves es la renovación y la obtención de un permiso de trabajo, requisito imprescindible que exige la ley para su permanencia en el territorio. Así, la imposibilidad de conseguir un contrato de trabajo de al menos 6 meses de duración podría situar a estas personas en el llamado grupo de los “inmigrantes irregulares”, lo cual conlleva el riesgo de ser internado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) por un período de hasta 4 meses antes de su expulsión del país. En la misma situación, o peor, se encontrarán las personas que hayan migrado recientemente y no puedan conseguir empleo legal. Como ya ha venido sucediendo en los últimos años –pero ahora agravado por la destrucción de empleo–, muchos trabajadores extranjeros tendrán que emplearse en la economía sumergida, ya que la situación de carestía de medios de vida y la urgencia de enviar dinero a sus familias les impulsará a aceptar cualquier trabajo que puedan desempeñar. En casos extremos, son los propios inmigrantes los que se ofrecen a pagar los 6 meses de cotización a la Seguridad Social para asegurarse la renovación del permiso. Esta tendencia se ve reforzada, por una parte, por empresarios que buscan preferentemente mano de obra extranjera, a sabiendas de la vulnerabilidad y la forzada docilidad de ésta; y, por otra parte, la propia Ley de Extranjería facilita esta explotación decimonónica al priorizar, mediante el criterio de “situación nacional de empleo”, a los trabajadores autóctonos a la hora de ofrecer los puestos de trabajo disponibles.

Otro problema importante que tendrán que afrontar los trabajadores inmigrados es la cuestión de la vivienda. Con la crisis y el paro, muchas personas no pueden pagar las hipotecas de unos pisos que, en algunos casos, habían construido ellos mismos. Esto no sólo supone que tienen que renunciar a la hipoteca y vivir de alquiler –en el mejor de los casos–, sino que, en el caso de verse obligados a compartir vivienda, afectará a sus posibilidades de reagrupar a sus familiares. Uno de los requisitos que la Ley de Extranjería exige para la reagrupación familiar es disponer de medios de vida para sustentar a la familia y una vivienda para acogerla. De este modo, con la pérdida del empleo pueden perder también el derecho a la vida familiar, contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la o­nU.
Reforma o derogación

Desde la primera Ley de Extranjería, promulgada en 1985 por el PSOE, ésta ha sido reformada en cinco ocasiones, la última en 2003. En esta última reforma, en la que se mantienen los mecanismos restrictivos a la inmigración, los aspectos que más polémica han suscitado son tres.

Uno es la limitación del reagrupamiento familiar, que sólo permitirá reagrupar a los ascendientes mayores de 65 años. Esta medida, además de atentar contra la vida familiar, sugiere implícitamente –al impedir la entrada de personas en edad de trabajar por la vía del reagrupamiento– que la causa de la crisis son los trabajadores extranjeros, que éstos sobran y que los puestos de trabajo deben ser para los autóctonos.

El segundo es la ampliación de la reclusión de las personas inmigradas sin documentos en los CIE’s, que pasará de 40 a 60 días. Brian Anglo, de la asociación Derechos y Papeles para Todos, nos recuerda que un CIE “es como una prisión, a veces peor, con la diferencia de que quienes van a una cárcel lo hacen por un delito, mientras que los inmigrantes son detenidos en los CIE’s por una mera falta administrativa”.

El tercero es que la población inmigrada sin documentos legales no podrán empadronarse, de modo que no tendrán derecho a acceder a la sanidad ni a la educación básica, como sí pueden hacerlo ahora si figuran en el padrón municipal.

En conjunto, la Ley de Extranjería y su reforma se convertirá en una herramienta restrictiva, utilitarista y criminalizadora de las personas que migran desde fuera del Estado. Mantiene las medidas policiales, jurídicas y los vergonzosos CIE’s para impedir la llegada y permanencia de los trabajadores inmigrados, si la “situación nacional de empleo” no lo permite. Da legitimidad a la idea de que los inmigrantes acaparan los recursos públicos, cuando la mayoría de estudios señalan lo contrario. A modo de ejemplo, en 2005 su balance de gastos y aportaciones a las arcas públicas arrojó un saldo favorable de 5.000 millones de euros (0,5% del PIB), según el informe “Inmigración y economía española”, de la propia Oficina Económica del Presidente. En el 2007, el grupo de investigación Políticas públicas y bienestar social, de la Universidad Autónoma de Madrid, señaló en su informe “Inmigración y gasto social” que el gasto social dedicado a las personas inmigradas ascendió al 3,6% del total, cuando el peso relativo de éstas dentro de la sociedad era de un 9% aproximadamente.

Por último, señalar que la Ley de Extranjería es en sí misma discriminatoria, como nos explica Brian Anglo: “Nosotros, a diferencia de otras organizaciones, no sólo estamos contra la reforma de la ley, sino que estamos contra la Ley de Extranjería en sí misma porque el hecho de que exista una ley específica para los extranjeros es ya una forma de discriminación”.
Contra la Ley de Extranjería, contra el racismo

La asociación Derechos y Papeles para Todos no ha sido la única que se ha pronunciado en contra de la Ley de Extranjería. En momento de escribir este articulo, activistas de varias decenas de organizaciones agrupadas en la Red Estatal por los Derechos de los y las Inmigrantes se encontraban a 70 kilómetros de Madrid en la Marcha por la Igualdad, que había empezado en Barcelona el 23 de septiembre y que acabará en la capital para protestar contra la Ley. Asimismo, algunos sindicatos –como CGT – y organizaciones políticas de izquierdas –como Izquierda Anticapitalista– han manifestado su absoluto rechazo a la Ley de Extranjería y han reclamado la regulación sin condiciones y la igualdad de derechos para todas las personas inmigradas.

Antes de la crisis, en septiembre de 2007, un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ya indicaba que un 70% de la población pensaba que había bastantes o demasiados inmigrantes en el Estado español. Si a esta percepción le sumamos una crisis económica que golpea a los sectores más vulnerables de la sociedad, como jóvenes, mujeres y inmigrantes, tenemos un contexto en el que una ley como la de extranjería no hace más que contribuir a la precarización y a la exclusión social de las personas inmigradas. Ello fomenta el conflicto social entre la población inmigrada marginada y la autóctona, facilitando que calen hondo los discursos racistas. Incluso una institución nada sospechosa de izquierdista como el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) afirmaba en su informe de 2008 “Evolución del racismo y la xenofobia en España” que el racismo y la xenofobia “se exteriorizan más en los segmentos de población que se hallan expuestos a situación de competencia con la población inmigrada: las clases bajas y las clases medias-bajas. Son éstos quienes más compiten con los inmigrantes, ya para acceder a puestos de trabajo, servicios o prestaciones públicas. No las capas altas que, por el contrario, pueden beneficiarse del aumento de personas con necesidad de trabajar en un mercado donde ejercen de “empleadores”.

Desde las organizaciones que nos consideramos anticapitalistas, revolucionarias e intercionalistas siempre hemos considerado que el racismo no es algo inherente a la naturaleza humana, sino un mecanismo del sistema socioeconómico, el capitalismo, para dividir a los trabajadores entre autóctonos y extranjeros, restarles fuerza y así explotarlos mejor. Asimismo, el racismo y el fascismo no hacen otra cosa que culpabilizar a los sectores más débiles, inmigrantes o LGTB por ejemplo, de los problemas de la clase trabajadora. La Ley de Extranjería agudizará la precariedad de las personas inmigradas y dará munición a los discursos racistas. Ante esta ley y la crisis económica, debemos recuperar en los centros de trabajo, en los sindicatos y en la calle aquel grito de “nativa o extranjera, la misma clase obrera”.

Empleada de hogar e inmigrante, doble discriminación

· ELPAÍS.com

Lola tiene 37 años y llegó a España en 2004 desde su Bolivia natal. Vive en una pequeña ciudad de provincias, donde limpia una casa por las mañanas y por las noches cuida de una anciana. No es una historia desconocida: miles de inmigrantes, la mayoría mujeres, cuidan en España de personas dependientes, la mayoría niños y ancianos, con duras condiciones laborales y una situación de especial vulnerabilidad ante la legislación de extranjería.

"En España hay una vulneración múltiple de derechos"


La parte menos conocida de la historia ocurre al otro lado del Atlántico, donde quedaron los hijos de Lola a cargo de parientes, ya que su marido la siguió a España. Lograron traer al mayor, de 13 años, pero el pequeño, de cinco, sigue en Bolivia al cuidado de su cuñada. Sin embargo, por las noches Lola debe dejar solo en casa al hijo que tiene con ella, porque su esposo vive en Madrid.

En la misma situación de esta boliviana se encuentran miles de mujeres inmigrantes, que dejaron en su país hijos o padres ancianos de los que se han tenido que hacer cargo otras personas, también mujeres en su mayoría. Todas ellas forman parte de las cadenas globales de cuidados, un fenómeno que el Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-Instraw, en sus siglas en inglés) investiga desde hace año y medio. El estudio se realiza de forma coordinada en España, Bolivia, Chile y Ecuador, e incluye la emigración interregional.

"Estábamos investigando los vínculos entre migración y desarrollo desde una perspectiva de género, muy enfocados en el tema de remesas, y decidimos ampliar un poco la mirada e investigar a las mujeres en el sector de cuidados", afirma Mar García, coordinadora del proyecto.

El trabajo de esta institución no sólo se centra en la investigación, sino que también desarrolla la acción política, tanto en España como en los países de origen de la migración. En este contexto, asociaciones de empleadas de hogar, Gobierno y sindicatos se reúnen hoy en Madrid para debatir la posible reforma del Régimen Especial de Empleados de Hogar (REEH), en el marco de unas jornadas organizadas por el Instraw, con la colaboración del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).

En el encuentro se debatirá un pliego de propuestas elaboradas por asociaciones de empleadas de hogar, de inmigrantes y feministas, que se reunieron los pasados 26 de septiembre y 23 y 24 de octubre en otras jornadas organizadas por el Instraw para analizar la situación del sector de los cuidados desde una perspectiva multinacional.

Al menos 754.000 hogares contratan empleo doméstico en España, no sólo para limpieza, sino también para el cuidado de personas dependientes, según refleja la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2008. Es más del doble de los 357.000 hogares que lo hacían a finales de 1997, gracias a las entrada en el sector de miles de trabajadores inmigrantes. Se trata de un sector mayoritariamente femenino: el 92% de los 330.000 extranjeros no comunitarios dados de alta en el REEH son mujeres y el 60% de éstas proviene de América Latina. Por otra parte, en torno a un 60% de las empleadas domésticas trabaja en la economía sumergida.

Es un fenómeno global: en Italia, casi un millón de familias contratan empleo de hogar, más de la mitad con extranjeras extracomunitarias, y recientemente se abrió un proceso de regularización para las empleadas domésticas; en Francia, más del 50% de las inmigrantes trabajan en empleo de hogar, según datos de la OIT publicados en 2004.

En España, el REEH favorece la informalidad, ya que no obliga al empleador a dar el alta en la Seguridad Social por debajo de las 20 horas semanales. Las afiliadas a este régimen carecen de prestaciones por desempleo y perciben menores indemnizaciones por despido, entre otros aspectos. Además, en un sector mayoritariamente femenino, no se protege la maternidad: a pesar de lo que exige la ley, en caso de embarazo no hay nulidad del despido, debido al conflicto con el derecho a la inviolabilidad del domicilio (el despido nulo obliga a la readmisión).

Estas duras condiciones, combinadas con la legislación de extranjería, dejan a las trabajadoras inmigrantes en una situación de especial vulnerabilidad, ya que, entre otras cosas, la legalidad de los contratos orales en este régimen dificulta la renovación del permiso de residencia.

Entre las propuestas para el encuentro de hoy no sólo está la reforma de este régimen, sino también la regularización de las trabajadoras sin papeles, pero, puntualiza el Instraw, no como medidas aisladas, sino en el marco de una serie de reformas, que deben ser precedidas por un debate social sobre los cuidados.

16/11/09

¿Quieren saber si tienen su teléfono móvil intervenido?

 

No obstante, no se fíen. Aunque no tengan su teléfono móvil "pinchado", es sumamente fácil escuchar las conversaciones por ese medio.
Así, tengan cuidado con lo que hablan.

15/11/09

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Vacuna de gripe porcina (PELIGRO) conspiración

Estas seguro de querer vacunarte contra la Gripe A.? Seguro, que después este video cambiarás de opiniòn.

14/11/09

Tienen una reforma laboral para usted

... Y después de un año y medio de crisis, los sindicatos mayoritarios organizaron la primera huelga sectorial. El metal, un sector en el que trabajan más de un millón de personas, paró el 28 de octubre en Cantabria, Sevilla, La Rioja, Baleares y Alicante.

Comenta Vicenç Rocosa, secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de CC OO, que la huelga se hizo para demostrar a la CEOE que sigue intacta la capacidad de este sindicato para dar una respuesta “en la calle” al bloqueo de los convenios que la patronal mantiene sin firmar en distintos territorios. CC OO cifra el seguimiento del paro en un 95% en Cantabria y Sevilla, y estima que más de tres cuartas partes de los trabajadores del metal siguieron la huelga en La Rioja, Baleares y Alicante. Antes del día 28 se firmaron acuerdos en Madrid, Cáceres, Burgos y Cádiz, y después de la huelga se han concertado varios convenios, entre ellos el de Pontevedra, cuyo bloqueo dio lugar la primavera pasada a fuertes protestas en los astilleros de Vigo.

Negociar de uno en uno
Tras la aprobación del subsidio de 420 euros a parados que han agotado sus prestaciones, las últimas semanas han dado paso al siguiente punto rojo en la agenda de los sindicatos: la negociación salarial. En este frente, la postura de CC OO y UGT, avalada por el presidente del Gobierno, es firmar un pacto hasta 2012 que contemple subidas salariales del 2%, para, según los sindicatos, devolver poder adquisitivo a los trabajadores y estimular la demanda en un período de deflación.

Por su parte, con el bloqueo de la negociación colectiva, “lo que busca la CEOE es hacer desaparecer todo el mecanismo de negociación colectiva; individualizar las relaciones de trabajo”, opina José Luis Carretero, profesor de Formación y Orientación Laboral. Se estima que hay 135 conflictos abiertos y que la resolución de estos afecta a más de un millón de personas. La industria es el sector más beligerante. Según datos de CC OO, 20 acuerdos están paralizados y en decenas de fábricas no se están aplicando las tablas salariales pactadas en años anteriores. La propuesta de la patronal de que las subidas sean del 1%, e incluso de que se congelen los salarios en numerosas empresas, ha sido el detonante de las protestas, que culminarán el 12 de diciembre en una manifestación convocada por UGT y CC OO con el lema “El trabajo lo primero, por el Diálogo Social’.

Las demostraciones de los sindicatos de concertación ha obligado a mover ficha a la patronal, que el 3 de noviembre envió sus propuestas a los sindicatos. Éstos valoran que la CEOE ha reculado en la paralización de los convenios como medida de presión. Así, el 6 de noviembre, los sindicatos reconocían la proximidad de un acuerdo para la negociación colectiva, el paso previo para recuperar el Diálogo Social.

Como resultado de este acercamiento resurge la posibilidad de implementar una nueva reforma laboral, algo que el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, ha declarado no descartar. Miguel Perera, secretario de Acción Sindical de CNT, subraya que su organización tiene claro que “en esta lucha aparentemente intestina (entre sindicatos y patronal) lo que se negocian son las medidas que provocarán una nueva reforma y sabemos que éstas siempre van a ser regresivas con la clase trabajadora”.

La reforma que viene
Los altos índices de desempleo son la clave de esta futura reforma, demandada por entidades como el Banco Central Europeo y el Banco de España y que el vicepresidente tercero Manuel Chaves, ve “necesaria”.

En julio, cuando se rompió el Diálogo Social, la CEOE advirtió que “si las empresas no tienen un entorno adecuado no se creará empleo”, algo que se interpretó en su momento como un chantaje de la patronal respaldado por la oposición parlamentaria. Sin embargo, la débil posición del presidente de la CEOE, con denuncias de impagos en sus empresas y los problemas internos del Partido Popular, sumados a demostraciones como las del metal, han vuelto a equilibrar las fuerzas y permitió este primer paso hacia la recuperación del Diálogo Social.

Pero más allá de esto, las fuentes consultadas por este periódico coinciden en que la situación económica ha desconcertado a todos los actores que pintan algo en la búsqueda de la “paz social”. José Luis Carretero percibe que ni Gobierno ni sindicatos ni patronal saben hacia dónde tirar. “La apuesta de rebajar los salarios no tiene fin, pero esto es contradictorio con el discurso del cambio de modelo, con la investigación y el desarrollo, que es una apuesta que implicaría unos cuantos años de ajustes y salarios acordes con la tecnificación de los trabajadores”, apunta Carretero.

Para el anarcosindicalista Miguel Perera, la negociación colectiva, que ha sido capitalizada por los sindicatos mayoritarios, ha dejado poco margen para mejorar unas relaciones laborales que durante años han servido a los intereses de la patronal. Según Perera, la reforma se va a aprobar, bien como tal, o bien como “decretazo”, y contemplará el abaratamiento del despido libre –cuyas indemnizaciones pueden reducirse de los 45 días actuales a sólo 20– y, comentan desde la CNT, va a aumentar el poder de las ETT en los servicios de búsqueda de empleo. El economista y doctor en sociología Daniel Albarracín entiende que la resistencia no debe centrarse sólo en la defensa de los salarios o de los bonus de producción, o de que la negociación colectiva mantenga y mejore las condiciones laborales, “sino en cuestionar las relaciones de poder y la propia relación salarial que está en el centro de las injusticias y desórdenes globales”.


LA TRAMPA DEL “CONTRATO DE CRISIS” PROPUESTO POR LA CEOE

En su intervención en el programa Tengo una pregunta para usted, Gerardo Díaz Ferrán volvió a insistir en la necesidad de realizar una reforma laboral. Reforma que, según el presidente de CEOE, no consiste en abaratar el despido, sino en introducir un nuevo “contrato de crisis”, con una indemnización por despido improcedente de 20 días de sueldo por año trabajado. En la actualidad, la indemnización mínima vigente se encuentra en 45 días de sueldo por año trabajado. La reforma permitiría, según CEOE, convertir en fijos los contratos temporales, con una indemnización menor, y mantener la indemnización actual para los contratos vigentes. A día de hoy, tanto los contratos individuales como los convenios colectivos (contratos marco que sirven de referencia para los individuales dentro de un determinado sector o categoría laboral), se encuentran regulados por el Estatuto de los Trabajadores, que fija una serie de condiciones mínimas que contratos y convenios deben cumplir. Dicho de otra forma, un contrato o convenio debe igualar o mejorar, pero nunca empeorar, las condiciones que establece el Estatuto de los Trabajadores. En el caso del despido improcedente, la indemnización no puede ser menor de 45 días, pero si el empresario quiere fijar una indemnización más alta, lo puede hacer, aunque no es común.

La trampa del contrato propuesto por CEOE radica en que, su introducción implica la reforma del Estatuto de los Trabajadores, y fijaría la indemnización mínima en 20 días, en lugar de los 45 actuales. Dicho de otro modo, ya que los contratos y convenios deben “igualar o mejorar” el Estatuto, desde el momento en que la reforma entrase en vigor, todos los contratos que se firmasen y todos los convenios colectivos que se renegociasen a partir de ese momento, pasarían a indemnizarse basándose en el nuevo tope mínimo de 20 días, en lugar de los 45 actuales. El nuevo “contrato de crisis” se aplicaría también a aquellas personas que, teniendo un contrato fijo con indemnización de 45 días, decidiesen cambiar de trabajo, aunque este cambio no guardase relación con la “crisis”.

LA TRAMPA DEL “CONTRATO DE CRISIS” PROPUESTO POR LA CEOE

En su intervención en el programa Tengo una pregunta para usted, Gerardo Díaz Ferrán volvió a insistir en la necesidad de realizar una reforma laboral. Reforma que, según el presidente de CEOE, no consiste en abaratar el despido, sino en introducir un nuevo “contrato de crisis”, con una indemnización por despido improcedente de 20 días de sueldo por año trabajado. En la actualidad, la indemnización mínima vigente se encuentra en 45 días de sueldo por año trabajado. La reforma permitiría, según CEOE, convertir en fijos los contratos temporales, con una indemnización menor, y mantener la indemnización actual para los contratos vigentes. A día de hoy, tanto los contratos individuales como los convenios colectivos (contratos marco que sirven de referencia para los individuales dentro de un determinado sector o categoría laboral), se encuentran regulados por el Estatuto de los Trabajadores, que fija una serie de condiciones mínimas que contratos y convenios deben cumplir. Dicho de otra forma, un contrato o convenio debe igualar o mejorar, pero nunca empeorar, las condiciones que establece el Estatuto de los Trabajadores. En el caso del despido improcedente, la indemnización no puede ser menor de 45 días, pero si el empresario quiere fijar una indemnización más alta, lo puede hacer, aunque no es común.

La trampa del contrato propuesto por CEOE radica en que, su introducción implica la reforma del Estatuto de los Trabajadores, y fijaría la indemnización mínima en 20 días, en lugar de los 45 actuales. Dicho de otro modo, ya que los contratos y convenios deben “igualar o mejorar” el Estatuto, desde el momento en que la reforma entrase en vigor, todos los contratos que se firmasen y todos los convenios colectivos que se renegociasen a partir de ese momento, pasarían a indemnizarse basándose en el nuevo tope mínimo de 20 días, en lugar de los 45 actuales. El nuevo “contrato de crisis” se aplicaría también a aquellas personas que, teniendo un contrato fijo con indemnización de 45 días, decidiesen cambiar de trabajo, aunque este cambio no guardase relación con la “crisis”.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Tienen-una-reforma-laboral-para.html

13/11/09

Los parados sin prestación desde enero pueden pedir ya los 420 euros de ayuda

- 20minutos.es
Los desempleados que hayan perdido la prestación o el subsidio desde el 1 de enero podrán solicitar la ayuda de 420 euros mensuales a partir de este viernes, ha informado el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El real decreto ley que regula esta ayuda, denominada Programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI), se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado, lo que implica que las personas que tengan derecho a dicho programa podrán presentar su solicitud en las Oficinas de Empleo a partir de este viernes.

Trabajo estima que con la ampliación de la retroactividad de esta medida al uno de enero, ya que en principio solo era para los desempleados que hubieran perdido la cobertura desde el 1 de agosto, se podrán acoger al PRODI unas 250.000 personas más, que se sumarán a las 340.000 previstas inicialmente.

Requisitos

Entre los requisitos que se exigen para cobrar los 420 euros mensuales están que los perceptores de la ayuda deberán participar en itinerarios de inserción para mejorar sus competencias profesionales.

La duración del programa será de seis meses a contar desde el 16 de agosto de 2009. Además, los desempleados deben ser menores de 65 años que hayan agotado su prestación por paro y no tengan derecho al subsidio siempre que carezcan de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI).

La duración del programa será de seis meses a contar desde el 16 de agosto de 2009 y los beneficiaros deben presentar la solicitud dentro de los 60 días siguientes al agotamiento de la prestación o el subsidio.

Esta ayuda extraordinaria por desempleo podrá obtenerse una sola vez y los trabajadores que reúnan los requisitos tendrán derecho a la prestación a partir del día siguiente a aquel en que se solicite.

La norma también establece que se producirá la extinción de la prestación cuando el titular realice uno o varios trabajos por cuenta ajena cuya duración acumulada sea igual o superior a doce meses.

12/11/09

LA REFORMA DE EXTRANJERÍA EN EL SENADO REFUERZA GARANTÍAS A LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS

Discapnet
SERVIMEDIA

La Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado aprobó hoy el dictamen de la reforma de la Ley de Extranjería, que, entre otras enmiendas, incluye una transaccional del PSOE y CiU para reforzar las garantías y la seguridad a la víctimas de la trata de seres humanos.

La citada enmienda señala que las autoridades competentes velarán durante 30 días por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de las víctimas de trata de blancas que desean cooperar con las autoridades que investigan este delito. Además, estas víctimas, para acceder al retorno a sus países o regularizar su situación en España, quedarán exentas de aportar documentos que para obtenerlos suponga un riesgo para su vida.

La senadora socialista Matilde Fernández explicó a un grupo de periodistas que a las mujeres y hombres víctimas de trata de seres humanos que colaboren con la Justicia no se les va a exigir "documentos que puedan ponerles en riesgo".

El texto aprobado, que contó con 14 votos favorables del PSOE, CiU, CC, PNV y Entesa y los 12 votos en contra del PP, no registra grandes cambios respecto al dictamen aprobado en el trámite del Congreso de los Diputados. Fernández dijo que el texto aprobado hoy, "salvo algunos matices, consolida y mejora el pacto" alcanzado entre el PSOE y los nacionalistas en la Cámara Baja.

"Hemos mejorado redacciones en torno a seguir fortaleciendo elementos garantistas en beneficio de los procedimientos (administrativos) de los inmigrantes", aseveró.

REAGRUPACIÓN FAMILIAR

Tras el debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado, la reforma de la Ley de Extranjería mantiene la limitación a los inmigrantes para reagrupar a los ascendientes menores de 65 años y amplía de 40 a 60 días el plazo de internamiento de los inmigrantes irregulares en los Centros de Internamiento de Inmigrantes.

Sobre este último punto, el PP presentó una enmienda, que fue rechazada, para dejar el citado plazo en 40 días y sólo ampliarlo en casos excepcionales, al entender que si un inmigrante no puede ser repatriado en 40 días, tampoco será posible en 60.

El senador popular Eugenio Gonzálvez lamentó que el PSOE no propicie un consenso en esta reforma y haya vuelto a rechazar las enmiendas del PP presentadas en esta cámara, que, al igual que las que presentó en el Congreso de los Diputados, pretenden prohibir las regularizaciones masivas de inmigrantes e introducir el contrato de integración para los inmigrantes.

Por su parte, la senadora Montserrat Candini, de CiU, señaló durante el debate que el texto "estimula la integración" de los inmigrantes, blinda las competencias en inmigración de las comunidades autónomas y permitirá lograr una sociedad más cohesionada.

11/11/09

El número de inmigrantes creció más del 16% en el último año pese a la crisis

MinutoDigital.Com
La población inmigrante en situación regular en España continuó creciendo pese a la crisis económica en el último año, cuando se registraron 358.809 nuevas tarjetas de residencia para extranjeros no procedentes de la Unión Europea, un 16,48 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, y la cifra superó los 2,5 millones de personas.

Según datos estadísticos de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a 30 de septiembre de 2009 residían en España 4,7 millones de extranjeros, un 10,3 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 2,1 habían nacido en algún país de la Europa comunitaria.

Este es el tercer trimestre del año en que se registra un crecimiento en el número de autorizaciones de residencia que expide el Ministerio de Trabajo e Inmigración, pues entre enero y marzo se registraron 21.880 nuevos permisos y, hasta junio, más de 129.800.

Durante el verano se ha mantenido la tendencia, con 90.566 nuevas tarjetas de residencia, de las que 32.109 (un 2,76 por ciento más que en el trimestre anterior) fueron concedidas en el Régimen General, es decir, a inmigrantes procedentes de fuera de la UE.

DECRECEN OCHO NACIONALIDADES

En términos generales, todas las comunidades extranjeras en España crecieron en el periodo analizado, a excepción de siete nacionalidades que registraron datos negativos, la mayor parte de ellas, de la Europa Comunitaria. En concreto, la comunidad suiza cayó un 3,68%, los búlgaros un 0,21 por ciento, los noruegos son un 1,93% menos y los de Luxemburgo han perdido al 1,93 por ciento de la colonia.

Además, la comunidad serbia cayó un 3,84%; los procedentes de Liberia, un 1,33%; los sudafricanos son un 1,41 por ciento menos y los oriundos de Taiwan se redujeron un 1,18 por ciento, respecto del 30 de septiembre del año pasado.

Aunque no experimentó una reducción, destaca el ritmo de la población rumana, la segunda nacionalidad más numerosa en España, que a 30 de septiembre no había crecido un dos por ciento interanual cuando un año antes se había incrementado por encima del 40%. En total, suman 728.580 nacionales residiendo en España.

LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA, LA QUE MÁS CRECE


En cuanto a las comunidades que vieron incrementada su población, el crecimiento más significativo se produjo en las procedentes de la Europa no comunitaria, con un 17,61 por ciento más de habitantes en doce meses. Destaca entre ellas la población moldava, con un 21,8 por ciento más y un total de 15.091 ciudadanos con residencia legal en España.

La siguiente comunidad con más crecimiento ha sido la iberoamericana, que se ha incrementado desde septiembre de 2008 en más del 17 por ciento y cuyos nacionales ascienden ya a 1,4 millones de personas con tarjeta de residencia. Todas las nacionalidades de esta región experimentaron un incremento en este periodo, pero especialmente los paraguayos (un 71,3% más, los bolivianos (63,1%), los hondureños (53%) y los nicaragüenses (45,79%).

Pese a ello, los ecuatorianos continúan siendo la comunidad latinoamericana más numerosa en España, donde viven más de 440.000 personas de esta procedencia, seguida de los colombianos, con 288.255 nacionales, y los peruanos, que ascienden a 143.405 con permiso de residencia.

En términos absolutos, la nacionalidad extranjera más amplia en España sigue siendo un año más la marroquí, con 758.174 ciudadanos y un crecimiento sostenido que ronda el once por ciento. En mayor medida se han incrementado los nacionales de otros países africanos, como los cameruneses (23,2 por ciento más) o los etíopes (un 29,3% más). En total, la población de este continente creció desde el 30 de septiembre de 2008 en un 12,2 por ciento y ya se acerca al millón de personas.

En el marco de la Europa de los 27, durante el periodo analizado se ha producido un incremento del 3,46 por ciento, protagonizado por los oriundos de Letonia y Estonia, cuyas comunidades en España crecieron un 72,9% y un 25,6 por ciento, respectivamente. También se incrementaron los húngaros (16,6%) y los eslovenos (14,2%).

Canarias plantea la inmigración africana y la propia de los autores.

 La Verdad

La inmigración como temática de las obras y como propia experiencia personal. La Muestra de Teatro de Alicante contó ayer con la llegada de dramaturgos canarios en un nuevo proyecto, la representación de Los mares habitados, en el que se trata el gran problema de las pateras, y el propio recorrido de emigración que autores, directores y dramaturgos isleños han tenido que hacer desde Canarias a la península, en un viaje de ida y vuelta que ahora esperan se culmine.

Entre los actores de Los mares habitados, cuyos autores son Irma Correa, Carlos Alonso Callero, Antonio Tabares y Orlando Alonso, que ayer se representó en la CAM, figura la alicantina Natalia Braceli, que también actuaba por primera vez en su ciudad natal, porque «las obras que he hecho en Madrid no coincidían en pasar por Alicante», señaló. «Yo también me tuve que ir a trabajar fuera, en este caso a Madrid a formarme», explicó. Se enteró allí del proyecto Canarias escribe teatro, gracias al director de Los mares habitados, Carlos Alonso Callero y llega de las islas tras trabajar en el montaje. «Me tiré a la piscina y me he sentido canaria, porque Carlos tiene una poesía y una estética muy especial y nos dejó trabajar», confesó la actriz.

Para Braceli, «el arte es equipo, somos todos, y tenemos que trabajar sobre algo conjunto, en este caso la inmigración». La actriz destacó que el director y los textos de esta propuesta tienen la cualidad de que «nadie es malo ni bueno, depende de la moneda con que lo miramos, y finalmente, que tenemos a atrevernos a hacer algo». Braceli desveló que es como «el mar, en el que parece que no hay nada pero contiene muchos cuerpos que se han quedado en el camino».

El proyecto Canarias escribe teatro fue defendido por su director, Rafael Rodríguez, otro profesional que salió de las islas y que ahora quiere con esta propuesta «defender a los dramaturgos y el teatro canario desde las islas, recuperando los autores e incorporando la nueva dramaturgia canaria».

Rodríguez reconoció que las compañías isleñas «tenemos muchas dificultades, aunque lo más complicado es proyectarse desde allí». «En Canarias no se había puesto el foco sobre el autor, no se había hecho con contundencia ni con visión de futuro», argumentó.

Con el objetivo de poner al «autor en valor», Rodríguez defiende este proyecto que espera cumpla siete años y que cuenta «con el espíritu que tenía cuando resurgieron las salas alternativas».
Por su parte, Irma Correa reivindicó «alzar la voz como grupo» de los dramaturgos canarios, y recordó que su texto se inspiró en la noticia de un niño nigeriano que se coló en un petrolero y sobrevivió durante ocho días. «Me pareció una historia digna de contar por su pureza», explicó.

Orlando Alonso recordó que «Canarias es impensable sin la inmigración, un tema que afecta a la novela, periodismo y ahora al teatro». El autor afirmó que en su caso el texto aborda el punto de vista de la búsqueda de «un otro que nos invade, amenazante»
Por su parte, Antonio Tabares insistió en que el proyecto Canarias escribe teatro «es exportable a cualquier otro lugar de España, porque si ya es difícil escribir, en el caso del teatro es como lanzar una botella y no saber dónde llegará».
Para el dramaturgo «oros de este tipo son fundamentales». Su texto es una estructura más fragmentada que reflexiona «sobre el encuentro entre dos mundos, el que llega, el que está y la imposibilidad de comunicación entre las personas que los conforman».

Inmigración en tiempos de crisis.

Almería cuenta, en la actualidad y aproximadamente, con unos 43.000 trabajadores inmigrantes dados de alta a la Seguridad Social, pero todos sabemos que la realidad es bien diferente. Ateniéndonos a las propias declaraciones del Subdelegado de Gobierno, en nuestra provincia puede haber entre 90.000 y 100.000 inmigrantes de 120 nacionalidades diferentes. De este volumen de trabajadores podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el 35% se encuentra en situación irregular.

En CC. OO somos de la opinión de que cualquier Ley de Extranjería debería recoger de una manera clara el respeto a los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras extranjeros dándoles seguridad jurídica en origen y en destino, lo que significa una política de inmigración laboral basada en la ordenación y gestión de los flujos migratorios, generando un sistema garantista para las personas que quieran y puedan venir a trabajar y para aquellos extranjeros no comunitarios que ya estén aquí y que son muchos en nuestra provincia. Sin olvidar la necesidad de establecer procesos de regularización permanente y de renovaciones ágiles.

Sin embargo, con la aprobación del Proyecto de Ley se ha perdido una oportunidad de hacer una reforma integral. Si nos detenemos a analizar nuestra situación, vemos que en la provincia, dado el importante volumen de población inmigrante, las personas que se encuentran en situación irregular han aumentado considerablemente desde el último proceso de normalización en el año 2005. Y una de las características que tiene la población inmigrante en esta provincia es el alto número de personas que se encuentran en una situación tanto documental como laboral irregular.

El fenómeno de la irregularidad alimenta una vieja y conocida realidad de la economía española, pero en la actualidad, y centrándonos también en Almería, no parece de recibo que con tan malos datos en el desempleo, en lugar de arrimar el hombro y hacer del futuro de la Seguridad Social un seguro a largo plazo, algunos empresarios se beneficien de la vulnerabilidad en que la que se encuentran estos trabajadores inmigrantes para beneficiarse a su costa. Sería bueno que entre los empresarios se recapacitara y en lugar de pedir reformas laborales, flexibilidad en la contratación y rebajas en las cotizaciones, se hiciera un seguimiento de aquellos que incumplen las reglas del juego haciéndolo, además, con el eslabón más débil de la cadena. La economía de Almería se ha visto beneficiada en años precedentes por una importante mano de obra de trabajadores inmigrantes, no hagamos que en los malos tiempos sean estos mismos los que paguen los platos rotos. Existen mecanismos legales para regularizar a estos trabajadores a través del arraigo. Esperamos que el paso por el Senado mejore este Proyecto de Ley.

Rumí dice que la Ley no apareja un proceso de regularización

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, señaló que el anteproyecto de la Ley de Extranjería es el primero en España que, en caso de que se llegue a promulgar, «no lleva aparejado un proceso de regularización» de forma «implícita», de forma que, afirmó, cumple con el Pacto de Inmigración de la UE. Rumí recordó que el pacto europeo surgió promovido por los gobiernos de España, Francia y Alemania, de forma que mostró la consciencia del Gobierno a la hora de elaborar el nuevo texto, el cual, indicó, «se aprobó por una amplia mayoría con cuatro grupos políticos en el Congreso de los Diputados».

De esta forma, Rumí se mostró convencida de que el anteproyecto viene dado como fruto de un «diálogo real». «A lo largo de todo este proceso se ha dialogado con organizaciones sociales, de inmigrantes, colegios profesionales y gobierno autonómicos», especificó. La secretaria de Estado indicó que el texto ha incluido más de 300 enmiendas, es decir, «más del 40% del total de las enmiendas presentadas» que han dado lugar a una ley «moderna, equilibrada, garantista e integradora». Rumí lamentó que el PP decidiera «autoexcluirse» a la hora de confeccionar la nueva ley, la cual, insistió, debía hacerse después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales varios de los artículos de la actual ley, «por tanto, varios de los artículos aprobados por el gobierno del PP».
«Era obligado garantizar esos derechos que el PP cuando gobernaba negó a los inmigrantes», justificó Rumí y añadió, que es necesario incluir las directivas europeas. La secretaria de Estado señaló que el texto apuesta por una la política migratoria que trabaja en la lucha contra la inmigración clandestina, la ordenación de los flujos migratorios y la integración de los inmigrantes.

Preguntada por la propuesta del PP para crear un nuevo visado que diferenciara la llegada de los inmigrantes con afán de hacer turismo o encontrar empleo, Rumí recordó que para venir a trabajar ya se necesita una autorización expresa del Gobierno. «Creo que habría sido interesante contar con el principal partido de la oposición, pero espero que entre las enmiendas algunas sean en positivo, porque tiene un mensaje clarísimo contra la inmigración irregular, y que apuesta por la integración», apostilló

España se compromete a limitar el rechazo de argentinos en Barajas

ELPAÍS.com

Cada vez más los argentinos encuentran dificultades para ingresar a España. Entre enero y agosto de este año, más de 750 fueron rechazados en el control de pasaportes del aeropuerto de Barajas. La cifra no ha parado de crecer, ya que mientras en 2007 fueron devueltos 600, el año pasado ya fueron 1.100. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que visitó ayer en Buenos Aires, aseguró que el asunto, que ha despertado las quejas del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con quien se reunió por la mañana, "está prácticamente resuelto".

Tras analizar el conflicto con la presidenta argentina en la Casa Rosada, De la Vega expuso en rueda de prensa que ambos países pondrán en marcha un "mecanismo" de consulta para resolver "situaciones no deseables para ninguna de las dos partes". Admitió que, aunque existen especiales exigencias migratorias en los aeropuertos porque España se encuentra del espacio de Schengen, habrá un método para "resolver casos concretos donde pueda haber discrepancias".

Fuentes diplomáticas españolas comentaron que 170.000 argentinos entraron a España en los primeros ocho meses de 2009, con lo que los rechazados suponen el 0,4%. Las quejas se han levantado por casos como el de Catriel Ciavarella, el batería de una de las bandas más populares del rock argentino, Divididos, que iba a actuar en España. Éste estuvo en septiembre 40 horas encerrado en una sala hasta que superó los controles al demostrar que estaba tramitando la nacionalidad italiana.

Pero el asunto que ocupó la mayor parte de las reuniones de De la Vega con Cristina Fernández y, horas antes, con 20 ejecutivos de empresas españolas, fue la posibilidad de concretar en 2010 lo que no se ha podido desde 1999: el acuerdo de asociación comercial, política y de cooperación entre la UE, que será presidida por España en el primer semestre de 2010, y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que, simultáneamente, estará bajo presidencia argentina.

Los empresarios reiteraron la reclamación que vienen proclamando contra Argentina desde la crisis de 2002: el aumento de las tarifas de energía (Gas Natural y Endesa) y peajes de las autopistas (Abertis y OHL). "Todo está en vías de solución. La presidenta [de Argentina] me habló de la voluntad de que sean resueltos pronto", proclamó De la Vega.

10/11/09

Rumí vincula la llegada masiva de inmigrantes para la campaña de la aceituna a una "mala información interesada".

europapress.es
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, vinculó hoy la llegada masiva de inmigrantes a Jaén en busca de trabajo en la campaña de la aceituna a una "mala información interesada de quienes se están aprovechando de las personas que necesitan trabajo".

En declaraciones a los periodistas, Rumí señaló que "se ha dicho bien alto y bien fuerte que Andalucía, para la campaña del olivo y otras asociadas a los cítricos, no necesitan trabajadores de fuera de Andalucía", por lo que responsabilizó de la llegada de estos trabajadores extranjeros a "quien ha dado la información falsa".

Así, la secretaria de Estado indicó que el objetivo prioritario del Gobierno, así como de las autoridades andaluzas es la "recolocación" de los españoles y los extranjeros que están en España de forma legal y se encuentra en situación de desempleo, y anunció que estas "serán las primeras personas que tienen que ser contratadas".

El acelerado cambio en la política migratoria de España

Rebelion.

Nada volverá a ser igual una vez que termine la profunda crisis económica que vivimos, también en la inmigración. Es verdad que la devastación causada por la severa recesión que atravesamos alcanza en nuestro país una dimensión inusitada, especialmente en el empleo y el conjunto de la economía, pero sus efectos sociales no deben despreciarse, particularmente en los grupos, sectores y colectivos más desfavorecidos, entre los que destacan los inmigrantes. Estamos ante la primera gran crisis que vive España con inmigrantes, y por tanto, se están dando fenómenos novedosos sobre los cuales no tenemos capacidad para contrastar experiencias, lo que va a reconfigurar una inmigración reciente como la nuestra, que no ha tenido tiempo de sedimentarse y está sometida a numerosos elementos de fragilidad. Al mismo tiempo, las políticas que de una forma más o menos explícita se están poniendo en marcha están dibujando un retroceso migratorio cuyo alcance no somos capaces de vislumbrar. [Leer más...

09/11/09

La crisis golpea con más saña a la inmigración

Público.es -

Desde mediados de los noventa, la llegada de mano de obra extranjera permitió al PIB español registrar una tasa de crecimiento por encima de la media de la UE, que llegó a superar el 3,5%. La llegada de la crisis, que ha golpeado duramente al colectivo inmigrante, ha puesto en evidencia la precariedad sobre la que se sostenía su trabajo y ha arrojado a muchos extranjeros a la exclusión.

"La crisis les ha afectado más porque sus condiciones laborales no eran justas ni dignas; el 60% tenía un contrato temporal, lo que era normal dado que la temporalidad de los autóctonos también ha sido mucho más elevada que la media europea", señala Sergio Barciela, responsable del programa de inmigración de Cáritas.

La crisis ha puesto en evidencia la precariedad del trabajo inmigrante


Hasta ahora, han sido precisamente los contratos temporales sobre los que se ha cebado la destrucción de empleo. Además, la construcción, el sector más castigado, se nutrió en pleno boom de mucha mano de obra extranjera.

La tasa de paro inmigrante es del 27%, mientras que la de los españoles es del 18%, según datos de la última EPA. La población activa inmigrante ha caído, aunque levemente. A ellos, el desánimo no les aleja del mercado laboral. "La movilidad y perseverancia que tienen es mayor, después de haber venido desde Bolivia o Ecuador, con todo lo que eso supone, moverse dentro de España no les importa, como sí sucede con los nacionales. Lo que les determina es el empleo", apunta Barcina.
A la espera en Plaza Elíptica

Las siete de la mañana es la hora punta en una de las esquinas de Plaza Elíptica (Madrid). Allí, aguantando los primeros amaneceres fríos, esperan varias decenas de personas, todos hombres y todos inmigrantes. Se trata de una particular oficina del INEM, un lugar donde hombres que vienen en furgonetas y coches ofrecen trabajos esporádicos a inmigrantes desesperados por ganar algo de dinero. La mayoría de las veces, no hay contrato ni garantías de ningún tipo.
El descenso de las remesas afectará al desarrollo de países enteros

Orlando es uno de esos hombres que espera. Ecuatoriano, pasados los 40, trabajó durante años como oficial en la construcción. Hasta la crisis. "Vengo para ver si cae algo. Tampoco me voy con cualquiera; hay que conocer a la gente porque luego hay quien quiere explotarte o no pagarte", dice. En ocasiones, los empresarios se aprovechan de la falta de contrato para no pagar después de un día, una semana o un mes de trabajo. Saben que los afectados no reclamarán. Otras veces, los sueldos que ofrecen son muy bajos. "No conviene partirte la espalda por una miseria", dice un compañero de Orlando.

La escena se repite en muchos puntos de Madrid y en muchas otras ciudades. Cada vez son más los que acuden y cada vez es menos el trabajo que se ofrece. Pero reunirse allí es una especie de ritual que ayuda a huir de los fantasmas. "Pasamos semanas sin que salga nada, pero aún así venimos. Esto es mejor que quedarse en casa dándole vueltas a los problemas, sin hacer nada, volviéndose loco. Al menos, aquí nos juntamos, hablamos, pasamos el día", cuenta Orlando.

Ahora son las mujeres las que más dinero envían a sus familias


Las calles del barrio de Lavapiés, en Madrid, están llenas de comercios y restaurantes regentados por inmigrantes. Una esquina resume lo sucedido en el último año y medio: el despacho de abogados puesto con esmero para atender asuntos de extranjería ha sido sustituido por una tienda de "compro oro". Aún conviven los dos carteles.

Li Huan, chino, de 20 años, se encarga de una de las dos tiendas de ropa y bisutería que tienen sus padres. "Desde hace un año, todo va peor, vendemos mucho menos. Ganamos lo justo para pagar el piso", dice. Eva, otra chica encargada de una tienda, dice algo muy parecido: "La gente que viene a comprar quiere todo muy barato y casi no tenemos ganancias. Ya no mandamos dinero a China. ¡Ahora ellos están mejor que nosotros aquí!". Las cuente quien las cuente, las historias son muy parecidas. "Desde hace un año la cosa va muy mal, aguantamos porque no tenemos otra cosa", asegura Lorena, colombiana, en su tienda de comestibles. Su marido, de Bangladesh, no quiere hablar. Sólo repite: "muy mal, muy mal".
Caen las remesas

Las remesas, el dinero que envían los inmigrantes a sus familiares en su país de origen han caído estrepitosamente en el último año y medio. En el segundo trimestre del año, las remesas totalizaron 1.672 millones de euros, lo que supone un descenso del 13,2% frente a los 1.928 millones del mismo periodo de 2008. "Hasta ahora, reservaban parte de su presupuesto para enviar remesas, pero al encontrarse en esta situación laboral, los primeros gastos que se eliminan son las remesas", explica Rhina Cabezas, experta del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la UCM.

Las consecuencias de la caída de las remesas no son baladíes. Los países más pobres reciben más dinero gracias a estos envíos que a la Ayuda Oficial al Desarrollo. "Este descenso no sólo lo van a notar las familias, sino que va a impactar intensamente en el desarrollo de comunidades enteras", subraya Cabezas.

La crisis ha terminado de feminizar el envío de remesas. Las mujeres remiten ahora el 63% del dinero que procede de España. Cabezas afirma que se trata de una tendencia que viene de lejos: "Las mujeres siempre han tendido a dedicar una parte más amplia de sus ingresos a estos envíos". Pero ha sido la crisis la que ha dado el empujón definitivo al cambio de roles: los hombres, en su mayoría trabajadores de la construcción, han quedado en paro y ahora son las mujeres las que llevan y controlan el dinero que entra en casa.

La caída es mayor entre algunas comunidades, especialmente entre la ecuatoriana y la dominicana, cuyas remesas se redujeron un 18,15% y un 16,21%, respectivamente, en 2008. Colombia, Rumanía, Bolivia y Marruecos son otros de los países más golpeados por la reducción de las remesas.

Mientras, otras comunidades, pocas, han conseguido incrementar sus envíos en este difícil entorno. Es el caso de Paraguay o Perú. Esta diferencia se explica por "los perfiles distintos" de cada comunidad. "Por ejemplo, la migración peruana es una de las más antiguas y responde a un patrón más profesional, en un espacio del mercado laboral más estable", explica la experta en remesas. Otras, como la ecuatoriana o la rumana, se han concentrado en sectores arrasados por la crisis, como es de la construcción.

FIEX pide que Inmigrantes denuncien explotación e inmigración clandestina

Noticias Agencias(EFE).-

El vicepresidente de la Federación regional de Asociaciones de Inmigrantes (FIEX), Mbarek Saror, ha agradecido hoy "la gran labor" que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hacen para proteger a los extranjeros de la inmigración ilegal y ha instado a inmigrantes a denunciar la explotación laboral y la inmigración clandestina.

En una nota, se refiere así al hecho de que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Badajoz de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura haya desarticulado recientemente a un grupo organizado compuesto por seis españoles dedicado al tráfico ilegal de ciudadanos extranjeros de países latinoamericanos.

Estos ciudadanos eran introducidos en Españas de manera ilegal mediante contratos de trabajo falsos, según ha informó esta semana la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Saror señala que los inmigrantes deben "denunciar las situaciones de explotación, tanto laboral como de inmigración clandestina y sexual, de que sean objeto, así como cualquier otro tipo de abuso o discriminación".

Agrega que "las mafias y extorsionadores provocan que la situación personal del inmigrante se vuelva insostenible, bien por que aprovechan que cuentan con bajos recursos económicos debido a la precariedad laboral, bien porque ayuda a engordar las mafias que se dedican a traer a inmigrantes de forma irregular y clandestina".

También explica que este tipo de situaciones "no ayuda en nada a la economía de España" y suponen "un freno muy importante para el desarrollo de los países de salida de los inmigrantes".

En este sentido, argumenta Saror que "sus exiguos patrimonios personales quedan en una situación aun más precaria debido a tener que hipotecar o solicitar cuantiosos préstamos para poder pagar a dichas mafias que extorsionan, estafan o abusan de nosotros".

No obstante, señala que "FIEX se hace eco de las múltiples quejas que le llegan de que los mismos cuerpos de seguridad, que tan buen trabajo hacen en situaciones de estancia irregular de los extranjeros por no poder renovar sus tarjetas de residencia, a veces se utilicen métodos de persecución del puerta a puerta hacia los inmigrantes, esperándolos en sus propios portales de la vivienda".

"Esto conlleva -según Saror- que continuamente el inmigrante se sienta perseguido y se encuentre en una situación de estrés continuo que le hace estar cambiando continuamente de vivienda, con el perjuicio añadido que supone para su familia e hijos escolarizados".

En esta línea, agrega que los inmigrantes deben saber que el hecho de no contar con documentación en regla "no es más que una infracción administrativa" y les pide que "no consientan que se criminalice su situación como si de delincuentes se tratara". EFE

El Consejo de Ministros abordará el viernes el desempleo para los autónomos

Trabajo
(EFE).-

El Consejo de Ministros del próximo viernes abordará el borrador de la futura Ley sobre la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, aseguró hoy en Viena el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

"Hemos ultimado todas las negociaciones con las organizaciones de autónomos y los agentes sociales. Y si tenemos todos los informes, lo llevaremos el día 13 al Consejo de Ministros", explicó Corbacho

"Creo que la Ley podría estar aprobada en el primer trimestre del año que viene", precisó el ministro, que consideró esta iniciativa como "un avance importante".

Aún así, los trabajadores autónomos sólo podrán empezar a cobrar el desempleo a partir de 2011, ya que deberán de cotizar al menos durante doce meses continuados antes del cese de su actividad, explicó.

"España va a ser uno de los países más avanzados de la Unión Europea" en cuanto al reconocimiento de los derechos de los autónomos, sostuvo el responsable de Trabajo.

"El autónomo en España siempre tuvo una alta consideración social y muy pocos elementos de protección. Se tenía más protección siendo trabajador por cuenta ajena que siendo autónomo", indicó Corbacho.

El texto se tramitará como anteproyecto de Ley, tras informar al Consejo de Ministros para su aprobación, y se enviará al Consejo Económico y Social (CES) para que haga su dictamen.

El periodo mínimo de protección previsto es de dos meses y el máximo de seis en función de si se ha cotizado de 12 a 17 meses en el primer caso, o de 36 o más meses, en el segundo, según la propuesta de Trabajo.

Corbacho estuvo hoy en Viena en visita de trabajo para preparar la próxima presidencia española de la Unión Europea (UE) en el primer semestre de 2010.

El ministro se entrevistó con su homólogo austríaco, Rudolf Hundstorfer, con el alcalde socialdemócrata de Viena, Michael Häupl, y con parlamentarios del Partido Socialdemócrata austríaco (SPÖ).

 

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